La práctica como desafío universitario: vinculación con el medio, formación profesional y responsabilidad pública

En el debate actual sobre la educación superior, uno de los cambios conceptuales más importantes —aunque aún poco analizado en las universidades— se refiere a la resignificación de las prácticas formativas. Normalmente vistas como etapas finales para aplicar conocimientos o para prepararse para el trabajo, estas prácticas han sido interpretadas desde una lógica principalmente técnico-instrumental. Se consideran herramientas para una inserción temprana en el mundo laboral, orientadas a fortalecer habilidades específicas y mejorar la empleabilidad. Sin embargo, el contexto universitario chileno actual exige reevaluar críticamente esta visión.

La incorporación de la Vinculación con el Medio (VcM) como una función esencial de la educación superior, especialmente después de la publicación de la Ley N° 21.091 y la revisión de los criterios de acreditación por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), ha generado un debate más profundo: ¿qué tipo de relación debe tener hoy la universidad con su entorno y qué implicancias tienen estas relaciones en los aspectos curriculares, epistemológicos y pedagógicos? La interrogante no es pequeña, porque en realidad no se trata solo de una adaptación normativa o de un ajuste procedimental para cumplir con los requisitos de calidad, sino que también se discute el verdadero sentido de la formación universitaria y, en particular, el papel que desempeñan las prácticas en la construcción de una universidad pública regional con pertinencia social.

Durante muchos años, el paradigma principal de la formación profesional funcionó con una lógica bastante estable, en la que la universidad generaba conocimiento y formaba capital humano avanzado. El entorno —como el mercado laboral, las instituciones públicas o el sector productivo— servía de espacio para validar y aplicar ese conocimiento. Esta relación, fuertemente influida por una lógica transferencial, se basaba en la creencia implícita de que el conocimiento legítimo se producía principalmente en la academia y luego se transfería a otros actores considerados receptores de ese saber. No obstante, los desafíos contemporáneos han tensionado radicalmente esta arquitectura epistemológica, ya que las desigualdades territoriales, la crisis socioambiental, las transformaciones del trabajo, la fragmentación institucional y las crecientes demandas de pertinencia han evidenciado los límites de una universidad desvinculada de las dinámicas reales de los territorios. En este contexto, la vinculación con el medio introduce un cambio paradigmático al desplazar la idea de transferencia unilateral hacia un horizonte de reciprocidad, interacción y co-construcción de conocimiento.

Este tránsito tiene profundas implicancias para las prácticas formativas. En efecto, si se acepta que la universidad ya no puede concebir al entorno como un mero escenario de aplicación, sino como un interlocutor epistémico legítimo, entonces las prácticas dejan de ser exclusivamente espacios de entrenamiento profesional para convertirse en dispositivos curriculares complejos de aprendizaje situado, de producción de conocimiento contextualizado y de construcción de valor público. En este contexto, la discusión sobre las prácticas formativas no puede limitarse a cuestiones operativas —horas, convenios, supervisión o instrumentos de evaluación—, sino que debe cuestionar críticamente el tipo de racionalidad formativa que guía estos procesos.

Una primera tensión surge entre la empleabilidad y la responsabilidad pública. Es claro que las universidades deben capacitar a profesionales con sólidas habilidades técnicas y capaces de insertarse en mercados laborales cada vez más complejos. Sin embargo, limitar la formación a una perspectiva de capital humano ignora las dimensiones éticas, políticas y territoriales de las profesiones, ya que un profesional universitario no solo realiza procedimientos especializados, sino que también interpreta contextos, mediatiza conflictos, toma decisiones en situaciones de incertidumbre y participa en realidades socialmente contextualizadas.

Desde esta perspectiva, las prácticas son un espacio esencial para desarrollar no solo habilidades técnicas, sino también el juicio profesional, la responsabilidad social y la capacidad de deliberar sobre problemas complejos. La experiencia práctica no debe limitarse a dominar los aspectos técnicos del oficio, sino que también debe fomentar procesos reflexivos que ayuden a comprender las estructuras sociales, institucionales y territoriales en las que tiene sentido el ejercicio profesional. Aquí, la idea de «reflective practitioner» propuesta por Donald Schön es particularmente relevante, ya que la verdadera profesionalización no solo consiste en adquirir habilidades técnicas, sino también en reflexionar críticamente sobre la propia acción, cuestionar supuestos, reinterpretar experiencias y ajustar decisiones en contextos complejos. Desde esta óptica, una práctica que carece de reflexión crítica difícilmente puede ofrecer una experiencia formativa profunda.

Una segunda tensión surge en la relación entre la intervención y la reciprocidad. Aún persisten enfoques en los que la relación entre la universidad y el entorno se estructura mediante esquemas asistencialistas o extractivos, en los que el territorio se concibe como objeto de observación, como campo de práctica o como espacio en el que el estudiantado “aplica” conocimientos previos. Sin embargo, este enfoque refuerza jerarquías epistemológicas problemáticas, ya que asume que el conocimiento válido solo reside en la universidad, relegando a las comunidades, organizaciones o instituciones externas a un rol secundario. La perspectiva de Vinculación con el Medio desafía esta lógica, pues su principio de bidireccionalidad requiere reconocer que el territorio también genera conocimientos, experiencias, racionalidades y capacidades interpretativas, esenciales para comprender los problemas contemporáneos y las prácticas formativas. Desde este enfoque, no deberían limitarse a intervenir en las realidades, sino también a aprender de ellas.

