La delincuencia como espectáculo: populismo penal, miedo social y erosión democrática en tiempos de inseguridad

La inseguridad se ha convertido en uno de los principales temas del debate público contemporáneo. Esto se debe no solo a que la delincuencia representa una preocupación legítima para la ciudadanía, sino también a que su abordaje político, mediático y comunicacional ha comenzado a regirse por las lógicas del espectáculo, donde el delito ha dejado de ser un problema exclusivo de la seguridad pública para convertirse, además, en un recurso de movilización emocional, en una estrategia de rentabilidad electoral y en una fuente continua de atención pública.

En el contexto actual, el delito ya no puede analizarse únicamente desde las categorías tradicionales de la criminología o la política criminal, pues su percepción social está fuertemente influida por dinámicas comunicativas que intensifican el miedo, simplifican las causas de la violencia y priorizan respuestas inmediatas frente a estrategias estructurales a largo plazo. La seguridad se convierte así en un espacio clave para el desarrollo del populismo penal, entendido como una práctica política que busca responder a las demandas de seguridad mediante discursos punitivos muy emotivos, centrados en endurecer las penas, ampliar la coerción del Estado y construir simbólicamente enemigos sociales claramente identificables. En este enfoque, la efectividad real de las políticas públicas suele ser secundaria frente a su capacidad de incidir en la comunicación, y lo importante no es necesariamente solucionar el problema, sino demostrar públicamente una postura de dureza frente al delito.

Así, alcaldes, parlamentarios y figuras públicas compiten por promover declaraciones maximalistas que les ayuden a ganar apoyo electoral en medio de la inseguridad ciudadana, y el discurso político se militariza cada vez más, recurriendo a términos como “combatir”, “erradicar”, “barrer” y “recuperar territorios”. La complejidad social del fenómeno criminal se reduce a consignas fáciles de entender para la opinión pública, que son amplificadas por los medios y los ecosistemas digitales, lo que produce un efecto problemático de esta lógica, como la instrumentalización política de la inmigración, porque en contextos de temor e incertidumbre, ciertos discursos tienden a asociar automáticamente migración, violencia y criminalidad, creando la percepción de una amenaza externa responsable del deterioro de la seguridad, y el migrante deja de ser un sujeto de derechos o un actor social complejo, y pasa a ser una categoría simbólica que facilita la construcción política del miedo. Esta narrativa simplificadora ignora intencionalmente factores estructurales que contribuyen a la violencia, como la desigualdad territorial, la precarización social, la expansión del narcotráfico, la fragilidad institucional o la erosión de los lazos comunitarios. Esto lleva a una peligrosa externalización de responsabilidades y a presentar la delincuencia como un fenómeno externo, en lugar de una manifestación de fracturas históricas en la propia sociedad.

La dramatización de la inseguridad afecta la cultura democrática, ya que el miedo lleva a aceptar restricciones a derechos y libertades tradicionales, lo que favorece la adopción de mecanismos de control social y de estados de excepción prolongados. La historia demuestra que la normalización de estas medidas puede erosionar los equilibrios democráticos, ya que las políticas de seguridad se vuelven permanentes y ponen en riesgo el ejercicio del poder estatal. La presencia de fuerzas militares en zonas urbanas ilustra esta tensión, en la que, aunque para muchos ciudadanos puede ofrecer una sensación de control y protección, la militarización de la seguridad pública conlleva riesgos importantes para las democracias constitucionales. Las Fuerzas Armadas cuentan con una formación, doctrina y metas diferentes a las de las instituciones policiales, y su función principal es la defensa contra amenazas externas, en lugar de gestionar el orden civil diario.

Por otro lado, la evidencia internacional indica que las estrategias únicamente punitivas tienen una eficacia limitada si no van acompañadas de políticas integrales de prevención y de recuperación del tejido social. El crimen organizado actual no es solo un fenómeno delictivo, sino también una estructura económica, territorial y cultural. Combatirlo requiere inteligencia financiera, coordinación entre instituciones, fortalecimiento comunitario, recuperación de espacios urbanos y una presencia constante del Estado en territorios históricamente marginados. Sin embargo, estas políticas frecuentemente carecen de la espectacularidad necesaria para competir en los rápidos ciclos de la comunicación política moderna. La prevención no genera titulares inmediatos; el fortalecimiento institucional tampoco se vuelve viral; y la reconstrucción comunitaria no produce imágenes impactantes para los medios. Como resultado, las respuestas simplificadas y emocionalmente intensas obtienen mayor visibilidad pública que las soluciones técnicas, aunque estas últimas pueden ser más efectivas.

Los medios de comunicación también desempeñan un papel activo en este proceso. La repetición constante de hechos violentos fomenta una percepción de inseguridad, a menudo desproporcionada respecto de la experiencia cotidiana de muchas personas, por lo que la delincuencia deja de ser solo una realidad concreta para convertirse en una atmósfera emocional constante. La ciudadanía no solo tiene miedo del delito real, sino también de su representación constante, un fenómeno con una consecuencia política muy delicada, pues, las sociedades llenas de temor tienden a exigir respuestas cada vez más autoritarias y menos abiertas al diálogo y la legitimidad de la democracia se pone en duda ante la promesa de soluciones rápidas y el riesgo no solo es la expansión del populismo penal, sino también que la ciudadanía acepte gradualmente la pérdida de derechos civiles en nombre de la seguridad.

