Prioridades para los cambios profundos en educación

El próximo gobierno debiera abordar a lo menos tres ámbitos de transformaciones si quiere incidir en la configuración de un nuevo modelo educativo para el país, más justo, solidario y sensible a las demandas ciudadanas y de los territorios regionales, nacional e internacional, y que reclama cambios profundos. Estos cambios deben ir en el sentido de terminar con la competencia y sus instrumentos accesorios como los incentivos, pagos por resultado o condicionados a requisitos de entrada, todos los cuales impiden el acceso y ejercicio del derecho a la educación, eliminando así el sesgo neoliberal. Tampoco debemos pretender hacerlo todo, debemos ser capaces de detectar, seleccionar y abordar aquellos plausibles de realizar en el periodo presidencial, considerando todas las posibilidades y obstáculos factibles.

Realizar cambios profundos no siempre implica desechar lo que con esfuerzo las generaciones anteriores han construido con sacrificio y compromiso creyendo que se hacía lo correcto

En primer lugar me parece necesario avanzar en el fortalecimiento de la educación pública, que es aquella que se imparte a través de los Servicios Locales de Educación (SLE) que se están instalando en el país. Esto requiere consolidar y mejorar lo realizado y apresurar el ritmo de incorporación de nuevos territorios. Algunas correcciones debieran ir en el sentido de cambiar el sistema de financiamiento desde la subvención por asistencia a presupuestos concordados, permitiendo proyecciones y estabilidad al mismo sistema y a las instancias decisionales; otorgar atribuciones de coordinación y ejecución de programas a las regiones, hoy existe un amplio espacio territorial, poblado de instituciones públicas, por lo tanto es necesario dotar a las regiones de una gobernanza territorial y coordinación multinivel que garantice los derechos y mejore la eficacia; dotar de atribuciones y capacidades para que en este nuevo escenario se avance en la configuración de programas curriculares pertinentes a las necesidades territoriales en un marco nacional de compromiso; disponer de un fondo para el financiamiento de diseños e implementación de programas de articulación con empresas, instituciones de educación superior y agencias sociales, construyendo espacios colaborativos cuyos beneficiarios sean los estudiantes de hoy y los territorios socio productivos.

En segundo lugar tenemos que concordar un nuevo trato con nuestros docentes, incorporándolos al diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en espacios decisionales, lo cual permitirá fortalecer su autonomía y capital profesional. Independiente de atender las demandas gremiales, no debemos entramparnos en ello y fortalecer la confianza en su profesionalismo colectivo. Para ello es imprescindible atender con prioridad los conflictos en materia de participación y atribuciones profesionales que fortalezcan su rol educativo, pedagógico y de liderazgo en sus comunidades. Paralelamente, es necesario establecer una carrera directiva para los establecimientos públicos de los SLE con urgencia, de manera que se atraigan a profesionales capaces, que asuman su rol trascendente de líderes de comunidades que miran el mundo desde ellas y se sientan contribuyendo a la configuración de una misión superior, conscientes de que no son islas competitivas sino parte de engranajes colaborativos que forman parte del esfuerzo de construir un sistema educativo más justo y que ofrezca bienestar personal, comunitario y social.

Tercero, haciéndose cargo de la contingencia social y sanitaria, el próximo gobierno debe tener una actitud proactiva en a lo menos tres ámbitos de acción urgente: uno, es necesario un fuerte plan de inversiones en los establecimientos públicos para dotarlos de equipamiento y capacidades para mejorar y mantener modalidades de trabajo virtual. Esta modalidad será indispensable para dotar de una identidad rectora a la educación pública, proyectándola y profundizando la justificación del cambio que se ha prometido, haciendo sentido al esfuerzo que está realizando el país para otorgar protagonismo al sector público. Dos, tenemos que diseñar e implementar con celeridad un programa de recuperación de las trayectorias educativas interrumpidas durante este último tiempo, tanto para estudiantes que se mantienen en el sistema escolar como para aquellos que lo han abandonado, a través de programas serios, flexibles y dentro de las escuelas y liceos, que permitan visualizar el interés y rol del Estado por hacerse cargo de la tragedia que muchas familias están viviendo. Tres, las instituciones de educación pública, en todos sus niveles, debieran implementar programas de formación continúa que materialicen la oportunidad de ejercer el derecho a la educación permanente de cada persona que vive en nuestro país, que contenga alfabetización digital, formación ciudadana para la democracia e inserción en el nuevo mundo socio ambiental con capacidades concretas, entre otras.