Esta diferencia es clave para el trabajo académico. No toda actividad fuera del campus se considera, por definición, vinculación con el medio; la simple externalización de tareas curriculares no tiene impacto transformador sin pertinencia territorial, interacción significativa con actores externos, contribución verificable al entorno y procesos sistemáticos de integración curricular y reflexión. Por ello, el desafío para el cuerpo académico no es solo añadir componentes de VcM como anexos metodológicos a las asignaturas, sino revisar críticamente los supuestos pedagógicos y epistemológicos que sustentan nuestras prácticas docentes, lo que implica pasar de modelos centrados en la transmisión disciplinaria a enfoques de aprendizaje situado, experiencial y dialógico; fortalecer los mecanismos de sistematización de evidencias e impacto; y, sobre todo, entender que el territorio no es un espacio periférico respecto a la universidad, sino un elemento fundamental de su misión formativa.

Para una universidad pública regional como la Universidad de Los Lagos, esta discusión cobra especial importancia. Su legitimidad no se basa solo en indicadores de productividad académica o de empleabilidad, sino también en su capacidad para abordar las complejidades de los territorios donde opera, caracterizados por desigualdades estructurales, ruralidad, brechas de acceso, interculturalidad, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento social. En este contexto, las prácticas formativas pueden convertirse en uno de los mecanismos curriculares más eficaces para promover una universidad comprometida con su territorio. Sin embargo, esto requiere dejar atrás una visión limitada de la práctica como mero entrenamiento profesional.

Lo esencial, quizás, no sea simplemente cómo integrar la vinculación con el entorno en las prácticas, sino cómo reconfigurarlas desde esa misma lógica. Esta distinción no es meramente semántica, sino que reconoce que formar profesionales en el siglo XXI requiere educar a personas capaces de co-crear conocimiento, actuar éticamente en situaciones complejas y entender que la legitimidad profesional solo se logra cuando aporta al bienestar colectivo y al desarrollo territorial. Al fin y al cabo, la práctica universitaria no solo es un espacio para aprender una profesión, sino también un lugar donde la universidad define su relación con la sociedad a la que pertenece.

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“Hagamos a Chile grande de nuevo”: nostalgia política, privilegios económicos y erosión democrática

El plan de revitalización económica que impulsa el gobierno del presidente Kast tiene tintes de devolverle a Chile su imagen de prosperidad, como lo reflejan algunos simpatizantes que lucen gorras rojas y blancas con el lema "Hagamos a Chile Grande de Nuevo" en sus eventos. Existen lemas políticos que no representan un programa específico, sino un estado emocional. “Hagamos a Chile grande de nuevo” cae en esa categoría. Más que una simple consigna gubernamental, es una narrativa de restauración que promete recuperar un país que, supuestamente, sería más seguro, próspero, ordenado y cohesionado. Al igual que con "Make America Great Again" de Donald Trump, su efectividad no radica en propuestas concretas, sino en su capacidad de convertir el malestar social en un anhelo de retorno. Sin embargo, toda política nostálgica plantea una pregunta inevitable: ¿a qué pasado exactamente se quiere volver?

La nostalgia política raramente recuerda el pasado tal cual fue; más bien, funciona como una memoria selectiva que idealiza ciertos aspectos de una época y pasa por alto sus tensiones, conflictos y condiciones de posibilidad. No reconstruye la historia, sino que la edita. En momentos de incertidumbre —con aumento de la criminalidad, fragilidad económica, deterioro de las expectativas sociales y crisis de vivienda— esta operación simbólica se vuelve especialmente poderosa, ya que ofrece una explicación sencilla a problemas complejos y promete un orden perdido que puede restaurarse.

La historia política comparada muestra que las democracias rara vez se erosionan mediante rupturas abruptas; más frecuentemente se desgastan cuando el miedo se convierte en el principio ordenador de la vida pública. Así, la inseguridad deja de ser solo un problema social para convertirse en una gramática política y la legitimación de respuestas extraordinarias, la expansión de facultades coercitivas, la reducción de garantías civiles y la aceptación gradual de restricciones institucionales en nombre del orden. No se trata de negar la necesidad de fortalecer al Estado frente al crimen organizado, sino de advertir el riesgo de convertir la excepcionalidad en una normalidad democrática.

No obstante, la política de restauración trasciende el ámbito de la seguridad; también se manifiesta en la redefinición del pacto social, en el que, tras discursos de modernización, eficiencia económica y sostenibilidad fiscal, se libra una disputa más profunda sobre el papel redistributivo del Estado y el alcance de los derechos sociales. Ninguna política tributaria es ideológicamente neutral; toda estructura fiscal refleja una visión determinada de justicia social, ciudadanía y solidaridad intergeneracional. Cuando el crecimiento económico se presenta como el criterio principal de éxito gubernamental, existe el riesgo de relegar la cohesión social a la lógica del mercado, lo que debilita las capacidades públicas que históricamente han ampliado las oportunidades: educación, capacitación laboral, protección social e integración territorial. La cuestión fundamental no es solo cuánto debe gastar el Estado, sino qué tipo de comunidad política aspiramos a construir, ya que una sociedad cohesionada no depende únicamente de indicadores macroeconómicos; requiere mecanismos efectivos de integración y metas compartidas de dignidad.