La seguridad pública es, sin duda, un requisito esencial para la vida democrática. Sin embargo, cuando una democracia se deteriora por el miedo y la permanencia de los estados de excepción, corre el riesgo de sacrificar los principios que busca salvaguardar. El reto actual no es solo combatir eficazmente la delincuencia, sino también evitar que el miedo colectivo desgaste las bases institucionales, jurídicas y culturales que sostienen la convivencia democrática.

La jauría de palabras: lenguaje, poder y deterioro del debate público en Chile

El deterioro del debate público en Chile a menudo se atribuye a factores visibles, como la polarización política, la crisis de confianza en las instituciones o la fragmentación social. Sin embargo, hay una dimensión más profunda y menos discutida, ella es la transformación del lenguaje mismo. No se trata solo de que discutamos más o menos, sino de que ahora hablamos de manera diferente. Esa transformación —caracterizada por la velocidad, la agresividad y la saturación— puede entenderse como si viviéramos en una auténtica manada de palabras, una verdadera jauría. La metáfora no es algo insignificante, pues imagina a una jauría que no piensa ni discute, sino que reacciona, persigue y se enciende ante estímulos inmediatos. Cuando el lenguaje funciona así, deja de ser un simple medio de comunicación simbólica y se transforma en un campo de fuerzas, donde las palabras dejan de unirnos en un mundo compartido y, en cambio, lo dividen, lo amplifican y, en ocasiones, lo destruyen.

Durante gran parte del siglo XX, la teoría social creía que el lenguaje llevaba, al menos como una esperanza de entendimiento, la promesa de conectar a las personas. Siguiendo la tradición de Jürgen Habermas, hablar era abrirse a la posibilidad de convencer y de ser convencido, siempre bajo las condiciones de la racionalidad comunicativa (Habermas, 1987). Aunque este ideal nunca se alcanzó por completo, desempeñaba una función civilizadora, pues contribuía a mantener el conflicto dentro de límites aceptables. Hoy, ese horizonte se ve un poco más borroso, especialmente en el ecosistema digital, en conversaciones sobre situaciones políticas contingentes, seguridad pública o identidades; el lenguaje suele ser muy reactivo y las personas no buscan persuadir, sino más bien hacerse escuchar; no intentan dialogar, sino sumarse a una corriente. Las discusiones muchas veces se deciden en un instante, con apoyo o rechazo inmediato.

En este contexto, la idea de “jauría de palabras” adquiere aún más profundidad y significado. No es solo una variedad de voces, sino una acumulación de enunciados que se refuerzan mutuamente. Cada intervención no solo reemplaza a la anterior, sino que la vuelve aún más fuerte, más categórica, más emocional y más definitiva. La crítica se transforma en descalificación; la discrepancia, en una sospecha moral. Desde la filosofía del lenguaje, podemos entender este fenómeno a través del giro performativo propuesto por J. L. Austin. El lenguaje no solo describe la realidad, sino que también tiene el poder de actuar sobre ella (Austin, 1962). En situaciones de gran conflicto, esta capacidad performativa adquiere un significado especial porque al decir algo, podemos sancionar, excluir o herir. La “jauría de palabras” no es solo un exceso en el discurso, sino también una forma de acción colectiva mediada por el lenguaje.

Desde una perspectiva sociológica, la metáfora ilumina cómo se comportan las masas. Gustave Le Bon señaló que cuando las personas se agrupan, a menudo dejan de lado su pensamiento crítico y actúan de manera impulsiva (Le Bon, 2005). En el mundo digital, esta tendencia se intensifica aún más por la velocidad, la visibilidad y la viralidad, que hacen que las reacciones emocionales se disparen con rapidez. Además, la multitud no necesita estar físicamente presente; puede participar en línea, conectarse y reaccionar desde cualquier lugar con facilidad.

A esto se suma una transformación del lenguaje más cálida y cercana. No solo hay más palabras, sino también palabras que transmiten más emociones, ya que desde una mirada que valora tanto su aspecto material como su aspecto afectivo, el lenguaje actual se presenta como una acumulación de sentimientos intensos, como la indignación, el miedo y la frustración. Como menciona Byung-Chul Han, la hipercomunicación no siempre genera mayor comprensión, sino más ruido y saturación (Han, 2013). La “jauría de palabras” refleja precisamente este desbordamiento: un volumen discursivo que dificulta la reflexión.

Este fenómeno no es neutro. El lenguaje también desempeña un papel importante en las relaciones de poder; según Michel Foucault, los discursos ayudan a crear y mantener ciertos regímenes de verdad, generando efectos concretos en la realidad (Foucault, 1992). Así, una “jauría de palabras” puede funcionar como un mecanismo difuso de sanción social que establece estigmas, socava legitimidades y delimita lo que se puede decir. No se trata solo de agresiones verbales, sino de prácticas discursivas con consecuencias materiales, donde la paradoja es clara: ahora tenemos más formas de expresión que nunca, pero, a la vez, el lenguaje parece estar más cerca de perder su capacidad de convencer y persuadir. Más palabras no siempre significan más entendimiento, sino que a menudo significan más fragmentación. Así, el espacio público se convierte en un escenario de emociones intensas en lugar de argumentos sólidos.

Esto no significa que debamos sentir nostalgia por un pasado perfecto ni juzgar de forma simplista las tecnologías digitales. La cantidad de palabras no es solo una cuestión de cada persona, sino que responde a condiciones estructurales, como las plataformas diseñadas para fomentar la interacción, los mecanismos de visibilidad que favorecen la radicalidad y un clima social lleno de desconfianza. Pero al entender estas condiciones, no podemos eximirnos de nuestra responsabilidad, sino que, por el contrario, nos invitan a reflexionar más a fondo sobre cómo usamos el lenguaje en la esfera pública. Aunque las palabras pueden volverse un torrente de indignación, todavía tenemos la oportunidad de mantener la distancia, el matiz y la escucha. La verdadera pregunta no es solo cómo podemos mejorar el debate, sino qué tipo de lenguaje estamos dispuestos a apoyar como comunidad política. La pregunta, en definitiva, es incómoda pero ineludible: ¿qué estamos haciendo cuando hablamos? Y, más aún, ¿en qué estamos convirtiendo el lenguaje cuando dejamos que la jauría tome la palabra?

Referencias

. Austin, J. L. (1962). Cómo hacer cosas con palabras. Paidós.
· Foucault, M. (1992). El orden del discurso. Tusquets. (Trabajo original publicado en 1971).
· Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa. Taurus. (Trabajo original publicado en 1981).
· Han, B.-C. (2013). La sociedad de la transparencia. Herder.
· Le Bon, G. (2005). Psicología de las masas. Morata. (Trabajo original publicado en 1895)

Publicado en

https://elquintopoder.cl/ciudadania/la-jauria-de-palabras-lenguaje-poder-y-deterioro-del-debate-publico-en-chile/

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/sociedad/la-jauria-de-palabras-lenguaje-poder-y-deterioro-del-debate-publico/2026-05-13/065656.html

https://elinsular.cl/edicion-papel/martes/

Contribución e impacto en la docencia con sello de vinculación con el medio

La implementación de la docencia con sello de vinculación con el medio (VcM) en las carreras de la Universidad de Los Lagos exige avanzar hacia mecanismos sistemáticos de evaluación que permitan identificar, analizar y evidenciar los resultados de la interacción entre la universidad y su entorno. En este escenario, la evaluación institucional adquiere una relevancia estratégica, en tanto que no solo contribuye al mejoramiento continuo de la calidad de las experiencias formativas, sino que también permite generar evidencia verificable de sus efectos en el proceso educativo y en las organizaciones y comunidades con las que la universidad se vincula.

En el contexto del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Chile, la función de vinculación con el medio ha transitado de un enfoque centrado en la descripción de actividades a otro orientado a resultados. Tal como señala la Comisión Nacional de Acreditación, “deberán incorporarse mecanismos de evaluación de la pertinencia e impacto de las acciones ejecutadas e indicadores que reflejen los aportes de la institución al desarrollo sustentable de la región y del país”. (Comisión Nacional de Acreditación [CNA], 2022). En este marco, las nociones de “contribución” e “impacto” emergen como categorías analíticas fundamentales para comprender la relación entre la universidad y el territorio.

La docencia con sello VcM constituye un espacio privilegiado para la generación de estos resultados, en tanto articula directamente los procesos formativos con problemáticas reales y con actores del territorio. Como plantea Boyer (1996), la universidad contemporánea debe avanzar hacia una “erudición comprometida”, en la que el conocimiento se construye en interacción con la sociedad. En esta línea, las experiencias formativas vinculadas al entorno permiten a los estudiantes generar productos, conocimientos y propuestas que fortalecen las capacidades de las organizaciones sociales, las instituciones públicas y los actores productivos, por lo que la evaluación institucional de la docencia con sello VcM debe estructurarse en torno a dos dimensiones complementarias: la contribución y el impacto.

La “contribución” se refiere a los resultados directos y observables derivados de la interacción entre la universidad y su entorno. Estas se expresan en productos concretos tales como diagnósticos territoriales, informes técnicos, propuestas de intervención o asesorías especializadas. En términos de Bringle y Hatcher (1995), este tipo de experiencias permite “integrar el servicio con el aprendizaje académico en beneficio mutuo de los estudiantes y de la comunidad”. Su carácter es generalmente inmediato o a corto plazo, lo que facilita su identificación y registro. En este sentido, el levantamiento sistemático de contribuciones permite evidenciar la pertinencia social de la formación universitaria y su capacidad para responder a las necesidades del territorio.

El “impacto”, por su parte, se refiere a las transformaciones que se producen en el entorno como resultado de dichas contribuciones. Supone efectos más amplios y sostenidos, como la mejora de las prácticas organizacionales o el fortalecimiento de las capacidades institucionales. En este sentido, el desafío de las universidades no es solo generar conocimiento, sino también asegurar que este tenga efectos significativos y medibles en la sociedad. En la docencia con sello VcM, el impacto se manifiesta cuando los productos generados por los estudiantes son efectivamente utilizados por las organizaciones, lo que influye en sus procesos de toma de decisiones o en el diseño de iniciativas, procesos que requieren seguimiento y análisis longitudinales, dado que sus efectos no siempre son inmediatos.

La distinción entre contribución e impacto resulta clave para los sistemas de evaluación institucional, ya que permite comprender la relación entre resultados inmediatos y transformaciones a mediano y largo plazo. En esta línea, la literatura sobre la tercera misión universitaria subraya la necesidad de desarrollar marcos de evaluación que integren ambas dimensiones (Benneworth, 2013). Para fortalecer estos procesos, es indispensable implementar mecanismos de registro y sistematización de las experiencias de docencia con sello VcM, que permitan identificar actividades, actores, productos y efectos, y que contribuyan tanto a la rendición de cuentas institucional como a la mejora del diseño pedagógico. Asimismo, la evaluación debe integrar explícitamente la relación entre las contribuciones al entorno y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. La interacción con contextos reales favorece el desarrollo de competencias profesionales complejas, lo que refuerza la idea de que la vinculación con el medio no es un complemento, sino un componente estructural del proceso formativo.

Entonces, una evaluación institucional basada en las nociones de contribución e impacto permite avanzar hacia una comprensión más integral del vínculo entre la universidad y su entorno. En el marco de la docencia con sello de vinculación con el medio, este enfoque visibiliza tanto los aprendizajes de los estudiantes como los aportes concretos al desarrollo territorial, fortaleciendo la coherencia entre la misión institucional, la calidad formativa y el compromiso público.

Referencias

Benneworth, P. (2013). University engagement with socially excluded communities. Springer. http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/38651/1/477.Paul%20Benneworth.pdf

Boyer, E. (1996). The scholarship of engagement. Journal of Public Service and Outreach, 1(1), 11–20. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1097206.pdf

Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (1995). A service-learning curriculum for faculty. Michigan Journal of Community Service Learning, 2, 112–122. https://quod.lib.umich.edu/m/mjcsl/3239521.0002.111/1

Comisión Nacional de Acreditación (CNA). (2022). Orientaciones para el uso de los criterios y estándares del subsistema universitario en los

procesos de autoevaluación. https://www.cnachile.cl/noticias/SiteAssets/Paginas/Forms/AllItems/ORIENTACIONES%20PARA%20EL%20SUBSISTEMA%20UNIVERSITARIO.pdf

Publicada en

https://www.ulagos.cl/opinionulagos/contribucion-e-impacto-en-la-docencia-con-sello-de-vinculacion-con-el-medio/ 

Chiloé como problema interpretativo persistente: desarrollo, territorio y disputa en el bicentenario

El intercambio que sostuvieron Ernesto Tironi (ellibero.cl/2020/02/26) y Rosabetty Muñoz (eldesconcierto.cl/2020/02/29) sobre Chiloé, lejos de ser un episodio cerrado en el debate intelectual chileno, revela una estructura de conflicto interpretativo que aún persiste y, en ciertos aspectos, se ha intensificado. A seis años de esa controversia, la discusión continúa siendo relevante y se ha enriquecido con nuevas capas de complejidad, especialmente debido a la contingencia reciente, en particular, a las propuestas de reconstrucción y desarrollo territorial impulsadas por el gobierno actual.

Originalmente, Tironi cuestionaba la idea de “fracaso del modelo”, respaldándose en evidencia empírica considerada concluyente, como la expansión de la infraestructura, el aumento del parque automotor y el acceso a bienes y servicios. Desde esta perspectiva, el desarrollo se valida por lo que se observa, se cuantifica y se acumula, y la frase “no parece serio hablar de fracaso” refleja una lógica aún presente en muchas decisiones de política pública, en la que el progreso se mide principalmente por el crecimiento y la integración. La réplica de Rosabetty —“mirar sin ver”— introduce una crítica epistemológica más profunda, ya que su argumento no desafía los datos en sí, sino el régimen de visibilidad que los organiza y jerarquiza, el cual deja fuera de la vista—como ecosistemas en tensión, economías locales desplazadas y la fragilidad del tejido comunitario—; no siendo un aspecto marginal, sino esencial para comprender el proceso de desarrollo y cambiar el enfoque que permite anticipar debates actuales, como justicia territorial, sostenibilidad ecológica y reconocimiento de saberes locales.

La contingencia reciente muestra cómo esta disputa se actualiza en la acción del Estado, ya que las propuestas gubernamentales de reconstrucción—especialmente en territorios afectados por crisis socioambientales o desastres—reproducen una tensión sin resolver entre dos enfoques. Por un lado, un esfuerzo por integrar criterios de equidad territorial, participación y sostenibilidad; por otro, una inercia tecnocrática que prioriza la rapidez, la eficiencia del gasto y la visibilidad de las obras como indicadores de éxito. Esta dualidad no es casualidad, sino que refleja la coexistencia de paradigmas en conflicto en el Estado. En Chiloé, esta tensión se manifiesta claramente en proyectos de infraestructura que prometen integración y crecimiento, pero enfrentan demandas locales por la protección ambiental, el fortalecimiento de las economías locales y el reconocimiento cultural. La pregunta clave es si la reconstrucción (o el desarrollo) debe entenderse como una restitución material o como una oportunidad de reconfiguración estructural.