Realizar cambios profundos no siempre implica desechar lo que con esfuerzo las generaciones anteriores han construido con sacrificio y compromiso creyendo que se hacía lo correcto; es la oportunidad para demostrar que sobre lo avanzado somos capaces de volver sobre nuestros pasos para profundizar lo que ha resultado, desechar lo que ha perjudicado e innovar con los nuevos conocimientos y capacidades hoy existentes para abordarlos con urgencia, responsabilidad y renovados sueños.

https://www.elquintopoder.cl/educacion/prioridades-para-los-cambios-profundos-en-educacion/

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/educacion/prioridades-para-los-cambios-profundos-en-educacion/2021-08-10/110119.html

https://elinsular.cl/opinion/2021/08/11/prioridades-para-los-cambios-profundos-en-educacion/

https://www.re-vuelta.cl/2021/08/10/prioridades-para-los-cambios-profundos-en-educacion/

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Urgencia, énfasis y desafíos para la educación

La actual crisis social, política y sanitaria, tendrá consecuencias culturales. La convivencia en los hogares, en los lugares de trabajo; las relaciones de poder al interior de las instituciones complejas como las educativas y las de representación política; las formas de organización del trabajo y de las actividades productivas; la circulación de personas y mercancías por las vías de transporte tradicional; la investigación, el conocimiento, la cultura y nuestros modos de relacionarnos; todo está cambiando.

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Las instituciones educativas deberán abandonar sus viejas estructuras verticales para acoger formas de trabajo educativo más horizontales, participativos, dialogantes y consultivos ante la emergencia de la diversidad de actores

Emergerá una sociedad distinta a cómo había sido hasta comienzos de 2020, no será un amanecer ante una nueva realidad, pero si la configuración de un nuevo espacio cuyo punto de partida ha sido esta crisis sanitaria que ha acelerado unos modos de vinculación y que seguramente consolidará una nueva forma de relación social, política y cultural para una buena parte de la humanidad, pero en especial para las sociedades de desarrollo más avanzado en cada región y al interior de cada país. Lo mismo respecto de las áreas que se transformarán con mayor profundidad, siendo la educación una de las cuales tendrá los mayores retos, pues más que la incorporación de nuevas tecnologías como ocurrirá en la industria y los servicios mercantiles, financieros y de transporte, implicará un cambio cultural que tendrá nuevos énfasis y desafíos en los ámbitos curriculares, de organización institucional y de las formas de enseñar y aprender:

• Respecto de las transformaciones curriculares se hace evidente la profundización de la formación para una ciudadanía que acoja los temas globales y locales con mayor énfasis, responsabilidad y sentido colectivo. El desarrollo de conocimientos y de una toma de conciencia ante el cambio climático y la equidad de género; la valoración de la participación, de la tolerancia, del cambio y de la convivencia pacífica; el desplazamiento de la indiferencia ante el dolor, ante el egoísmo social, del individualismo por compromisos colectivos, la compasión y la solidaridad; entre otros, deberán ser los ejes del desarrollo curricular para la enseñanza y el aprendizajes de las ciencias, de las artes y de las humanidades.
• Las instituciones educativas deberán abandonar sus viejas estructuras verticales para acoger formas de trabajo educativo más horizontales, participativos, dialogantes y consultivos ante la emergencia de la diversidad de actores. Lo anterior no solamente para el espacio donde se congregan estudiantes y profesores, que ya debieran comenzar a configurarse físicamente de maneras más acogedoras y menos asociadas a formas industriales, sino que también en los cuales se delibera la formulación e implementación de las políticas públicas, especialmente en los cuales se toman las decisiones que impactan en la cotidianeidad de la vida educativa, como son las escuelas, liceos y universidades. La arquitectura piramidal tradicional será desplazada en favor de nuevos espacios multinivel que asegurarán la gobernanza del sistema y garantizarán su eficacia en el logro de sus objetivos.
• Enseñar y aprender será cada vez menos diferenciado. La pedagogía educativa que ya venía alterándose sustantivamente producto de los nuevos aportes de las ciencias y disciplinas sobre el conocimiento del ser humano y de éste y su relación con el entorno inmediato, pero que la crisis ha dado un impulso acelerador que permitirá a lo menos, profundizar dos áreas: primero, la centralidad de las y los estudiantes, como sujetos activos de los aprendizajes propios, el de sus profesores y el de la propia institución educativa; y segundo, no menos central que la anterior, la preocupación e inversión en la formación de los profesionales de la educación. En efecto, a la insuficiencia anunciada de docentes para los próximos años en ciertos niveles y disciplinas, tenemos que agregar la necesaria inversión en la formación permanente de los docentes de aula y de directivos vigentes en el sistema escolar y de las instituciones y formadores de los docentes, tanto para abordar las necesidades actuales como futuras antes enunciadas, como para instalar e incrementar mayores y necesarios niveles de coherencia entre las políticas públicas y los objetivos que la sociedad formule para que el sistema educacional los pueda cumplir de manera efectiva.

Los retos educativos para el siglo XXI se han visto revitalizados unos y han emergido otros, lo cual además de ser un desafío actual, constituye un deber abordar desde la practica escolar y académica, desde las política y la cultura, pero sobre todo, desde el seno de la profesión docente, desde la cual debiéramos no solo esperar sino que comenzar a escuchar y leer contribuciones que incrementen lo que Fullan y Hargreaves (2012) denominan “capital profesional”. Si nuestra preocupación por el bienestar de las próximas generaciones es genuina, no debiéramos discrepar en la urgencia de concretar esta inversión social ahora.

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