Por otra parte, el debate sobre derechos digitales e inteligencia artificial ilustra esta tensión que busca flexibilizar el uso de obras intelectuales para alimentar sistemas de inteligencia artificial y revela una contradicción significativa: la defensa absoluta de la propiedad privada parece disminuir cuando los beneficiarios potenciales son grandes plataformas tecnológicas o mercados altamente concentrados. Esto genera una controversia que no es únicamente jurídica, sino también ética y política, ya que plantea interrogantes sobre quién se apropia del conocimiento, quién captura su valor económico y qué límites deben establecerse en las nuevas formas de concentración. Algo similar ocurre con la crisis habitacional, donde el incremento sostenido de campamentos no puede interpretarse únicamente como un problema de informalidad urbana o de seguridad territorial, pues constituye, en un sentido más profundo, el síntoma de un pacto social tenso que visibiliza la creciente distancia entre las expectativas de integración y las condiciones materiales de existencia. Cuando el acceso a la vivienda, la estabilidad y las oportunidades se vuelven inciertos, la cohesión democrática comienza a deteriorarse; y cuando la pobreza se aborda prioritariamente desde la seguridad, en lugar de políticas de integración, el conflicto se administra, pero difícilmente se resuelve.

La principal paradoja del lema “Hagamos a Chile grande de nuevo” sigue vigente. Si lo que se busca es un país con estabilidad institucional, reducción sostenida de la pobreza, expansión educativa, fortalecimiento de una amplia clase media y legitimidad internacional, la referencia histórica más clara no remite a un pasado distante o mítico, sino al ciclo democrático iniciado en 1990. Aunque tuvo sus limitaciones, desigualdades y frustraciones, las décadas de la transición y la postransición fueron las que lograron el mayor progreso material y la mayor estabilidad política en la historia reciente de Chile. La contradicción es reveladora cuando el ciclo político criticado por el kastismo se presenta como un horizonte nostálgico de aquello que se quiere recuperar.

El verdadero problema de la nostalgia política no es su apelación al pasado, sino la simplificación histórica que produce, ya que convierte procesos complejos en relatos binarios, identifica culpables evidentes y promete soluciones rápidas a problemas estructurales; sin embargo, la democracia rara vez avanza mediante restauraciones, sino que progresa cuando es capaz de reformarse sin renunciar a sus fundamentos. Entonces, quizás el desafío de Chile no consista en ser grande de nuevo, sino en preguntarse qué significa hoy construir un país mejor: más seguro sin sacrificar libertades, más próspero sin profundizar desigualdades y más estable sin renunciar al pluralismo democrático. Porque las sociedades que transforman el pasado en refugio suelen terminar renunciando, precisamente, a la imaginación del futuro.

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La delincuencia como espectáculo: populismo penal, miedo social y erosión democrática en tiempos de inseguridad

La inseguridad se ha convertido en uno de los principales temas del debate público contemporáneo. Esto se debe no solo a que la delincuencia representa una preocupación legítima para la ciudadanía, sino también a que su abordaje político, mediático y comunicacional ha comenzado a regirse por las lógicas del espectáculo, donde el delito ha dejado de ser un problema exclusivo de la seguridad pública para convertirse, además, en un recurso de movilización emocional, en una estrategia de rentabilidad electoral y en una fuente continua de atención pública.

En el contexto actual, el delito ya no puede analizarse únicamente desde las categorías tradicionales de la criminología o la política criminal, pues su percepción social está fuertemente influida por dinámicas comunicativas que intensifican el miedo, simplifican las causas de la violencia y priorizan respuestas inmediatas frente a estrategias estructurales a largo plazo. La seguridad se convierte así en un espacio clave para el desarrollo del populismo penal, entendido como una práctica política que busca responder a las demandas de seguridad mediante discursos punitivos muy emotivos, centrados en endurecer las penas, ampliar la coerción del Estado y construir simbólicamente enemigos sociales claramente identificables. En este enfoque, la efectividad real de las políticas públicas suele ser secundaria frente a su capacidad de incidir en la comunicación, y lo importante no es necesariamente solucionar el problema, sino demostrar públicamente una postura de dureza frente al delito.

Así, alcaldes, parlamentarios y figuras públicas compiten por promover declaraciones maximalistas que les ayuden a ganar apoyo electoral en medio de la inseguridad ciudadana, y el discurso político se militariza cada vez más, recurriendo a términos como “combatir”, “erradicar”, “barrer” y “recuperar territorios”. La complejidad social del fenómeno criminal se reduce a consignas fáciles de entender para la opinión pública, que son amplificadas por los medios y los ecosistemas digitales, lo que produce un efecto problemático de esta lógica, como la instrumentalización política de la inmigración, porque en contextos de temor e incertidumbre, ciertos discursos tienden a asociar automáticamente migración, violencia y criminalidad, creando la percepción de una amenaza externa responsable del deterioro de la seguridad, y el migrante deja de ser un sujeto de derechos o un actor social complejo, y pasa a ser una categoría simbólica que facilita la construcción política del miedo. Esta narrativa simplificadora ignora intencionalmente factores estructurales que contribuyen a la violencia, como la desigualdad territorial, la precarización social, la expansión del narcotráfico, la fragilidad institucional o la erosión de los lazos comunitarios. Esto lleva a una peligrosa externalización de responsabilidades y a presentar la delincuencia como un fenómeno externo, en lugar de una manifestación de fracturas históricas en la propia sociedad.

