La formación técnico-profesional es una decisión sobre el futuro de Chiloé. Debe ampliar las capacidades de sus habitantes para que contribuyan al desarrollo del archipiélago, accedan a empleos dignos y mantengan formas de vida ligadas a su patrimonio natural y cultural. Por ello, articular los liceos técnicos con la educación superior requiere una perspectiva que vaya más allá de la mera continuidad administrativa entre ambos niveles. Propongo construir un modelo territorial de formación técnico-profesional basado en cuatro fundamentos: pertinencia territorial, progresión de los aprendizajes, equidad en el acceso y gobernanza compartida.
El primer fundamento consiste en reconocer el territorio como criterio para la toma de decisiones educativas. La insularidad, la dispersión de los asentamientos y las diferencias en la conectividad entre las comunas condicionan las oportunidades de estudio y trabajo. Estas condiciones deben orientar la organización de la oferta, sus modalidades y los apoyos que brinda. Un diseño pensado desde la concentración urbana difícilmente responderá, sin adaptaciones, a las experiencias de quienes viven en sectores rurales y en las islas del archipiélago. Para que sea pertinente, es necesario comprender cómo se relacionan la educación, la movilidad, el trabajo y la vida comunitaria.
Esta perspectiva también exige un análisis crítico de la estructura productiva. La acuicultura, la pesca artesanal, la agricultura, el turismo y los servicios son ámbitos relevantes para la formación, pero sus demandas inmediatas no deben determinar por sí solas el horizonte educativo. La formación técnica debe ayudar a diversificar la economía, a agregar valor a la producción local y a abordar los problemas ambientales. Desarrollar capacidades para procesar alimentos, mejorar la eficiencia energética o gestionar el patrimonio tiene sentido cuando responde a necesidades identificadas en el territorio y a proyectos colectivos de bienestar.
Un modelo propio requiere, entonces, un diagnóstico provincial que relacione la oferta educativa con las condiciones del empleo y las aspiraciones de las comunidades. Debe reconocer los conocimientos de pescadores artesanales, agricultores y otros actores locales, poniéndolos en diálogo con el conocimiento científico y tecnológico. Esta relación permite pensar la innovación desde los problemas concretos de Chiloé, evitando tanto la idealización de las prácticas tradicionales como la adopción acrítica de soluciones externas.
El segundo fundamento es asegurar la progresión de los aprendizajes. La educación media técnico-profesional debe brindar una formación valiosa por sí misma y abrir posibilidades reales de continuidad. Al ingresar a la educación superior, los aprendizajes previos de cada persona deben evaluarse y reconocerse con criterios explícitos. Obligarla a repetir contenidos que ya domina prolonga sus estudios, eleva sus costos y resta sentido a su trayectoria. Reconocer esos aprendizajes requiere salvaguardar la calidad y verificar que cuente con las bases necesarias para avanzar. El Marco de Cualificaciones Técnico-Profesional ofrece una referencia para construir un lenguaje común entre las instituciones y su uso debe traducirse en acuerdos curriculares, evaluaciones transparentes y apoyos académicos. El desafío es definir trayectorias comprensibles, con requisitos conocidos y mecanismos verificables para reconocer los aprendizajes, incluidos los adquiridos en el trabajo. Los convenios solo serán relevantes si transforman efectivamente la experiencia formativa de las personas.
El tercer fundamento es la equidad territorial. Una trayectoria formalmente disponible puede resultar inaccesible si exige desplazamientos costosos, vivir fuera de la comuna o compatibilizar los estudios con responsabilidades laborales y familiares. En un archipiélago, la igualdad de oportunidades requiere apoyos diferenciados según las condiciones de origen. Las alternativas de organización horaria, los recursos de aprendizaje y los apoyos de transporte o de residencia deben evaluarse junto con la oferta académica, no después de definirla. La equidad también implica acompañar las transiciones educativas. Reconocer competencias técnicas sin fortalecer los aprendizajes científicos, la comprensión lectora y las capacidades digitales puede trasladar las dificultades a etapas posteriores. Se requieren mecanismos de diagnóstico y de formación complementaria que respondan a trayectorias diversas. Asimismo, es necesario examinar las barreras que enfrentan las mujeres para ingresar a especialidades masculinizadas y las que enfrentan las personas trabajadoras para retomar sus estudios.
El cuarto fundamento es una gobernanza compartida y responsable. Ninguna institución puede construir por sí sola un sistema territorial de formación; para ello, se requiere una coordinación permanente entre liceos, instituciones de educación superior, municipios, servicios públicos, trabajadores, empresas y organizaciones comunitarias. Su legitimidad dependerá de su capacidad para incorporar distintas perspectivas y convertirlas en compromisos verificables. La participación de cooperativas, pequeñas empresas y organizaciones de la pesca artesanal y de la agricultura familiar es necesaria para que las prioridades reflejen la diversidad económica y social del archipiélago. Esta gobernanza debe vincular las decisiones con los recursos y con la evaluación. En una primera etapa, se podrían identificar dos o tres áreas prioritarias y desarrollar experiencias piloto de articulación curricular y de aprendizaje práctico. Las prácticas deben contar con objetivos pedagógicos, supervisión y condiciones que protejan a los estudiantes. La evaluación tendría que considerar la continuidad de los estudios, los aprendizajes reconocidos, la titulación, la calidad del empleo y las diferencias entre las comunas. También debería examinar si las iniciativas fortalecen las capacidades locales y contribuyen al cuidado del territorio. Medir únicamente la matrícula o la inserción laboral ofrecería una comprensión insuficiente de los resultados.
El futuro de Chiloé requiere autoridades capaces de imaginar alternativas, proponer soluciones y sostener acuerdos que trasciendan la contingencia. Cuando el ejercicio del cargo se limita a atender lo inmediato y dejar pasar los meses, la responsabilidad pública pierde su capacidad de transformar. La falta de iniciativa tiene consecuencias: posterga respuestas, desaprovecha las capacidades locales y reduce las oportunidades de las nuevas generaciones. Construir un modelo territorial de formación técnica exige creatividad institucional, conocimiento del archipiélago y voluntad de actuar. Quienes ejercen autoridad deben responder tanto por las oportunidades de desarrollo que ayudan a abrir como por aquellas que su pasividad deja escapar.
Publicado en
https://elinsular.cl/2026/10/27/chiloe-necesita-un-modelo-propio-de-formacion-tecnica/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario