Elegir escuela no es elegir estudiantes. Libertad, justicia y fraternidad ante la reforma de la admisión escolar

La discusión sobre el Sistema de Admisión Escolar ha llegado a un punto en el que obliga a mirar más allá de los procedimientos. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el 5 de agosto, por 111 votos a favor, 28 en contra y una abstención, el proyecto que modifica el SAE e incorpora el denominado Mecanismo de Elección Mutua para establecimientos con sobredemanda. La iniciativa pasó ahora al Senado. La amplitud de esa votación demuestra que existe una crítica transversal al sistema actual. Pero también hace más necesaria una pregunta previa a cualquier modificación: ¿qué idea de sociedad estamos construyendo al decidir quién puede acceder a determinadas oportunidades educativas?

El SAE puede y debe perfeccionarse. Defender la inclusión no obliga a defender cada aspecto de su diseño. Existen rigideces, frustraciones familiares y situaciones que justifican correcciones. Tampoco es ilegítimo hablar de mérito, de la autonomía de los establecimientos o de la diversidad de proyectos educativos. Son bienes relevantes. El problema comienza cuando alguno de ellos se convierte en principio absoluto y termina subordinando otros bienes igualmente importantes: la igualdad de dignidad, la solidaridad y el derecho de todo niño a no ser excluido de antemano de mejores oportunidades.

Desde el Humanismo Cristiano, la persona nunca puede reducirse a sus resultados, capacidades o condiciones de origen. La Doctrina Social de la Iglesia sitúa la dignidad de cada ser humano como fundamento de la organización social y vincula inseparablemente esa dignidad con el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Aplicado a la educación, ello significa algo muy concreto: las instituciones existen para desarrollar a las personas; las personas no existen para satisfacer las exigencias selectivas de las instituciones.

Aquí aparece una distinción fundamental. Es correcto defender el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos. La subsidiariedad exige, precisamente, respetar su iniciativa, responsabilidad y capacidad de decisión. Pero de ese derecho no se desprende, de manera simétrica, que las escuelas financiadas con recursos públicos tengan el mismo derecho a escoger a las familias o estudiantes que consideren más convenientes. Elegir una escuela y elegir estudiantes son actos moralmente y socialmente distintos. El primero amplía una libertad familiar; el segundo puede restringir la oportunidad de otro.

La subsidiariedad, por tanto, no puede invocarse por separado de la solidaridad. Una sociedad que protege la libertad de elección de quienes poseen más información, mejores redes, mayor capital cultural o mejores trayectorias académicas, pero desatiende a quienes llegan en condiciones más frágiles, termina transformando una libertad legítima en una ventaja acumulativa. Y una solidaridad que solo interviene después de que se ha producido la exclusión llega demasiado tarde.

También el mérito debe situarse en este horizonte. El esfuerzo merece reconocimiento. Una buena escuela debe promover altas expectativas, responsabilidad, disciplina, estudio y excelencia. Nada de eso contradice una educación inclusiva. Pero otra cosa es utilizar el rendimiento previamente obtenido para determinar quién tiene derecho a acceder a mejores condiciones educativas.

Las notas de un niño expresan esfuerzo, ciertamente, pero también historia. Contienen los efectos de la educación inicial recibida, los libros disponibles en su hogar, el acompañamiento familiar, la estabilidad económica, la calidad de las escuelas anteriores, las oportunidades culturales e incluso el territorio en el que le correspondió crecer. La justicia social comienza precisamente cuando evitamos convertir esas desigualdades iniciales en desigualdades futuras legitimadas bajo el nombre del mérito.

Aquí hay una intuición profundamente cristiana: los talentos nunca pueden comprenderse únicamente como títulos de propiedad individual. También son una responsabilidad para los demás. La excelencia adquiere sentido social cuando contribuye al bien común, no cuando se convierte en un mecanismo para separar tempranamente a quienes consideramos más capaces de quienes estimamos menos promisorios.

Francisco recordó en Fratelli tutti que la fraternidad implica reconocer la dignidad de cada persona y construir una sociedad en la que nadie sea considerado prescindible. También advirtió que la justicia y la solidaridad no son conquistas aseguradas de una vez por todas, sino bienes que cada generación debe volver a preservar y profundizar. La escuela probablemente constituye uno de los lugares donde esa fraternidad deja de ser una abstracción. Allí, niños provenientes de mundos distintos pueden encontrarse, convivir, reconocerse y aprender que forman parte de una comunidad que los antecede y los supera.

Por eso la segregación escolar no es solamente un problema estadístico. También es un problema de fraternidad social.

La evidencia reciente merece, entonces, atención particular. Estudios presentados por el CIAE, basados en información de aproximadamente 2,7 millones de estudiantes entre 2002 y 2024, indican que la segregación escolar disminuyó cerca de un 10% entre 2015 y 2024 y alcanzó sus niveles más bajos de las últimas dos décadas. Sus investigadores son cuidadosos al señalar que este resultado corresponde a una combinación de políticas de integración, entre ellas la SEP y el SAE, y no a un único instrumento. La conclusión sensata no es declarar intocable el sistema vigente, sino preguntarse qué podríamos perder antes de alterar mecanismos que han contribuido a reducir una segregación históricamente elevada.