La dramatización de la inseguridad afecta la cultura democrática, ya que el miedo lleva a aceptar restricciones a derechos y libertades tradicionales, lo que favorece la adopción de mecanismos de control social y de estados de excepción prolongados. La historia demuestra que la normalización de estas medidas puede erosionar los equilibrios democráticos, ya que las políticas de seguridad se vuelven permanentes y ponen en riesgo el ejercicio del poder estatal. La presencia de fuerzas militares en zonas urbanas ilustra esta tensión, en la que, aunque para muchos ciudadanos puede ofrecer una sensación de control y protección, la militarización de la seguridad pública conlleva riesgos importantes para las democracias constitucionales. Las Fuerzas Armadas cuentan con una formación, doctrina y metas diferentes a las de las instituciones policiales, y su función principal es la defensa contra amenazas externas, en lugar de gestionar el orden civil diario.

Por otro lado, la evidencia internacional indica que las estrategias únicamente punitivas tienen una eficacia limitada si no van acompañadas de políticas integrales de prevención y de recuperación del tejido social. El crimen organizado actual no es solo un fenómeno delictivo, sino también una estructura económica, territorial y cultural. Combatirlo requiere inteligencia financiera, coordinación entre instituciones, fortalecimiento comunitario, recuperación de espacios urbanos y una presencia constante del Estado en territorios históricamente marginados. Sin embargo, estas políticas frecuentemente carecen de la espectacularidad necesaria para competir en los rápidos ciclos de la comunicación política moderna. La prevención no genera titulares inmediatos; el fortalecimiento institucional tampoco se vuelve viral; y la reconstrucción comunitaria no produce imágenes impactantes para los medios. Como resultado, las respuestas simplificadas y emocionalmente intensas obtienen mayor visibilidad pública que las soluciones técnicas, aunque estas últimas pueden ser más efectivas.

Los medios de comunicación también desempeñan un papel activo en este proceso. La repetición constante de hechos violentos fomenta una percepción de inseguridad, a menudo desproporcionada respecto de la experiencia cotidiana de muchas personas, por lo que la delincuencia deja de ser solo una realidad concreta para convertirse en una atmósfera emocional constante. La ciudadanía no solo tiene miedo del delito real, sino también de su representación constante, un fenómeno con una consecuencia política muy delicada, pues, las sociedades llenas de temor tienden a exigir respuestas cada vez más autoritarias y menos abiertas al diálogo y la legitimidad de la democracia se pone en duda ante la promesa de soluciones rápidas y el riesgo no solo es la expansión del populismo penal, sino también que la ciudadanía acepte gradualmente la pérdida de derechos civiles en nombre de la seguridad.

La seguridad pública es, sin duda, un requisito esencial para la vida democrática. Sin embargo, cuando una democracia se deteriora por el miedo y la permanencia de los estados de excepción, corre el riesgo de sacrificar los principios que busca salvaguardar. El reto actual no es solo combatir eficazmente la delincuencia, sino también evitar que el miedo colectivo desgaste las bases institucionales, jurídicas y culturales que sostienen la convivencia democrática.

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La jauría de palabras: lenguaje, poder y deterioro del debate público en Chile

El deterioro del debate público en Chile a menudo se atribuye a factores visibles, como la polarización política, la crisis de confianza en las instituciones o la fragmentación social. Sin embargo, hay una dimensión más profunda y menos discutida, ella es la transformación del lenguaje mismo. No se trata solo de que discutamos más o menos, sino de que ahora hablamos de manera diferente. Esa transformación —caracterizada por la velocidad, la agresividad y la saturación— puede entenderse como si viviéramos en una auténtica manada de palabras, una verdadera jauría. La metáfora no es algo insignificante, pues imagina a una jauría que no piensa ni discute, sino que reacciona, persigue y se enciende ante estímulos inmediatos. Cuando el lenguaje funciona así, deja de ser un simple medio de comunicación simbólica y se transforma en un campo de fuerzas, donde las palabras dejan de unirnos en un mundo compartido y, en cambio, lo dividen, lo amplifican y, en ocasiones, lo destruyen.

Durante gran parte del siglo XX, la teoría social creía que el lenguaje llevaba, al menos como una esperanza de entendimiento, la promesa de conectar a las personas. Siguiendo la tradición de Jürgen Habermas, hablar era abrirse a la posibilidad de convencer y de ser convencido, siempre bajo las condiciones de la racionalidad comunicativa (Habermas, 1987). Aunque este ideal nunca se alcanzó por completo, desempeñaba una función civilizadora, pues contribuía a mantener el conflicto dentro de límites aceptables. Hoy, ese horizonte se ve un poco más borroso, especialmente en el ecosistema digital, en conversaciones sobre situaciones políticas contingentes, seguridad pública o identidades; el lenguaje suele ser muy reactivo y las personas no buscan persuadir, sino más bien hacerse escuchar; no intentan dialogar, sino sumarse a una corriente. Las discusiones muchas veces se deciden en un instante, con apoyo o rechazo inmediato.

En este contexto, la idea de “jauría de palabras” adquiere aún más profundidad y significado. No es solo una variedad de voces, sino una acumulación de enunciados que se refuerzan mutuamente. Cada intervención no solo reemplaza a la anterior, sino que la vuelve aún más fuerte, más categórica, más emocional y más definitiva. La crítica se transforma en descalificación; la discrepancia, en una sospecha moral. Desde la filosofía del lenguaje, podemos entender este fenómeno a través del giro performativo propuesto por J. L. Austin. El lenguaje no solo describe la realidad, sino que también tiene el poder de actuar sobre ella (Austin, 1962). En situaciones de gran conflicto, esta capacidad performativa adquiere un significado especial porque al decir algo, podemos sancionar, excluir o herir. La “jauría de palabras” no es solo un exceso en el discurso, sino también una forma de acción colectiva mediada por el lenguaje.

