Se encuentra en discusión en el
Congreso Nacional el proyecto de ley que crea “El sistema de educación pública
y modifica otros cuerpos legales”. Me preocupa la creación de la Dirección de
Educación Pública, me parece una entidad innecesaria, porque además de crear
nuevas dependencias a la ya saturada burocracia del sector, en nada aportará a
la definición y claridad de responsabilidades de los actores sobre la calidad
de los procesos ni sobre los resultados de nuestro sistema educacional, una de
las grandes debilidades del actual, sino que más bien, aporta a una mayor
confusión. En efecto, ya las responsabilidades asignadas unas las cumplen las
entidades descentralizadas del Ministerio de Educación y otras bien pueden
asumirlas en las nuevas condiciones, con lo cual se garantiza una mayor
vinculación territorial y desecha el paralelismo y saturación administrativa. Así,
el estado central puede fijar sus esfuerzos en asegurar una formación docente
de calidad tomando el control de ello en las universidades; en ofrecer
programas exigentes de pasantías profesionales al exterior para docentes y
directivos e invitar a extranjeros destacados a las distintas facultades y
ciudades del país; en mejorar la disponibilidad de información para la toma de
decisiones; y, en generar oportunidades para la innovación e investigación
educacional en todos los niveles del sistema educacional, favoreciendo la
cooperación y no la competencia.
Creo firmemente que retrotraer la
educación pública a un escenario de centralización y estatización contradice
toda evidencia respecto de la eficiencia y de la calidad de la educación que
generan los diversos sistemas educativos en el mundo. Permanentemente
destacamos como ejemplos a seguir países como Finlandia, Suecia, Gran Bretaña,
Canadá, Australia y otros, sin hacer notar que estos son de los más
descentralizados. Parece una contradicción que se pretenda centralizar la
administración educacional de los establecimientos municipales del país cuando
hoy es más evidente que antes la demanda por una mayor descentralización y de
consideración por la diversidad de las comunidades. ¿Cómo puede un sistema
centralizado garantizar mayores niveles de participación e inclusión social si
las decisiones relevantes se tomarán en esferas desconocidas a los ciudadanos?
Es sabida la crítica a los sistemas centralizados respecto del alejamiento de
la sensibilidad que requiere la incorporación ya no solo al currículo escolar
de los temas sentidos en las comunidades como también de las particularidades
culturales que otorgan pertinencia y sentido a la acción educativa en los
establecimientos a profesores y a estudiantes, sino también, de la oportunidad
en que se toman las decisiones más urgentes para superar las dificultades de
gestión en los mismos. ¿Por qué Chile necesita una “dirección nacional” si lo
que queremos es mejorar los aprendizajes en la escuela, lugar donde lo
gravitante son la calidad de los docentes y de los directivos? En los hechos,
esta “dirección” actuará como una jefatura sobre los servicios locales,
desviando el esfuerzo y las capacidades que deben estar dirigidas hacia las
escuelas y no hacia las jefaturas y asesores santiaguinas que pretenden
coordinar, orientar, proponer, recomendar, etc., lo que los servicios deben
hacer como parte de sus responsabilidades y cuyo director ejecutivo estará más
ocupado en servir a su director nacional que a sus propios consejos locales y
comunidades escolares. No parece ser el tono de lo que el país necesita. No es
la estrategia centralista garantía de que los resultados educativos que
esperamos se logren y sean equitativos, más bien, su aporte decisivo está en la
formación de profesores y directores, en la selección de contenidos del
currículo escolar, en las evaluaciones nacionales, y en el rol de la burocracia,
pues ellos ofrecen garantías de unidad, cierta eficacia y control al sistema de
enseñanza nacional que se pretende.
Tenemos un sistema imperfecto,
pero el camino no puede ser volver a esquemas conocidos y de dudosa eficacia en
el pasado y en otras latitudes. La solución no es uniformar, sino fortalecer la
descentralización, corrigiendo los errores de la experiencia actual,
incorporando capacidades inexistentes hoy en las nuevas agrupaciones
administrativas, pero fortaleciendo sus competencias de administración y
técnico pedagógicas, de modo que tengan una verdadera tuición sobre los
procesos relevantes de la gestión escolar. Solo de ese modo podremos superar la
confusión y disolución de responsabilidades actuales y saber a quién exigir
mejores resultados en el futuro. Todo lo bueno que aportan los Servicios
Locales, termina siendo anulado con la existencia de una Dirección de Educación
Pública cuya mantención en el nuevo diseño propuesto es contrario a la
descentralización y a la regionalización del país. El centralismo y el
estatismo van de la mano y se han evidenciado como obstáculos al desarrollo y
al progreso de las regiones y sus comunidades en nuestra historia y que bajo sutiles
formas de justificación manifiestan la enorme desconfianza de las elites y de
la burocracia centralistas en las personas, en sus comunidades y en las
regiones de nuestro país.
Aquí existe lo que en la teoría se denomina
el liderazgo distribuido, donde el equipo es lo fundamental. Los docentes
asumen un rol activo y de deliberación respecto al aprendizaje académico de los
estudiantes, reflexionando, analizando y tomando decisiones como equipo
profesional, en un ambiente de confianza, compromiso y responsabilidad con el
proceso de trabajo en la escuela. En esta escuela, la evaluación ha dejado de
ser un suceso, un acontecimiento, para transformarse en un proceso permanente
de las prácticas de trabajo profesional y en lo cual destaca el clima de
respeto existente, la buena convivencia entre los estudiantes, así como la
relación de confianza entre colegas y de parte del equipo directivo hacia el
trabajo realizado por los docentes, además del constante compromiso y
reconocimiento de la comunidad.