Los mismos investigadores han advertido ante el Congreso sobre los riesgos de las entrevistas y de los mecanismos descentralizados de selección: mayor burocracia, costos para las familias, posibles sesgos discriminatorios y, sobre todo, la incapacidad para resolver el problema principal: la insuficiente oferta educativa de calidad.

Esta última cuestión resulta decisiva. Si hay diez familias que desean ingresar a una escuela que dispone de cinco vacantes, una entrevista puede seleccionar cinco; una prueba puede ordenar diez; un algoritmo puede distribuir los cupos. Pero ninguno de esos procedimientos genera las cinco oportunidades que faltan.

La selección administra la escasez; no la resuelve.

Una política inspirada en la justicia social debería proponer algo bastante más ambicioso: que haya muchas más escuelas capaces de suscitar la confianza que hoy concentran unas pocas. Esto implica mejorar el liderazgo, los equipos docentes, la infraestructura, la convivencia, los apoyos especializados, la innovación pedagógica y las expectativas académicas. La solidaridad no consiste en repartir resignadamente oportunidades escasas entre grupos sociales distintos, sino en trabajar para que la calidad educativa deje de ser un bien escaso.

Este también es el punto en el que surge la responsabilidad del Congreso. Los parlamentarios tienen plena legitimidad democrática para ponderar la evidencia, discrepar de los especialistas y, finalmente, adoptar una decisión política. Ningún informe técnico reemplaza la deliberación democrática. El propio debate impulsado por el CIAE ha señalado precisamente que la evidencia no sustituye la decisión política, pero permite tomar decisiones con mayor conocimiento de sus consecuencias.

Desde una ética de la responsabilidad, sin embargo, conocer las posibles consecuencias modifica la obligación de quien decide. Después de escuchar evidencia sobre la segregación, la discriminación y los efectos sociales de determinados mecanismos, ya no resulta suficiente votar apelando a consignas como el mérito, la libertad, la autonomía o el fin de la “tómbola”. Todas contienen preocupaciones atendibles, pero legislar exige discernir cómo se relacionan con el bien común.

La política, entendida desde la tradición humanista cristiana, no es simplemente la administración de preferencias ni la agregación de mayorías. Es responsabilidad de la comunidad. Y esa responsabilidad es mayor cuando las decisiones afectan a quienes tienen menos capacidad para defender sus propios intereses: los niños y adolescentes, especialmente aquellos cuyas trayectorias todavía no les permiten demostrar el rendimiento, los apoyos o el capital cultural que otros ya poseen.

Por eso, podemos reformar el SAE sin convertir la reforma en una restauración de la selección. Podemos reconocer el mérito sin hacer de él una barrera de entrada. Podemos valorar la autonomía sin transformarla en un poder de exclusión. Podemos respetar la elección familiar sin abandonar la solidaridad.

En definitiva, la subsidiariedad sin solidaridad puede terminar protegiendo privilegios; la solidaridad sin libertad puede derivar en burocracia e indiferenciación. El desafío humanista consiste precisamente en mantenerlas unidas bajo la primacía de la dignidad humana y del bien común.

La educación pública encarna de manera especial ese principio. Sus escuelas pertenecen a todos porque sus puertas no fueron creadas para quienes llegan con más ventajas, sino para recibir a la diversidad de niños que conforman nuestra sociedad.

Elegir escuela no es elegir estudiantes.

Y cuando nuestros legisladores vuelvan a votar esta reforma, sería deseable que lo hicieran conscientes de que no estarán decidiendo únicamente sobre un procedimiento de admisión. También decidirán cuánto de solidaridad, fraternidad y justicia social queremos conservar en la escuela que compartimos.

La disputa por la matrícula universitaria en la Región de Los Lagos

La evolución reciente de la matrícula universitaria en la Región de Los Lagos permite discutir algo mucho más importante que el tamaño de cada institución. Los datos muestran una transformación del sistema universitario regional, en la que algunas instituciones crecen, otras retroceden, y Puerto Montt consolida su condición de principal polo universitario, mientras una proporción significativa de jóvenes continúa buscando fuera de la región aquello que esperan de la educación superior.

El informe "La Región de Los Lagos", elaborado por Mind the Context a partir de registros de educación superior, admisión y antecedentes escolares, identifica seis universidades ubicadas en 10 sedes. Cuatro aparecen en retirada y seis permanecen activas en el universo analizado. Entre estas últimas, destacan, con estrategias distintas, la Universidad San Sebastián, la Universidad Austral de Chile, la Universidad Santo Tomás y la Universidad de Los Lagos, en sus respectivos emplazamientos territoriales. El reporte muestra, además, que cinco de las seis sedes activas registran un crecimiento reciente.