Actualmente, la disputa entre Tironi y Rosabetty tiene un valor heurístico actualizado, ya que lo que antes parecía una simple diferencia de énfasis revela una fractura más profunda en la concepción del desarrollo. La evidencia acumulada en los últimos años—conflictos socioambientales, crisis de legitimidad institucional, demandas de descentralización efectiva—indica que los indicadores tradicionales no son suficientes para captar la complejidad de estos procesos. Sin embargo, una visión puramente dicotómica sería limitada, ya que el reto no es reemplazar una racionalidad por otra, sino integrarlas en una síntesis que reconozca la multidimensionalidad del desarrollo. Los avances materiales señalados por Tironi siguen siendo condiciones esenciales, ya que sin infraestructura, conectividad y acceso a servicios, las desigualdades territoriales aumentan. Pero como advirtió Rosabetty, estos avances pueden ser insostenibles si no se protegen los ecosistemas, se promueve la cohesión social y se respeta la identidad cultural. La idea de una “síntesis superadora” requiere, entonces, un cambio conceptual que pase de un enfoque centrado en resultados agregados a otro centrado en la calidad de los procesos. Esto implica, entre otras cosas, integrar diferentes escalas de análisis (local, regional y nacional), diversificar los indicadores (cuantitativos y cualitativos) y reconocer la legitimidad de las experiencias locales como fuentes relevantes de conocimiento para la toma de decisiones.

En el año del Bicentenario de la incorporación de Chiloé a la república, esta discusión adquiere una densidad política ineludible, pues no se trata solo de conmemorar dos siglos de vínculo con el Estado chileno, sino de interrogar críticamente cómo ese vínculo se ha materializado en el territorio. La conmemoración, en este sentido, puede ser un mecanismo de clausura que reafirma las narrativas oficiales de progreso o bien una instancia de problematización que permita plantear nuevas preguntas sobre el futuro. Desde esta perspectiva, el bicentenario plantea un desafío que trasciende lo simbólico, pues obliga a definir qué entendemos hoy por desarrollo y con qué criterios evaluamos sus resultados. Si las propuestas actuales de reconstrucción no logran superar la tensión entre la visibilidad material y la sostenibilidad territorial, corren el riesgo de reproducir, bajo nuevos lenguajes, las mismas limitaciones que este debate ha evidenciado durante décadas.

Las preguntas, entonces, se vuelven incómodas: ¿será el bicentenario de Chiloé una celebración del éxito en la integración o la constatación de una promesa de desarrollo aún pendiente? ¿Estamos dispuestos a revisar críticamente las bases del modelo que celebramos, o preferimos seguir “mirando”—como denunciaba Rosabetty—sin ver lo que compromete su futuro? En última instancia, la vigencia de esta disputa no reside en la permanencia de dos posiciones enfrentadas, sino en la incapacidad—todavía no resuelta—de articularlas en un proyecto común. Y es precisamente en esa incapacidad donde el bicentenario encuentra su mayor desafío, no en lo que conmemora, sino en lo que muestra que aún no hemos podido resolver.

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https://elinsular.cl/edicion-papel/ 

https://elquintopoder.cl/desarrollo-regional/chiloe-como-problema-interpretativo-persistente-desarrollo-territorio-y-disputa-en-el-bicentenario/

Cuando la reconstrucción debilita las reglas: certeza para el capital e incertidumbre para la democracia

En el debate sobre el desarrollo, se suele afirmar que solo los expertos en economía tienen legitimidad para guiar las decisiones públicas; sin embargo, esta idea resulta incompleta en un contexto democrático, ya que la experiencia cotidiana de las personas, su conocimiento local y sus vivencias respecto a los efectos de las políticas económicas son formas de saber igualmente valiosas, aunque diferentes. Aunque la ciudadanía no experta no debate con modelos abstractos, sino que se basa en impactos concretos en su vida, su comunidad y su entorno, lo que le confiere una racionalidad práctica que no debe ignorarse pero que es fundamental valorar su voz en la discusión pública y exigir mayor transparencia a los líderes políticos, pues no basta con votar en silencio o confiar únicamente en argumentos técnicos, sino que estos deben comunicar de manera clara sus decisiones, intereses y riesgos asumidos; solo así se puede garantizar una deliberación genuina y democrática, en la que las decisiones colectivas surjan de la participación activa de la ciudadanía y beneficien al país.

El proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”, recientemente presentado por el gobierno como el proyecto emblema de su primer tiempo, propone un cambio fundamental en el modelo de desarrollo chileno, basado en la idea de que la reactivación económica requiere reducir las cargas regulatorias, mejorar los incentivos a la inversión y modificar el rol del Estado en la economía. Sin embargo, un análisis completo de sus disposiciones muestra que esta reorientación no es solo técnica, sino que también tiene importantes implicaciones en la gobernanza democrática, el equilibrio institucional y el desarrollo territorial, especialmente en regiones periféricas como Los Lagos y, aun más, en el archipiélago de Chiloé.

Desde una perspectiva institucional, uno de los mayores desafíos del proyecto es transformar el sistema de evaluación ambiental mediante la propuesta de medidas que buscan reducir las iteraciones técnicas (como disminuir las adendas), limitar la invalidez administrativa de las resoluciones de calificación ambiental y acortar la duración de las medidas cautelares judiciales, que, en conjunto, representan una pérdida significativa de la capacidad estatal para controlar tanto antes como después los proyectos de inversión. Esta reestructuración, presentada como una búsqueda de “certeza jurídica”, en la práctica desplaza el foco de protección del interés público hacia la seguridad del inversionista, debilitando principios clave del derecho ambiental actual, como la prevención, la precaución y la participación informada de las comunidades.