Desde una perspectiva sociológica, la metáfora ilumina cómo se comportan las masas. Gustave Le Bon señaló que cuando las personas se agrupan, a menudo dejan de lado su pensamiento crítico y actúan de manera impulsiva (Le Bon, 2005). En el mundo digital, esta tendencia se intensifica aún más por la velocidad, la visibilidad y la viralidad, que hacen que las reacciones emocionales se disparen con rapidez. Además, la multitud no necesita estar físicamente presente; puede participar en línea, conectarse y reaccionar desde cualquier lugar con facilidad.

A esto se suma una transformación del lenguaje más cálida y cercana. No solo hay más palabras, sino también palabras que transmiten más emociones, ya que desde una mirada que valora tanto su aspecto material como su aspecto afectivo, el lenguaje actual se presenta como una acumulación de sentimientos intensos, como la indignación, el miedo y la frustración. Como menciona Byung-Chul Han, la hipercomunicación no siempre genera mayor comprensión, sino más ruido y saturación (Han, 2013). La “jauría de palabras” refleja precisamente este desbordamiento: un volumen discursivo que dificulta la reflexión.

Este fenómeno no es neutro. El lenguaje también desempeña un papel importante en las relaciones de poder; según Michel Foucault, los discursos ayudan a crear y mantener ciertos regímenes de verdad, generando efectos concretos en la realidad (Foucault, 1992). Así, una “jauría de palabras” puede funcionar como un mecanismo difuso de sanción social que establece estigmas, socava legitimidades y delimita lo que se puede decir. No se trata solo de agresiones verbales, sino de prácticas discursivas con consecuencias materiales, donde la paradoja es clara: ahora tenemos más formas de expresión que nunca, pero, a la vez, el lenguaje parece estar más cerca de perder su capacidad de convencer y persuadir. Más palabras no siempre significan más entendimiento, sino que a menudo significan más fragmentación. Así, el espacio público se convierte en un escenario de emociones intensas en lugar de argumentos sólidos.

Esto no significa que debamos sentir nostalgia por un pasado perfecto ni juzgar de forma simplista las tecnologías digitales. La cantidad de palabras no es solo una cuestión de cada persona, sino que responde a condiciones estructurales, como las plataformas diseñadas para fomentar la interacción, los mecanismos de visibilidad que favorecen la radicalidad y un clima social lleno de desconfianza. Pero al entender estas condiciones, no podemos eximirnos de nuestra responsabilidad, sino que, por el contrario, nos invitan a reflexionar más a fondo sobre cómo usamos el lenguaje en la esfera pública. Aunque las palabras pueden volverse un torrente de indignación, todavía tenemos la oportunidad de mantener la distancia, el matiz y la escucha. La verdadera pregunta no es solo cómo podemos mejorar el debate, sino qué tipo de lenguaje estamos dispuestos a apoyar como comunidad política. La pregunta, en definitiva, es incómoda pero ineludible: ¿qué estamos haciendo cuando hablamos? Y, más aún, ¿en qué estamos convirtiendo el lenguaje cuando dejamos que la jauría tome la palabra?

Referencias

. Austin, J. L. (1962). Cómo hacer cosas con palabras. Paidós.
· Foucault, M. (1992). El orden del discurso. Tusquets. (Trabajo original publicado en 1971).
· Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa. Taurus. (Trabajo original publicado en 1981).
· Han, B.-C. (2013). La sociedad de la transparencia. Herder.
· Le Bon, G. (2005). Psicología de las masas. Morata. (Trabajo original publicado en 1895)

Publicado en

https://elquintopoder.cl/ciudadania/la-jauria-de-palabras-lenguaje-poder-y-deterioro-del-debate-publico-en-chile/

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/sociedad/la-jauria-de-palabras-lenguaje-poder-y-deterioro-del-debate-publico/2026-05-13/065656.html

https://elinsular.cl/edicion-papel/martes/

Contribución e impacto en la docencia con sello de vinculación con el medio

La implementación de la docencia con sello de vinculación con el medio (VcM) en las carreras de la Universidad de Los Lagos exige avanzar hacia mecanismos sistemáticos de evaluación que permitan identificar, analizar y evidenciar los resultados de la interacción entre la universidad y su entorno. En este escenario, la evaluación institucional adquiere una relevancia estratégica, en tanto que no solo contribuye al mejoramiento continuo de la calidad de las experiencias formativas, sino que también permite generar evidencia verificable de sus efectos en el proceso educativo y en las organizaciones y comunidades con las que la universidad se vincula.

En el contexto del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Chile, la función de vinculación con el medio ha transitado de un enfoque centrado en la descripción de actividades a otro orientado a resultados. Tal como señala la Comisión Nacional de Acreditación, “deberán incorporarse mecanismos de evaluación de la pertinencia e impacto de las acciones ejecutadas e indicadores que reflejen los aportes de la institución al desarrollo sustentable de la región y del país”. (Comisión Nacional de Acreditación [CNA], 2022). En este marco, las nociones de “contribución” e “impacto” emergen como categorías analíticas fundamentales para comprender la relación entre la universidad y el territorio.