No se trata de un fenómeno exclusivamente regional. El informe SIES 2026 señala que la matrícula de pregrado del país volvió a alcanzar un máximo histórico, creciendo 3,5% respecto de 2025. En las universidades, el incremento fue de 3,7%, aunque con diferencias relevantes: las privadas no pertenecientes al CRUCh crecieron 4,5%; las privadas del CRUCh, 3,5%; y las estatales, 2,5%. La competencia por estudiantes constituye, por tanto, una característica estructural de un sistema que continúa expandiéndose y diferenciándose.

En Los Lagos, la Universidad San Sebastián aparece en el informe como la institución con mayor matrícula universitaria del universo estudiado, con 6.812 estudiantes en 2025, mientras que la Universidad de Los Lagos posee la oferta más extensa, con 29 carreras conducentes a licenciatura consideradas por el reporte. La diferencia es relevante: la amplitud de la oferta y la capacidad de captación no son necesariamente iguales.

El informe principal muestra la magnitud del desafío. Entre 2021 y 2025, las universidades de Los Lagos inscribieron a 17.333 nuevos estudiantes, sin importar su origen. Durante ese mismo período, 24.164 egresados de la enseñanza media regional ingresaron directamente a universidades en todo el país. La tasa de captación es de 0,72: por cada 10 egresados regionales que ingresan a la universidad, las instituciones en Los Lagos matriculan a 7,2. La región genera más estudiantes universitarios de los que logra captar. Entre 2021 y 2025, cerca del 60% de los jóvenes de Los Lagos que ingresaron a la universidad permanecieron en ella, mientras que el 40% estudió fuera. En 2025, la permanencia aumentó al 64%. Muchos emigran hacia Los Ríos y la Región Metropolitana. Un 25% estudia carreras que no existen en la región, y otro 12% se va incluso con carreras disponibles en Los Lagos, optando por sedes menos selectivas.

Esta distinción es fundamental. Parte de la migración responde a vacíos en la oferta educativa; otra se relaciona con cuestiones más complejas, como la reputación institucional, las expectativas profesionales, las características de la experiencia universitaria, el atractivo de las ciudades, las redes familiares y las posibilidades económicas. Además, existe una dimensión de desigualdad: quienes emigran tienen una mediana de PAES 94 puntos superior a la de quienes permanecen, y el 22% proviene de instituciones particulares pagadas, en comparación con el 4% entre quienes se quedan. La movilidad universitaria no depende solo de preferencias; estudiar en Santiago, Valdivia o Concepción requiere recursos económicos y sociales desigualmente distribuidos. Por eso, fortalecer una universidad pública regional también implica considerar la equidad. Sin embargo, no basta con ofrecer esa opción solo a quienes no pueden salir; el desafío es que una universidad estatal regional también sea la preferida por quienes tienen múltiples alternativas.

Los resultados de puntaje deben interpretarse con mucho cuidado. Entre los estudiantes que rindieron la PAES en 2023-2025, las medianas de las sedes analizadas oscilaron entre 563 y 609 puntos, con muchas superposiciones. El propio informe señala que estas cifras no son indicadores de calidad. Además, reflejan una situación previa a los cambios significativos de 2026. Ese año, la Universidad de Los Lagos comenzó a ofrecer Medicina y Medicina Veterinaria en Osorno, y Química y Farmacia en Puerto Montt. Medicina recibió 1.783 postulaciones para 30 cupos, con un puntaje de corte de 899,8; Medicina Veterinaria recibió 230 postulaciones en primera opción. En total, ULagos admitió 3.380 nuevos estudiantes en 2026. Aunque aún no se puede hablar de una tendencia definitiva, estos datos sugieren que la composición y la capacidad de atracción de la universidad están empezando a cambiar.

La dimensión territorial sigue siendo, probablemente, la cuestión más importante. El reporte identifica dos mercados universitarios claramente diferenciados. Puerto Montt concentró 11.870 entrantes entre 2021 y 2025, lo que representa el 68% de la región, y retuvo al 67% de sus estudiantes. Osorno reunió 4.935 entrantes (28%), pero retuvo solo el 46%. Esto obliga a dejar de lado las estrategias uniformes. Puerto Montt necesita expandirse, posicionarse y diferenciarse en el principal mercado universitario regional. En ese contexto, el proyecto del nuevo Campus de Salud, Ingeniería y Artes, que atenderá a más de 3.100 estudiantes y aumentará la presencia pública en la capital regional, cobra especial relevancia. Osorno enfrenta un desafío distinto: recuperar su capacidad de atracción. La apertura de Medicina y de Medicina Veterinaria parece avanzar en esa dirección, fortaleciendo áreas de alta demanda y relacionadas con las necesidades regionales. Sin embargo, será importante observar si estos buenos resultados iniciales se extienden a otras carreras y fortalecen todo el campus. Chiloé plantea una lógica distinta, en la que la presencia universitaria pública también debe evaluarse por su contribución a la equidad territorial, a la generación de capacidades locales y a la posibilidad de desarrollar conocimiento desde un territorio insular.