En lugares como Chiloé, donde existen numerosos conflictos socioambientales y actividades productivas en ecosistemas delicados, esta transformación es especialmente crucial, ya que la reducción de espacios institucionales para la deliberación y el control limita la capacidad de las comunidades locales para influir en decisiones que afectan su calidad de vida al aumentar el riesgo de que se intensifiquen externalidades negativas acumulativas, particularmente en sectores como la acuicultura, ya que el proyecto realiza cambios significativos en el régimen de concesiones acuícolas, eliminando la obligación de realizar evaluaciones ambientales para algunas relocalizaciones y reemplazando la caducidad por el no uso con incentivos económicos, medidas que apuntan a dinamizar el sector a corto plazo, favoreciendo la continuidad operativa de las empresas en lugar de priorizar la sostenibilidad del ecosistema, en un contexto en el que la industria salmonera ha sido constantemente cuestionada por sus impactos ambientales. La flexibilización regulatoria, por lo tanto, no solo reduce costos administrativos, sino que también modifica las demandas ambientales en áreas especialmente vulnerables.

Esta propuesta también aborda una dimensión fiscal y tributaria que genera tensiones importantes desde una perspectiva democrática porque la idea de establecer un régimen de invariabilidad tributaria de veinticinco años para las grandes inversiones implica una restricción significativa de la capacidad de las futuras mayorías políticas para modificar las reglas del sistema impositivo. Aunque estos dispositivos buscan ofrecer estabilidad a la inversión, también generan una especie de “rigidez institucional” que desafía el principio democrático de la revisibilidad de las decisiones públicas, peor aun cuando la reducción de la carga tributaria para las empresas, la eliminación de impuestos sobre las ganancias de capital y la reconfiguración del sistema fiscal orientan el esquema hacia incentivos al capital, sin que el proyecto proponga mecanismos equivalentes de redistribución.

En el desarrollo territorial, estas definiciones resultan especialmente complejas, aunque es razonable prever un incremento de la inversión y de la actividad económica en regiones como Los Lagos; el proyecto se debilita al no contar con mecanismos efectivos que garanticen un encadenamiento productivo local adecuado ni una distribución equitativa de los beneficios del crecimiento, y la ausencia de estos mecanismos puede llevar a la formación de economías de enclave, es decir, sistemas productivos muy integrados en circuitos globales, pero con poca conexión con el territorio. En Chiloé, esto podría profundizar la brecha entre el crecimiento económico general y el bienestar real de su población; más aún, cuando las modificaciones en la gestión del patrimonio cultural y en la estructura del Consejo de Monumentos Nacionales introducen criterios para simplificar la administración, con el objetivo de evitar paralizaciones innecesarias de proyectos, ello podría reducir la protección de los bienes culturales y arqueológicos, y en un territorio donde la identidad cultural es esencial para el tejido social y un recurso importante para el turismo, relajar estos mecanismos de protección genera dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo del desarrollo propuesto.

Por último, el proyecto incluye medidas para limitar el gasto público en áreas sensibles, como la educación superior, mediante la suspensión temporal de la incorporación de nuevas instituciones al régimen de gratuidad y la redefinición de los criterios para su expansión. Aunque estas acciones buscan mejorar la sostenibilidad fiscal, en realidad afectan la igualdad de acceso a los derechos sociales, especialmente en regiones con oferta educativa limitada, donde las instituciones locales son fundamentales para la movilidad social y el desarrollo territorial, como es el caso de Chiloé.

Publicada en:

1. https://opinion.cooperativa.cl/opinion/regiones/cuando-la-reconstruccion-debilita-las-reglas-capital-y-democracia/2026-04-27/074127.html

2. https://elquintopoder.cl/politica/cuando-la-reconstruccion-debilita-las-reglas-certeza-para-el-capital-e-incertidumbre-para-la-democracia/

Cuando el diagnóstico no alcanza: la frustrada promesa del plan educativo en Chiloé

El Plan Estratégico del SLEP Chiloé constituye una herramienta que busca integrar el diagnóstico, las metas y los indicadores en una lógica de mejora educativa. Sin embargo, un análisis crítico —especialmente al contrastar la profundidad del diagnóstico con la estructura de propuestas y el sistema de indicadores— revela una desconexión significativa entre la comprensión del problema y la capacidad efectiva de intervenir. En efecto, el diagnóstico ofrece una caracterización sólida y, en diversos aspectos, franca del sistema educativo insular, al reflejar brechas importantes en los aprendizajes, debilidades persistentes en las prácticas pedagógicas, limitaciones en el monitoreo directivo y una estructura condicionada por la dispersión geográfica y la desigualdad territorial. Esta profunda caracterización representa, sin duda, uno de los principales activos del plan. No obstante, esta fortaleza no se traduce en una propuesta concreta, sino más bien en un ejercicio de constatación que no necesariamente configura una hoja de ruta efectiva para promover cambios.

Esta tensión resulta claramente observable en el sistema de indicadores, que debería funcionar como el núcleo que conecta el diagnóstico, la acción y la evaluación. Sin embargo, los indicadores evidencian limitaciones que impactan tanto en la gestión como en el compromiso institucional con el plan, al predominar una lógica de medición centrada en resultados agregados, principalmente mediante instrumentos estandarizados, con un escaso desarrollo de indicadores de proceso que permitan intervenir en los factores que generan dichos resultados, midiendo el resultado final pero no los mecanismos que lo producen. Además, se evidencian ausencias o ambigüedades en las líneas base; las metas se formulan sin considerar las capacidades reales de la institución y existe un desacople evidente entre la ambición declarada y la viabilidad de alcanzarla. En la práctica, el sistema mide, pero no dirige.