La docencia con sello VcM constituye un espacio privilegiado para la generación de estos resultados, en tanto articula directamente los procesos formativos con problemáticas reales y con actores del territorio. Como plantea Boyer (1996), la universidad contemporánea debe avanzar hacia una “erudición comprometida”, en la que el conocimiento se construye en interacción con la sociedad. En esta línea, las experiencias formativas vinculadas al entorno permiten a los estudiantes generar productos, conocimientos y propuestas que fortalecen las capacidades de las organizaciones sociales, las instituciones públicas y los actores productivos, por lo que la evaluación institucional de la docencia con sello VcM debe estructurarse en torno a dos dimensiones complementarias: la contribución y el impacto.

La “contribución” se refiere a los resultados directos y observables derivados de la interacción entre la universidad y su entorno. Estas se expresan en productos concretos tales como diagnósticos territoriales, informes técnicos, propuestas de intervención o asesorías especializadas. En términos de Bringle y Hatcher (1995), este tipo de experiencias permite “integrar el servicio con el aprendizaje académico en beneficio mutuo de los estudiantes y de la comunidad”. Su carácter es generalmente inmediato o a corto plazo, lo que facilita su identificación y registro. En este sentido, el levantamiento sistemático de contribuciones permite evidenciar la pertinencia social de la formación universitaria y su capacidad para responder a las necesidades del territorio.

El “impacto”, por su parte, se refiere a las transformaciones que se producen en el entorno como resultado de dichas contribuciones. Supone efectos más amplios y sostenidos, como la mejora de las prácticas organizacionales o el fortalecimiento de las capacidades institucionales. En este sentido, el desafío de las universidades no es solo generar conocimiento, sino también asegurar que este tenga efectos significativos y medibles en la sociedad. En la docencia con sello VcM, el impacto se manifiesta cuando los productos generados por los estudiantes son efectivamente utilizados por las organizaciones, lo que influye en sus procesos de toma de decisiones o en el diseño de iniciativas, procesos que requieren seguimiento y análisis longitudinales, dado que sus efectos no siempre son inmediatos.

La distinción entre contribución e impacto resulta clave para los sistemas de evaluación institucional, ya que permite comprender la relación entre resultados inmediatos y transformaciones a mediano y largo plazo. En esta línea, la literatura sobre la tercera misión universitaria subraya la necesidad de desarrollar marcos de evaluación que integren ambas dimensiones (Benneworth, 2013). Para fortalecer estos procesos, es indispensable implementar mecanismos de registro y sistematización de las experiencias de docencia con sello VcM, que permitan identificar actividades, actores, productos y efectos, y que contribuyan tanto a la rendición de cuentas institucional como a la mejora del diseño pedagógico. Asimismo, la evaluación debe integrar explícitamente la relación entre las contribuciones al entorno y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. La interacción con contextos reales favorece el desarrollo de competencias profesionales complejas, lo que refuerza la idea de que la vinculación con el medio no es un complemento, sino un componente estructural del proceso formativo.

Entonces, una evaluación institucional basada en las nociones de contribución e impacto permite avanzar hacia una comprensión más integral del vínculo entre la universidad y su entorno. En el marco de la docencia con sello de vinculación con el medio, este enfoque visibiliza tanto los aprendizajes de los estudiantes como los aportes concretos al desarrollo territorial, fortaleciendo la coherencia entre la misión institucional, la calidad formativa y el compromiso público.

Referencias

Benneworth, P. (2013). University engagement with socially excluded communities. Springer. http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/38651/1/477.Paul%20Benneworth.pdf

Boyer, E. (1996). The scholarship of engagement. Journal of Public Service and Outreach, 1(1), 11–20. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1097206.pdf

Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (1995). A service-learning curriculum for faculty. Michigan Journal of Community Service Learning, 2, 112–122. https://quod.lib.umich.edu/m/mjcsl/3239521.0002.111/1

Comisión Nacional de Acreditación (CNA). (2022). Orientaciones para el uso de los criterios y estándares del subsistema universitario en los

procesos de autoevaluación. https://www.cnachile.cl/noticias/SiteAssets/Paginas/Forms/AllItems/ORIENTACIONES%20PARA%20EL%20SUBSISTEMA%20UNIVERSITARIO.pdf

Publicada en

https://www.ulagos.cl/opinionulagos/contribucion-e-impacto-en-la-docencia-con-sello-de-vinculacion-con-el-medio/ 

Chiloé como problema interpretativo persistente: desarrollo, territorio y disputa en el bicentenario

El intercambio que sostuvieron Ernesto Tironi (ellibero.cl/2020/02/26) y Rosabetty Muñoz (eldesconcierto.cl/2020/02/29) sobre Chiloé, lejos de ser un episodio cerrado en el debate intelectual chileno, revela una estructura de conflicto interpretativo que aún persiste y, en ciertos aspectos, se ha intensificado. A seis años de esa controversia, la discusión continúa siendo relevante y se ha enriquecido con nuevas capas de complejidad, especialmente debido a la contingencia reciente, en particular, a las propuestas de reconstrucción y desarrollo territorial impulsadas por el gobierno actual.

Originalmente, Tironi cuestionaba la idea de “fracaso del modelo”, respaldándose en evidencia empírica considerada concluyente, como la expansión de la infraestructura, el aumento del parque automotor y el acceso a bienes y servicios. Desde esta perspectiva, el desarrollo se valida por lo que se observa, se cuantifica y se acumula, y la frase “no parece serio hablar de fracaso” refleja una lógica aún presente en muchas decisiones de política pública, en la que el progreso se mide principalmente por el crecimiento y la integración. La réplica de Rosabetty —“mirar sin ver”— introduce una crítica epistemológica más profunda, ya que su argumento no desafía los datos en sí, sino el régimen de visibilidad que los organiza y jerarquiza, el cual deja fuera de la vista—como ecosistemas en tensión, economías locales desplazadas y la fragilidad del tejido comunitario—; no siendo un aspecto marginal, sino esencial para comprender el proceso de desarrollo y cambiar el enfoque que permite anticipar debates actuales, como justicia territorial, sostenibilidad ecológica y reconocimiento de saberes locales.