Las acciones de atracción también están cambiando. Durante agosto, ULagos 360 reunió a más de 9.500 estudiantes de enseñanza media provenientes de más de 190 establecimientos en Osorno, Puerto Montt y Chiloé. Estas actividades no garantizan la matrícula futura, pero muestran algo relevante: que la competencia por estudiantes comienza mucho antes del período oficial de postulaciones; se construye mediante la presencia territorial, la experiencia institucional, la orientación vocacional, la reputación y el contacto directo con las comunidades escolares. El desafío para la Universidad de Los Lagos no consiste, entonces, simplemente en aumentar la matrícula, sino en transformar su condición de universidad estatal y regional en una ventaja académica reconocible con una oferta pertinente y diferenciada, investigación vinculada a los problemas regionales, buenas trayectorias estudiantiles, infraestructura adecuada, empleabilidad, experiencia universitaria y una relación temprana y sostenida con los futuros estudiantes.

Los datos de Mind the Context no constituyen un ranking de calidad y sus autores señalan que el informe aún está en revisión. Su utilidad principal no es clasificar, sino mostrar las decisiones efectivas de los estudiantes y cuestionar por qué algunos permanecen y otros se van. En Los Lagos, la competencia universitaria se da tanto entre instituciones como entre territorios y proyectos futuros. Para la Universidad de Los Lagos, el reto principal será que estudiar en la universidad pública regional deje de ser solo una opción para quienes necesitan quedarse y pase a ser una decisión académica consciente para quienes quieren hacerlo.

^{Fuente principal: Mind the Context. (2026). "La Región de Los Lagos. Educación universitaria en Chile: reporte regional", elaborado a partir de registros de educación superior, de admisión y de antecedentes escolares. El reporte es presentado por sus autores como un documento en revisión.}

^{Publicado en}

^{https://opinion.cooperativa.cl/opinion/regiones/la-disputa-por-la-matricula-universitaria-en-la-region-de-los-lagos/2026-08-20/075756.html}

^{https://www.ulagos.cl/opinionulagos/la-disputa-por-la-matricula-universitaria-en-la-region-de-los-lagos/}

^{https://elquintopoder.cl/educacion/la-disputa-por-la-matricula-universitaria-en-la-region-de-los-lagos/}

Apuestas en línea: regulación, vulnerabilidad y bien común

La decisión del Servicio de Impuestos Internos de exigir el pago del IVA a las plataformas extranjeras de apuestas en línea ha generado un fuerte debate entre el Gobierno, la oposición, los casinos presenciales y las empresas digitales. Algunos lo ven como una medida tributaria, mientras que otros denuncian una regularización encubierta de una actividad que aún está en discusión legislativa. Sin embargo, tras esta controversia administrativa se esconde una cuestión mucho más profunda que rara vez se discute: ¿qué juicio ético corresponde a una industria cuyo éxito económico depende de que millones de personas pierdan dinero al apostar? La pregunta puede parecer incómoda, especialmente en una época en la que la política tiende a abordar los problemas desde una lógica de gestión en lugar de reflexionar sobre los fines de la vida colectiva. Sin embargo, esa es precisamente la responsabilidad de la deliberación democrática. Antes de preguntarnos cómo regular una actividad, deberíamos plantearnos si esta realmente contribuye al desarrollo humano y al bien común.

Lo notable es que gran parte del debate parlamentario se ha visto atrapada entre dos posiciones igualmente insuficientes. Por un lado, los que creen que la regulación es necesaria para gestionar una realidad ya presente, recaudar impuestos y prevenir delitos relacionados, como el lavado de dinero; por otro, los que rechazan las medidas administrativas del gobierno por considerarlas una forma indirecta de legalización. Ambos argumentos tienen puntos válidos, pero ninguno aborda la cuestión principal, porque la verdadera pregunta no es si las apuestas existen (lo cual es evidente) ni si generan ingresos fiscales (seguramente sí); la cuestión clave es si el Estado debe actuar como garante de una actividad que obtiene beneficios a partir de la pérdida económica de sus propios usuarios.

Esta cuestión cobra especial relevancia al observar la naturaleza de las plataformas digitales contemporáneas, pues no estamos ante el antiguo juego ocasional asociado a espacios físicos delimitados, sino que las apuestas en línea operan mediante sistemas algorítmicos diseñados para maximizar la permanencia del usuario, incentivar nuevas apuestas y reducir las pausas de reflexión; operan las veinticuatro horas del día, desde cualquier teléfono móvil, utilizando mecanismos conductuales muy similares a los empleados por redes sociales y otras plataformas digitales que compiten por la atención humana. En consecuencia, el debate sobre las apuestas ya no puede entenderse únicamente como una discusión sobre la libertad económica, sino también como una discusión sobre la salud mental, la protección de los consumidores, el endeudamiento de los hogares y la creciente mercantilización de las vulnerabilidades humanas.