Este problema se agrava por la forma en que se atribuyen los resultados. Al depender principalmente de variables externas o de instrumentos que el SLEP no puede gestionar directamente, los indicadores limitan la gobernabilidad institucional y afectan tanto la rendición de cuentas como la responsabilidad por los resultados. Además, la medición sin diferenciación territorial resulta problemática en contextos como el de Chiloé, caracterizado por su ruralidad, insularidad y profundas asimetrías. La homogeneización de indicadores oculta estas diferencias y reduce la pertinencia territorial a una mera declaración, lo que resulta especialmente preocupante ante la escasa incorporación de dimensiones que la propia comunidad reconoce como fundamentales para cualquier proyecto educativo relevante: la pertinencia cultural y la participación comunitaria.

En un territorio con una identidad insular profundamente enraizada, la falta de la pertinencia cultural como eje central del plan constituye una omisión importante. No es un elemento secundario ni simbólico, sino un principio clave que debería reflejarse en el currículo, en las prácticas pedagógicas y en los criterios de evaluación. La marginalidad de estos aspectos en el diseño estratégico no solo reduce la relevancia del proceso educativo, sino que también perpetúa una lógica estandarizada que el propio diagnóstico señala como insuficiente.

De manera similar, la participación comunitaria se presenta difusa y no desempeña un papel sustantivo en la gobernanza del sistema educativo local, como se prometió. Aunque el diagnóstico reconoce implícitamente la importancia de los actores territoriales, el plan no lo refleja en mecanismos concretos de participación. No hay herramientas que permitan a las comunidades deliberar, co-crear y evaluar las decisiones educativas. En un territorio donde el capital social y las redes comunitarias han sido fundamentales para la cohesión, esta omisión no solo disminuye la legitimidad del sistema, sino que también afecta su capacidad para sostener procesos de cambio a largo plazo.

La situación se complica aún más al examinar la relación entre el Plan Estratégico Local (PEL) y el Plan Anual Local (PAL). Formalmente, ambos instrumentos declaran coherencia, alineación y complementariedad: el primero establece la trayectoria a mediano plazo y el segundo debería ponerla en práctica cada año. Sin embargo, esta coherencia solo se da en teoría; en la práctica, el PAL no logra convertirse en un verdadero mecanismo que garantice el cumplimiento del PEL, sino que actúa más bien como una herramienta de seguimiento administrativo. En efecto, los indicadores del Plan Anual se centran en el cumplimiento de acciones, como el porcentaje de ejecución y las actividades realizadas, en lugar de reflejar con claridad la transformación de los objetivos estratégicos en resultados intermedios o en cambios verificables. Aunque el PEL establece metas estructurales para mejorar los aprendizajes, el PAL se centra principalmente en los niveles de ejecución operativa, sin una conexión transparente entre ambas dimensiones, lo que genera una desconexión entre la planificación estratégica y la gestión anual.

Esta brecha se amplía al centrarse en indicadores “evaluables a corto plazo”, lo que genera un sesgo importante, ya que se valoran aquellos que pueden registrarse en un año, sin necesariamente reflejar aspectos relevantes para el cambio estructural. En lugar de desglosar los objetivos estratégicos en indicadores de proceso progresivos, el plan anual simplifica el PEL en medidas de cumplimiento administrativo. Así, el sistema pierde su capacidad para gestionar la causalidad del cambio educativo.

En definitiva, el problema principal no radica en la planificación corporativa —y, por lo tanto, sesgada y cooptada por los incumbentes—, sino en el diseño deficiente de la ejecución de un plan que realiza mediciones, elabora informes y emite declaraciones, pero no logra establecer un sistema de gestión que integre de manera coherente el diagnóstico, las acciones y los resultados. En un territorio como Chiloé, donde las desigualdades educativas son profundas y duraderas, esta limitación no debe tomarse a la ligera, pues constituye un peligro de que el plan quede como un ejercicio de discurso más que como una verdadera herramienta de cambio. En política pública, lo que no se gestiona —es decir, lo que no se convierte en decisiones, recursos y responsabilidades específicas— simplemente no sucede; y en Chiloé, esa brecha sigue marcando el límite entre comprender el problema y hacerse cargo de él.

Publicado en

https://elinsular.cl/2026/04/20/cuando-el-diagnostico-no-alcanza-la-frustrada-promesa-del-plan-educativo-en-chiloe/

La violencia en las escuelas: autoridad, legitimidad y crisis del orden educativo

En el debate contemporáneo sobre la crisis de la convivencia escolar, la preocupación pública se ha centrado, con justificación, en la protección de los estudiantes. No obstante, dicha focalización ha tendido a invisibilizar una dimensión igualmente determinante: la creciente exposición de los docentes a diversas formas de violencia en el ejercicio de su profesión. No se trata únicamente de un problema empírico, sino de un fenómeno que interpela el propio estatuto de la escuela en la sociedad democrática. La evidencia internacional confirma la persistencia de agresiones verbales, psicológicas y físicas contra el profesorado (UNESCO, 2019), pero reducir esta realidad a un asunto disciplinario resulta insuficiente desde el punto de vista analítico. Lo que está en juego es una transformación más profunda: la erosión de la autoridad pedagógica y la crisis de legitimidad de las instituciones modernas.