La contingencia reciente muestra cómo esta disputa se actualiza en la acción del Estado, ya que las propuestas gubernamentales de reconstrucción—especialmente en territorios afectados por crisis socioambientales o desastres—reproducen una tensión sin resolver entre dos enfoques. Por un lado, un esfuerzo por integrar criterios de equidad territorial, participación y sostenibilidad; por otro, una inercia tecnocrática que prioriza la rapidez, la eficiencia del gasto y la visibilidad de las obras como indicadores de éxito. Esta dualidad no es casualidad, sino que refleja la coexistencia de paradigmas en conflicto en el Estado. En Chiloé, esta tensión se manifiesta claramente en proyectos de infraestructura que prometen integración y crecimiento, pero enfrentan demandas locales por la protección ambiental, el fortalecimiento de las economías locales y el reconocimiento cultural. La pregunta clave es si la reconstrucción (o el desarrollo) debe entenderse como una restitución material o como una oportunidad de reconfiguración estructural.

Actualmente, la disputa entre Tironi y Rosabetty tiene un valor heurístico actualizado, ya que lo que antes parecía una simple diferencia de énfasis revela una fractura más profunda en la concepción del desarrollo. La evidencia acumulada en los últimos años—conflictos socioambientales, crisis de legitimidad institucional, demandas de descentralización efectiva—indica que los indicadores tradicionales no son suficientes para captar la complejidad de estos procesos. Sin embargo, una visión puramente dicotómica sería limitada, ya que el reto no es reemplazar una racionalidad por otra, sino integrarlas en una síntesis que reconozca la multidimensionalidad del desarrollo. Los avances materiales señalados por Tironi siguen siendo condiciones esenciales, ya que sin infraestructura, conectividad y acceso a servicios, las desigualdades territoriales aumentan. Pero como advirtió Rosabetty, estos avances pueden ser insostenibles si no se protegen los ecosistemas, se promueve la cohesión social y se respeta la identidad cultural. La idea de una “síntesis superadora” requiere, entonces, un cambio conceptual que pase de un enfoque centrado en resultados agregados a otro centrado en la calidad de los procesos. Esto implica, entre otras cosas, integrar diferentes escalas de análisis (local, regional y nacional), diversificar los indicadores (cuantitativos y cualitativos) y reconocer la legitimidad de las experiencias locales como fuentes relevantes de conocimiento para la toma de decisiones.

En el año del Bicentenario de la incorporación de Chiloé a la república, esta discusión adquiere una densidad política ineludible, pues no se trata solo de conmemorar dos siglos de vínculo con el Estado chileno, sino de interrogar críticamente cómo ese vínculo se ha materializado en el territorio. La conmemoración, en este sentido, puede ser un mecanismo de clausura que reafirma las narrativas oficiales de progreso o bien una instancia de problematización que permita plantear nuevas preguntas sobre el futuro. Desde esta perspectiva, el bicentenario plantea un desafío que trasciende lo simbólico, pues obliga a definir qué entendemos hoy por desarrollo y con qué criterios evaluamos sus resultados. Si las propuestas actuales de reconstrucción no logran superar la tensión entre la visibilidad material y la sostenibilidad territorial, corren el riesgo de reproducir, bajo nuevos lenguajes, las mismas limitaciones que este debate ha evidenciado durante décadas.

Las preguntas, entonces, se vuelven incómodas: ¿será el bicentenario de Chiloé una celebración del éxito en la integración o la constatación de una promesa de desarrollo aún pendiente? ¿Estamos dispuestos a revisar críticamente las bases del modelo que celebramos, o preferimos seguir “mirando”—como denunciaba Rosabetty—sin ver lo que compromete su futuro? En última instancia, la vigencia de esta disputa no reside en la permanencia de dos posiciones enfrentadas, sino en la incapacidad—todavía no resuelta—de articularlas en un proyecto común. Y es precisamente en esa incapacidad donde el bicentenario encuentra su mayor desafío, no en lo que conmemora, sino en lo que muestra que aún no hemos podido resolver.

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https://elinsular.cl/edicion-papel/ 

https://elquintopoder.cl/desarrollo-regional/chiloe-como-problema-interpretativo-persistente-desarrollo-territorio-y-disputa-en-el-bicentenario/

Cuando la reconstrucción debilita las reglas: certeza para el capital e incertidumbre para la democracia

En el debate sobre el desarrollo, se suele afirmar que solo los expertos en economía tienen legitimidad para guiar las decisiones públicas; sin embargo, esta idea resulta incompleta en un contexto democrático, ya que la experiencia cotidiana de las personas, su conocimiento local y sus vivencias respecto a los efectos de las políticas económicas son formas de saber igualmente valiosas, aunque diferentes. Aunque la ciudadanía no experta no debate con modelos abstractos, sino que se basa en impactos concretos en su vida, su comunidad y su entorno, lo que le confiere una racionalidad práctica que no debe ignorarse pero que es fundamental valorar su voz en la discusión pública y exigir mayor transparencia a los líderes políticos, pues no basta con votar en silencio o confiar únicamente en argumentos técnicos, sino que estos deben comunicar de manera clara sus decisiones, intereses y riesgos asumidos; solo así se puede garantizar una deliberación genuina y democrática, en la que las decisiones colectivas surjan de la participación activa de la ciudadanía y beneficien al país.

El proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”, recientemente presentado por el gobierno como el proyecto emblema de su primer tiempo, propone un cambio fundamental en el modelo de desarrollo chileno, basado en la idea de que la reactivación económica requiere reducir las cargas regulatorias, mejorar los incentivos a la inversión y modificar el rol del Estado en la economía. Sin embargo, un análisis completo de sus disposiciones muestra que esta reorientación no es solo técnica, sino que también tiene importantes implicaciones en la gobernanza democrática, el equilibrio institucional y el desarrollo territorial, especialmente en regiones periféricas como Los Lagos y, aun más, en el archipiélago de Chiloé.

Desde una perspectiva institucional, uno de los mayores desafíos del proyecto es transformar el sistema de evaluación ambiental mediante la propuesta de medidas que buscan reducir las iteraciones técnicas (como disminuir las adendas), limitar la invalidez administrativa de las resoluciones de calificación ambiental y acortar la duración de las medidas cautelares judiciales, que, en conjunto, representan una pérdida significativa de la capacidad estatal para controlar tanto antes como después los proyectos de inversión. Esta reestructuración, presentada como una búsqueda de “certeza jurídica”, en la práctica desplaza el foco de protección del interés público hacia la seguridad del inversionista, debilitando principios clave del derecho ambiental actual, como la prevención, la precaución y la participación informada de las comunidades.

En lugares como Chiloé, donde existen numerosos conflictos socioambientales y actividades productivas en ecosistemas delicados, esta transformación es especialmente crucial, ya que la reducción de espacios institucionales para la deliberación y el control limita la capacidad de las comunidades locales para influir en decisiones que afectan su calidad de vida al aumentar el riesgo de que se intensifiquen externalidades negativas acumulativas, particularmente en sectores como la acuicultura, ya que el proyecto realiza cambios significativos en el régimen de concesiones acuícolas, eliminando la obligación de realizar evaluaciones ambientales para algunas relocalizaciones y reemplazando la caducidad por el no uso con incentivos económicos, medidas que apuntan a dinamizar el sector a corto plazo, favoreciendo la continuidad operativa de las empresas en lugar de priorizar la sostenibilidad del ecosistema, en un contexto en el que la industria salmonera ha sido constantemente cuestionada por sus impactos ambientales. La flexibilización regulatoria, por lo tanto, no solo reduce costos administrativos, sino que también modifica las demandas ambientales en áreas especialmente vulnerables.

Esta propuesta también aborda una dimensión fiscal y tributaria que genera tensiones importantes desde una perspectiva democrática porque la idea de establecer un régimen de invariabilidad tributaria de veinticinco años para las grandes inversiones implica una restricción significativa de la capacidad de las futuras mayorías políticas para modificar las reglas del sistema impositivo. Aunque estos dispositivos buscan ofrecer estabilidad a la inversión, también generan una especie de “rigidez institucional” que desafía el principio democrático de la revisibilidad de las decisiones públicas, peor aun cuando la reducción de la carga tributaria para las empresas, la eliminación de impuestos sobre las ganancias de capital y la reconfiguración del sistema fiscal orientan el esquema hacia incentivos al capital, sin que el proyecto proponga mecanismos equivalentes de redistribución.

En el desarrollo territorial, estas definiciones resultan especialmente complejas, aunque es razonable prever un incremento de la inversión y de la actividad económica en regiones como Los Lagos; el proyecto se debilita al no contar con mecanismos efectivos que garanticen un encadenamiento productivo local adecuado ni una distribución equitativa de los beneficios del crecimiento, y la ausencia de estos mecanismos puede llevar a la formación de economías de enclave, es decir, sistemas productivos muy integrados en circuitos globales, pero con poca conexión con el territorio. En Chiloé, esto podría profundizar la brecha entre el crecimiento económico general y el bienestar real de su población; más aún, cuando las modificaciones en la gestión del patrimonio cultural y en la estructura del Consejo de Monumentos Nacionales introducen criterios para simplificar la administración, con el objetivo de evitar paralizaciones innecesarias de proyectos, ello podría reducir la protección de los bienes culturales y arqueológicos, y en un territorio donde la identidad cultural es esencial para el tejido social y un recurso importante para el turismo, relajar estos mecanismos de protección genera dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo del desarrollo propuesto.

Por último, el proyecto incluye medidas para limitar el gasto público en áreas sensibles, como la educación superior, mediante la suspensión temporal de la incorporación de nuevas instituciones al régimen de gratuidad y la redefinición de los criterios para su expansión. Aunque estas acciones buscan mejorar la sostenibilidad fiscal, en realidad afectan la igualdad de acceso a los derechos sociales, especialmente en regiones con oferta educativa limitada, donde las instituciones locales son fundamentales para la movilidad social y el desarrollo territorial, como es el caso de Chiloé.

Publicada en:

1. https://opinion.cooperativa.cl/opinion/regiones/cuando-la-reconstruccion-debilita-las-reglas-capital-y-democracia/2026-04-27/074127.html

2. https://elquintopoder.cl/politica/cuando-la-reconstruccion-debilita-las-reglas-certeza-para-el-capital-e-incertidumbre-para-la-democracia/