Resulta paradójico que una sociedad preocupada por la ansiedad, la depresión juvenil, el sobreendeudamiento y las conductas adictivas vea en la expansión regulada de una industria que precisamente se nutre de esas vulnerabilidades un avance. Además, la actual controversia revela una tensión que la política chilena no logra resolver: durante años, varias autoridades argumentaron que estas plataformas operaban en un vacío legal o en situación ilícita, pero ahora la discusión se desplaza rápidamente hacia la tributación en lugar de la ilegalidad, olvidando que pagar impuestos no hace que una actividad sea socialmente aceptable automáticamente, y la historia muestra que existen actividades legales, reguladas y gravadas que aún generan costos sociales importantes.

En realidad, la controversia actual trasciende el ámbito tributario. La resolución del Servicio de Impuestos Internos evidencia una tensión institucional más profunda, pues mientras diversos fallos judiciales y organismos públicos cuestionan la legalidad de las plataformas de apuestas en línea, el Estado, a través de su administración tributaria, crea mecanismos para gravar dichas operaciones. El debate reciente se ha centrado en esta aparente contradicción, en la que algunos sostienen que cobrar impuestos no legaliza una actividad, mientras que otros señalan que todo reconocimiento tributario implica, en cierta medida, reconocimiento público. Independientemente de qué interpretación predomine, la discusión pone de manifiesto una interrogante sin resolver en el sistema político: ¿puede el Estado recaudar de una actividad cuya legitimidad jurídica y social aún genera controversia?

Antes de preguntarnos cómo regular una actividad, deberíamos plantearnos si esta realmente contribuye al desarrollo humano y al bien común

La pregunta cobra especial importancia porque las decisiones regulatorias nunca son completamente neutrales. Toda legislación y toda política pública reflejan una visión particular de la sociedad, la libertad y los límites que una comunidad acepta para proteger los bienes colectivos. Por eso, el debate sobre las apuestas en línea no debe limitarse a discutir licencias, impuestos o competencias administrativas, porque lo que realmente está en juego es la concepción de desarrollo humano que guía nuestras decisiones públicas. Una democracia madura no solo debe preguntar qué actividades pueden ser reguladas, sino también cuáles aportan realmente al bienestar común y cuáles, en cambio, aumentan la vulnerabilidad o la dependencia, o crean falsas expectativas de enriquecimiento fácil.

Quizá esta polémica sea una oportunidad para recuperar una dimensión de la política democrática que a menudo se pasa por alto: reflexionar sobre sus objetivos, no solo sobre los medios. Las sociedades no se definen únicamente por la eficiencia de sus mecanismos regulatorios o por la recaudación de impuestos, sino también por las actividades que consideran dignas de reconocimiento público y por los valores que promueven entre sus miembros. En este contexto, el debate sobre las apuestas en línea va mucho más allá de cuestiones fiscales o administrativas, ya que entre una sociedad que fomenta el trabajo, la educación, el esfuerzo, la innovación y la construcción paulatina de proyectos de vida y otra que normaliza crecientemente la expectativa de obtener beneficios rápidos mediante el azar, existe una profunda diferencia cultural. No se trata de negar la libertad individual ni de desconocer que los juegos de azar han formado parte de la historia de las comunidades humanas; se trata, más bien, de cuestionarse qué ideas de éxito, movilidad social y realización personal se legitiman cuando ciertas actividades reciben reconocimiento institucional y aprobación pública.

Como señaló Michael Sandel, una de las preguntas clave en toda democracia es qué bienes pueden dejarse a la lógica del mercado y cuáles requieren una evaluación ética que considere su impacto en la vida en común. Asimismo, Hannah Arendt advertía que la política pierde su densidad democrática cuando deja de deliberar sobre el mundo compartido y se limita a gestionar procesos e intereses de manera eficiente. Desde esta perspectiva, el debate sobre las apuestas en línea no puede reducirse únicamente a la legalidad de una plataforma ni a la cantidad de impuestos que pueda aportar al Estado. La cuestión principal es si una democracia debe mantenerse neutral frente a actividades que generan ganancias precisamente a partir de la expectativa de pérdida de la mayoría de sus usuarios. Porque, en definitiva, toda regulación expresa una concepción determinada de la persona y de la sociedad. Y es en esa elección —a menudo implícita, pero siempre trascendente— donde se juega no solo la calidad de nuestras instituciones, sino también la calidad moral de nuestra convivencia democrática y la responsabilidad intergeneracional respecto del país que estamos construyendo.

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https://elquintopoder.cl/politica/apuestas-en-linea-regulacion-vulnerabilidad-y-bien-comun/

La escuela pública no tiene dueños. Selección escolar y futuro de la educación pública en Chiloé

La discusión sobre la posibilidad de reintroducir mecanismos de selección en la admisión escolar suele presentarse como un debate técnico: cómo asignar cupos, cómo reconocer el mérito, cómo atender las preferencias familiares o cómo resolver la sobredemanda en ciertos establecimientos. Sin embargo, lo que está en juego es la propia definición de la educación pública y, en particular, quién tiene derecho a acceder a ella.