Desde una perspectiva sociológica, esta transformación puede entenderse a la luz de las ideas de Max Weber (2002) sobre los fundamentos de la autoridad, quien señala que si la dominación legítima se basa en la creencia en la validez de un orden, la inestabilidad actual en el rol del docente refleja precisamente la fragilidad de dicha creencia. En este contexto, el docente deja de ser percibido automáticamente como portador de autoridad racional-legal y su posición queda sujeta a un cuestionamiento constante. De manera análoga, François Dubet (2006) ha explicado la transición de una escuela-institución, fundamentada en normas internalizadas, hacia una escuela centrada en la experiencia, en la que las reglas deben negociarse de manera continua. Esto provoca un debilitamiento estructural de los marcos regulatorios que, a lo largo de la historia, han organizado la vida escolar.

Esta mutación se inscribe, además, en un proceso cultural más amplio. Byung-Chul Han (2017) ha caracterizado la sociedad contemporánea como un espacio de desregulación emocional, en el que los individuos externalizan sus tensiones sin mediaciones normativas sólidas. Desde otra perspectiva, Michel Foucault (2002) permite comprender cómo las formas tradicionales de disciplina han sido desplazadas por configuraciones más difusas de poder, en las que el control ya no opera de manera centralizada, sino de manera fragmentaria y, muchas veces, inestable. En el espacio escolar, esta convergencia de procesos se traduce en una intensificación de los conflictos interpersonales y en la exposición del docente como receptor de malestares que trascienden el ámbito educativo.

El caso chileno ofrece una expresión particularmente nítida de esta tendencia. En los últimos años, diversas agresiones contra docentes, incluyendo episodios de violencia física por parte de estudiantes y apoderados, han cobrado visibilidad pública, dejando en evidencia que la vulnerabilidad del profesorado ya no es una percepción, sino un hecho verificable. A ello se suma el incremento sostenido de denuncias por maltrato contra docentes reportadas por organismos oficiales, así como los resultados del estudio TALIS 2018 de la OCDE, que sitúan a Chile por encima del promedio en la percepción de la indisciplina y del deterioro del clima de aula. Estos antecedentes, lejos de ser anecdóticos, configuran un patrón estructural que afecta directamente el bienestar docente y la calidad del proceso educativo.

El análisis es incompleto si no considera la influencia del sistema educativo en estas condiciones. En las últimas décadas, el sistema escolar chileno ha experimentado una expansión de políticas, programas y mecanismos de control que, en conjunto, han saturado la institución y ahogado la vida escolar. Desde una perspectiva bourdieusiana, esta sobreintervención genera tensiones al imponer lógicas externas que diluyen la autonomía docente y erosionan su capital simbólico, además de multiplicar las exigencias administrativas, las iniciativas superpuestas y la falta de una política coherente, lo que crea una sobrecarga que limita el tiempo pedagógico, debilita la autoridad del docente y reduce la gestión de conflictos. Por ello, la violencia escolar no solo es episodios disruptivos, sino también una violencia sistémica, donde la organización del trabajo escolar, fragmentada y que externaliza las demandas sociales, configura un entorno de desprotección. Se ampliaron los marcos normativos de protección, pero no se consolidó un sistema sólido que reconozca al docente como sujeto de derechos, lo que afecta su bienestar y pone en riesgo la viabilidad del proyecto educativo.

La cuestión de fondo, por tanto, no es únicamente cómo responder a la violencia, sino qué tipo de orden educativo se está configurando. Siguiendo a Hannah Arendt (1996), educar implica introducir a las nuevas generaciones en un mundo común, tarea que requiere de adultos investidos de autoridad y respaldados por instituciones legítimas. Cuando estas condiciones se debilitan, la autoridad se vacía de contenido y la convivencia se precariza; así, la violencia contra los docentes no constituye una anomalía, sino el síntoma de desajustes más profundos en la relación entre la escuela, el Estado y la sociedad.

Por lo tanto, la respuesta no puede consistir en la mera intensificación de medidas disciplinarias ni en la proliferación de nuevos dispositivos normativos que continúan recargando a las escuelas. Lo que se requiere es una reconfiguración sistémica que restituya las condiciones de legitimidad institucional, reconozca efectivamente al profesorado como sujeto de derechos y reorganice las responsabilidades en el sistema educativo. Ello implica revisar críticamente la sobrecarga estructural derivada de la expansión desarticulada de políticas públicas, fortalecer mecanismos de apoyo que no recaigan exclusivamente en la gestión escolar y reconstruir la autoridad pedagógica como un principio constitutivo de la vida democrática, lo que en última instancia significa proteger a quienes enseñan y no en añadir nuevas capas de intervención, sino en restablecer las condiciones estructurales que hacen posible el ejercicio de la docencia en un marco de reconocimiento, resguardo y legitimidad.

Referencias

Arendt, H. (1996). Entre el pasado y el futuro. Península.

Dubet, F. (2006). El declive de la institución. Gedisa.

Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Siglo XXI.

Han, B.-C. (2017). La sociedad del cansancio. Herder.

UNESCO. (2019). Behind the numbers: Ending school violence and bullying. UNESCO Publishing.

Weber, M. (2002). Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica.

Publicada en:

https://elquintopoder.cl/educacion/la-violencia-en-las-escuelas-autoridad-legitimidad-y-crisis-del-orden-educativo/

https://www.paislobo.cl/2026/04/la-violencia-en-las-escuelas-el-profesorado-como-victima.html

https://www.elinsular.cl/edicion/papeldigital/edicion_papel/4/#zoom=z