La propuesta de dejar sin financiamiento las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones de Junaeb, política históricamente conocida como “Yo Elijo mi PC”, se ha justificado con base en sus evaluaciones desfavorables. El argumento es atendible porque si una política utiliza recursos públicos, debe demostrar resultados. Sin embargo, una decisión responsable también exige preguntarse si se evaluaron todas las dimensiones socialmente relevantes, especialmente en un territorio rural e insular como el de Chiloé.
La evaluación de impacto realizada por la Dirección de Presupuestos para las cohortes de 2015, 2016 y 2017 no encontró efectos estadísticamente significativos en las calificaciones, los resultados del SIMCE ni en la asistencia escolar, desde séptimo básico hasta segundo medio. Tampoco se identificaron efectos en los indicadores disponibles de motivación, perseverancia y uso de tecnologías con fines de estudio. Estos resultados deben reconocerse con claridad, ya que la entrega de un computador, por sí sola, no garantiza mejores aprendizajes. No obstante, la misma evaluación señala importantes limitaciones, como la falta de una línea de base que permitiera identificar la brecha digital de cada estudiante. La metodología estimó los efectos entre quienes se encontraban cerca del puntaje de corte utilizado para asignar el beneficio; por ello, sus conclusiones no son directamente extrapolables al conjunto de estudiantes. Además, se analizaron cohortes anteriores a la pandemia y, por tanto, a la expansión de la educación remota, de los trámites digitales y del uso cotidiano de plataformas para estudiar, trabajar y relacionarse con el Estado.
Según los datos del Censo 2024 sistematizados por la Biblioteca del Congreso Nacional, aproximadamente el 44,5 % de la población de las diez comunas de la provincia reside en áreas rurales. La ruralidad alcanza el 100 % en Curaco de Vélez y Puqueldón; supera el 70 % en Quemchi y el 50 % en Chonchi, Dalcahue, Queilen y Quinchao. Incluso Castro, Ancud y Quellón reúnen numerosos sectores rurales, costeros e insulares alejados de sus centros urbanos. En estos lugares, tener cobertura no implica necesariamente contar con una conexión estable, suficiente y asequible. La Subsecretaría de Telecomunicaciones informó que, a junio de 2026, el 77,3 % de los hogares urbanos del país contaba con internet fijo, frente a solo el 25,5 % de los hogares rurales. Aunque no disponemos de una medición pública reciente y consolidada para toda la provincia, esta brecha nacional resulta especialmente preocupante en un territorio con alta ruralidad y dispersión geográfica.
Por eso, en Chiloé un computador no debe entenderse solamente como un recurso escolar. También es un activo familiar y territorial. Puede utilizarlo el estudiante para sus tareas, pero también una madre para postular a un beneficio, un abuelo para acceder a información o a una atención remota, un hermano para preparar un trabajo y una emprendedora para promocionar productos o llevar sus registros. En una localidad apartada, además, un trámite digital puede ahorrar tiempo, gastos y desplazamientos hasta la cabecera comunal.
No corresponde otorgar estos beneficios por demostrados cuando no han sido medidos; pero tampoco es válido declarar irrelevante aquello que la evaluación no investigó. Si el propósito de la política incluye disminuir la brecha digital, su valoración debe considerar el acceso material, las capacidades adquiridas, los usos familiares y las oportunidades económicas y sociales generadas. La alfabetización digital es mucho más que saber encender un equipo; comprende buscar y verificar información, elaborar documentos, manejar planillas, realizar trámites, proteger datos personales, reconocer estafas, comunicarse formalmente y utilizar responsablemente las herramientas de inteligencia artificial. Son capacidades educativas, pero también ciudadanas y laborales.
En una economía vinculada a la agricultura familiar, la pesca artesanal, la acuicultura, el turismo, la artesanía, el comercio y los servicios, estas competencias pueden facilitar la promoción, la comercialización, la capacitación y el acceso a instrumentos públicos. El computador no crea por sí mismo esas oportunidades, pero su ausencia puede impedir aprovecharlas, por lo que defender la continuidad de Becas TIC no implica mantener intacto un programa que presenta deficiencias. La respuesta debería ser su transformación en una política territorial de inclusión digital.
En 2026, Becas TIC contempló la entrega de 96.100 computadores en el país. Es una inversión pública significativa y, por ello, debe rendir cuentas, subsanar problemas administrativos y demostrar resultados, pero evaluar con responsabilidad no consiste en medir únicamente lo que aparece en el SIMCE o en el registro de asistencia. Un computador no reemplaza a un buen docente, a una estrategia pedagógica ni a una conexión estable, pero tampoco mejora automáticamente las notas. Sin embargo, en un territorio rural e insular puede reducir una barrera que el mercado impone según el ingreso familiar y el lugar de residencia.
Eliminar el programa volvería a trasladar el costo a las familias. Quienes puedan comprar un equipo lo harán; quienes no puedan dependerán de un teléfono, de un computador compartido o de la disponibilidad de terceros. El ahorro fiscal no suprime ese costo, sino que lo traslada a los hogares con menor capacidad para asumirlo. La alternativa sensata no es ni mantener una entrega aislada ni eliminarla. Es convertirla en una política de inclusión y alfabetización digital que articule el equipamiento, la conectividad, la formación y el soporte. En Chiloé, un computador puede ser mucho más que un instrumento para mejorar un puntaje; puede ser un activo familiar, una herramienta de autonomía y una pequeña infraestructura para el desarrollo del territorio.
Publicado en
https://elinsular.cl/2026/10/06/un-computador-en-chiloe-un-activo-familiar-y-territorial/
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