Esta pregunta adquiere una importancia especial en Chiloé, donde la gran mayoría de niños y jóvenes se educa en establecimientos públicos ubicados en ciudades, pequeñas localidades, sectores rurales e islas interiores. En muchos de esos lugares, la escuela o el liceo no es simplemente una alternativa educativa, sino una de las instituciones centrales de la comunidad, un espacio de encuentro, de continuidad territorial, de movilidad social y de presencia efectiva del Estado.

Por eso conviene afirmar desde el comienzo un principio que debiera anteceder cualquier discusión sobre algoritmos o modalidades de admisión: la escuela pública pertenece a todos precisamente porque no tiene propietarios sociales de sus vacantes. Sus cupos no pertenecen al director, a los docentes, a quienes ya estudian allí, a determinados barrios ni a las familias con mejores resultados académicos. Son oportunidades educativas financiadas por toda la sociedad y destinadas a garantizar un derecho.

Las familias, naturalmente, deben poder expresar sus preferencias y buscar el establecimiento que consideren más adecuado para sus hijos. Muy distinta es la situación cuando se concede a una institución pública la facultad de escoger qué estudiantes considera más apropiados, meritorios o compatibles con su ingreso. En ese momento, la escuela deja de limitarse a organizar una comunidad educativa y comienza a clasificar a quienes tienen derecho a integrarla.

Chile ya conoce esa historia. Durante décadas, distintos establecimientos seleccionaron mediante pruebas, entrevistas a las familias, observación de los niños, antecedentes escolares, exigencias económicas indirectas o criterios vinculados a la supuesta adhesión al proyecto educativo. El problema no fue solamente la arbitrariedad evidente; también operaron filtros aparentemente neutrales que, en la práctica, favorecían a quienes disponían de mayor capital cultural, mejores condiciones familiares, mayor información o trayectorias escolares más exitosas.

La idea de que ciertas escuelas pueden reservarse para determinados estudiantes conlleva un riesgo especialmente grave cuando se pretende justificar la selección por mérito. La educación pública no puede renunciar a la excelencia, al esfuerzo ni a las altas expectativas; pero una cosa es valorar el desempeño una vez que el estudiante está dentro del sistema y otra muy distinta es utilizar su rendimiento previo como barrera de entrada a mejores oportunidades. En especial durante la infancia y la adolescencia, los resultados académicos reflejan no solo el esfuerzo individual, sino también las desigualdades de origen: condiciones familiares, acceso temprano a la lectura, calidad de la educación inicial, conectividad, transporte, tiempo disponible en el hogar y múltiples factores que los niños no controlan. Por ello, convertir esas diferencias iniciales en criterios de admisión puede terminar por premiar como mérito lo que muchas veces constituye una ventaja acumulada.

En un territorio como Chiloé, además, la selección podría producir efectos especialmente complejos, ya que los establecimientos más demandados tienden a concentrar a estudiantes con mejores trayectorias escolares y mayor asistencia, así como a familias con más información y mejores condiciones para acompañar sus procesos educativos. Otros establecimientos, en cambio, reciben proporcionalmente a quienes enfrentan mayores dificultades académicas, sociales o familiares. Con el tiempo, este proceso puede convertirse en un círculo vicioso, donde las escuelas que seleccionan a estudiantes con mejores condiciones obtienen resultados más altos; esos resultados aumentan su prestigio; el prestigio eleva la demanda; y la mayor demanda amplía su capacidad de elección. En el extremo opuesto, los establecimientos que concentran los mayores desafíos registran resultados más bajos, pierden reputación y pueden comenzar a ser evitados por algunas familias.

Así se construye una jerarquía escolar que posteriormente atribuimos exclusivamente a la calidad de las instituciones, cuando una parte de sus resultados deriva simplemente de quiénes fueron admitidos en cada una. La verdadera excelencia pública no consiste en seleccionar a quienes tienen mayores probabilidades de éxito, sino en demostrar cuánto puede hacer una escuela con los estudiantes a quienes la sociedad le confía. Un establecimiento de excelencia es aquel que logra desarrollar talentos, superar dificultades, reducir brechas, ampliar horizontes y acompañar trayectorias diversas. Seleccionar a los mejores antes de comenzar el proceso educativo puede mejorar los indicadores, pero no necesariamente demuestra una mayor capacidad pedagógica.

La cuestión también tiene una consecuencia social a largo plazo. La escuela no solo distribuye aprendizajes, sino que también genera experiencias de convivencia. Allí, los niños conocen a personas distintas, aprenden a colaborar con otros y descubren que pertenecen a una comunidad más amplia que su familia o su grupo de origen. En Chiloé, territorio históricamente construido sobre fuertes vínculos comunitarios y la pertenencia local, esta dimensión no es menor. Si comenzamos a distribuir tempranamente a los estudiantes en circuitos escolares diferenciados según el rendimiento, el origen familiar o la capacidad de elección, disminuyen las experiencias compartidas entre grupos diversos. La desigualdad educativa comienza entonces a convertirse en una brecha social.

Una sociedad que separa tempranamente a sus niños termina enseñándoles, incluso sin proponérselo, que existen distintos circuitos de oportunidades para distintas personas. Por eso la respuesta frente a los problemas actuales de admisión no debiera ser restaurar la selección, sino fortalecer la calidad del conjunto del sistema de educación pública. Si determinadas escuelas concentran en exceso la demanda, el objetivo estratégico debería ser contar con muchas más escuelas y liceos capaces de generar confianza en las familias. Eso exige mejorar la infraestructura, la estabilidad de los equipos docentes, el liderazgo directivo, el transporte escolar, los apoyos especializados, la innovación pedagógica, la convivencia y las oportunidades formativas. La solución no puede consistir en gestionar mejor la escasez de establecimientos prestigiosos, sino en reducirla progresivamente.

Por supuesto, el sistema de admisión actual puede mejorarse. Se pueden revisar sus aspectos rígidos, facilitar la comprensión, ampliar la información para las familias y encontrar soluciones equitativas para las instituciones con alta demanda. Sin embargo, hay una frontera que la educación pública no debería cruzar: permitir que una entidad estatal decida qué niños merecen acceder a mejores oportunidades educativas. Los estudiantes difieren en habilidades, intereses, talentos, dificultades y trayectorias. Por eso existe la educación, para potenciar esas diferencias, no para usarlas como criterio anticipado para distribuir oportunidades.

La escuela pública pertenece a todos precisamente porque no tiene propietarios sociales de sus vacantes. Esa afirmación contiene mucho más que una simple regla de admisión. Expresa una idea específica de sociedad: una comunidad en la que el lugar de nacimiento, los recursos culturales de la familia o el rendimiento alcanzado a determinada edad no definan de forma prematura las oportunidades futuras.

En Chiloé, donde la educación pública continúa siendo uno de los principales espacios de integración social y territorial, defender ese principio no significa solo proteger un mecanismo de ingreso. Significa preservar una institución común. Y, finalmente, defender la posibilidad de que la escuela siga siendo uno de los pocos lugares donde todos tienen, verdaderamente, derecho a entrar.

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https://elinsular.cl/2026/08/10/la-escuela-publica-no-tiene-duenos-seleccion-escolar-y-futuro-de-la-educacion-publica-en-chiloe/

La educación pública entre la estrategia y la realidad

La modificación de la Estrategia Nacional de Educación Pública 2020–2028 mantiene sus cinco objetivos originales, pero reorganiza su estructura: ahora cuenta con 21 líneas de acción, 26 indicadores y metas y redefine las responsabilidades entre los diferentes actores, como los establecimientos, los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y la Dirección de Educación Pública (DEP). Además, destaca aspectos como la salud mental, las trayectorias educativas, la innovación, la infraestructura y la sostenibilidad financiera. Pero la cuestión no es si la nueva ENEP está mejor formulada, sino si cuenta con las prioridades y los recursos necesarios para transformar una realidad educativa compleja; la respuesta está marcada por tensiones.

La primera tensión surge de la brecha entre la amplitud estratégica y la ejecución. La actualización fue tramitada en julio de 2026, pero mantiene como horizonte 2028. Hay dos años para traducir una arquitectura extensa en planes territoriales, presupuestos y resultados verificables. El problema no es la ambición, sino la falta de jerarquización. Cuando aprendizajes, convivencia, asistencia, innovación, liderazgo, infraestructura y equilibrio financiero aparecen como prioridades simultáneas, es difícil determinar qué resolver primero y quién responde por los incumplimientos. Una política integral necesita secuencia, focalización y responsabilidades inequívocas.

 La segunda tensión se relaciona con el núcleo pedagógico. La ENEP acierta al enfatizar la gestión curricular y los aprendizajes esenciales, pero los rezagos son desiguales. El Simce 2024 mostró avances en cuarto básico, con 278 puntos en Lectura y 264 en Matemática; sin embargo, en sexto básico, Matemática descendió de 251 puntos en 2018 a 245 en 2024, mientras que en segundo medio los cambios no fueron significativos. En Lectura de segundo medio, el promedio nacional fue de 249 puntos, frente a 236 en el sector público y 234 en los SLEP. Se requiere identificar niveles y territorios rezagados y vincular el apoyo técnico con cambios en la enseñanza.

 La tercera tensión consiste en confundir la permanencia administrativa con la trayectoria educativa efectiva. La matrícula no garantiza asistencia ni aprendizaje. En 2025, solo seis de los 26 SLEP activos superaban la asistencia promedio nacional de 86,53%; Atacama registraba 82% y Barrancas menos de 85%. Diez servicios presentaban tasas de desvinculación superiores al promedio nacional, mientras que la revinculación alcanzaba el 40,76%, con algunos territorios por debajo del 30%. Aunque la ENEP incorpora el monitoreo, existe el riesgo de reducirlo a alertas y tableros, sin intervenir en causas como el transporte, la salud mental, la violencia, la pobreza, el trabajo juvenil o la pérdida de sentido escolar. El dato identifica la interrupción, pero no la resuelve.

 La cuarta tensión es territorial. Cerca del 68% de los estudiantes de los SLEP son prioritarios y un 22% participa en el Programa de Integración Escolar. Alrededor del 10% de su matrícula corresponde a zonas rurales, pero en el sector municipal, aún no transferido, esa proporción se aproxima al 20%. Las próximas etapas incorporarán territorios con mayores costos, menor densidad estudiantil, dificultades de dotación y brechas de conectividad. Aplicar metas homogéneas sin considerar la ruralidad, el aislamiento, la composición social, la migración, la pertenencia indígena, la educación especial o la de adultos puede producir comparaciones formales, pero injustas. La adaptación territorial debe traducirse en financiamiento diferenciado, dotaciones pertinentes y criterios de evaluación sensibles a las condiciones locales.

 La quinta tensión corresponde a la gobernanza. Desde enero de 2026 funcionan 36 SLEP, responsables de más de 640 mil estudiantes y párvulos, de tres mil establecimientos y de cerca de 118 mil trabajadores. La superposición de funciones, la lentitud administrativa y la fragilidad de los equipos intermedios afectan el apoyo pedagógico, los insumos, los reemplazos y la capacidad directiva para resolver problemas cotidianos. El Consejo Evaluador ha advertido de confusiones entre los establecimientos, el SLEP y la DEP. La descentralización solo agrega valor cuando transfiere capacidad real de decisión; de lo contrario, reemplaza la dependencia municipal por una cadena burocrática más extensa, pero no más eficaz.

 La sexta tensión es material. La estrategia propone una planificación plurianual, el mantenimiento preventivo y mejores estándares de seguridad y habitabilidad. No obstante, el catastro nacional evaluó 4.765 de aproximadamente siete mil locales y constató deterioro riesgoso en el 40% y daños graves en el 3%. Baños y patios figuran entre los espacios más afectados, junto con fallas eléctricas, cortes de agua, problemas sanitarios, rebalses de fosas sépticas y daños estructurales. La infraestructura condiciona la asistencia, la dignidad y las oportunidades pedagógicas. Exigir calidad sin garantizar condiciones mínimas equivale a pedir mejores resultados a comunidades que atienden necesidades elementales.

 La séptima tensión es financiera. El Consejo Evaluador estimó para 2025 un déficit de 250 mil millones de pesos en gastos de personal, equivalente al 16% de la operación de los SLEP. Sin embargo, atribuyó siete puntos porcentuales a licencias médicas de FONASA que los servicios públicos no pueden recuperar; descontado ese factor, el déficit estructural se aproximaría al 9%, sin considerar reemplazos. Parte de la brecha puede atribuirse a sobredotaciones o a problemas de gestión, pero otra proviene de las reglas de financiamiento y del diseño institucional. Presentar el equilibrio presupuestario como mera consecuencia de una mejor administración podría derivar en reducciones de personal que debiliten capacidades esenciales, especialmente en la ruralidad, la educación parvularia y la inclusión.

 La octava tensión se refiere a la validez de los indicadores. Observar aulas no demuestra que la retroalimentación mejore la enseñanza; aplicar instrumentos socioemocionales no acredita un mayor bienestar; ejecutar acciones de un Plan de Mejoramiento Educativo no equivale a transformar prácticas; y reducir reclamos no significa que los problemas hayan desaparecido. Cada indicador debe representar el fenómeno que pretende medir, contar con una línea de base comparable y distinguir entre cumplimiento administrativo, resultado e impacto. De lo contrario, el sistema puede mostrar un alto desempeño mientras las escuelas enfrentan las mismas dificultades.

 La ENEP actualizada es más completa y, en términos conceptuales, más consistente que su versión original. Pero su prueba no será la coherencia del decreto, sino la capacidad del Estado para priorizar, financiar y ejecutar. La educación pública no mejorará por disponer de más líneas de acción, sino cuando estas se traduzcan en una mejor enseñanza, asistencia regular, liderazgo con autonomía, infraestructura digna y apoyo oportuno a comunidades diversas. La distancia que importa cerrar no es la existente entre la ENEP de 2020 y la de 2026, sino la que separa la estrategia escrita de la experiencia cotidiana de quienes enseñan y aprenden en la educación pública.

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https://opinion.cooperativa.cl/opinion/educacion/la-educacion-publica-entre-la-estrategia-y-la-realidad/2026-07-27/061716.html

https://elinsular.cl/2026/07/27/la-educacion-publica-entre-la-estrategia-y-la-realidad/

https://elquintopoder.cl/educacion/la-educacion-publica-entre-la-estrategia-y-la-realidad/