El plan de revitalización económica que impulsa el gobierno del presidente Kast tiene tintes de devolverle a Chile su imagen de prosperidad, como lo reflejan algunos simpatizantes que lucen gorras rojas y blancas con el lema "Hagamos a Chile Grande de Nuevo" en sus eventos. Existen lemas políticos que no representan un programa específico, sino un estado emocional. “Hagamos a Chile grande de nuevo” cae en esa categoría. Más que una simple consigna gubernamental, es una narrativa de restauración que promete recuperar un país que, supuestamente, sería más seguro, próspero, ordenado y cohesionado. Al igual que con "Make America Great Again" de Donald Trump, su efectividad no radica en propuestas concretas, sino en su capacidad de convertir el malestar social en un anhelo de retorno. Sin embargo, toda política nostálgica plantea una pregunta inevitable: ¿a qué pasado exactamente se quiere volver?
La nostalgia política raramente recuerda el pasado tal cual fue; más bien, funciona como una memoria selectiva que idealiza ciertos aspectos de una época y pasa por alto sus tensiones, conflictos y condiciones de posibilidad. No reconstruye la historia, sino que la edita. En momentos de incertidumbre —con aumento de la criminalidad, fragilidad económica, deterioro de las expectativas sociales y crisis de vivienda— esta operación simbólica se vuelve especialmente poderosa, ya que ofrece una explicación sencilla a problemas complejos y promete un orden perdido que puede restaurarse.
La historia política comparada muestra que las democracias rara vez se erosionan mediante rupturas abruptas; más frecuentemente se desgastan cuando el miedo se convierte en el principio ordenador de la vida pública. Así, la inseguridad deja de ser solo un problema social para convertirse en una gramática política y la legitimación de respuestas extraordinarias, la expansión de facultades coercitivas, la reducción de garantías civiles y la aceptación gradual de restricciones institucionales en nombre del orden. No se trata de negar la necesidad de fortalecer al Estado frente al crimen organizado, sino de advertir el riesgo de convertir la excepcionalidad en una normalidad democrática.
No obstante, la política de restauración trasciende el ámbito de la seguridad; también se manifiesta en la redefinición del pacto social, en el que, tras discursos de modernización, eficiencia económica y sostenibilidad fiscal, se libra una disputa más profunda sobre el papel redistributivo del Estado y el alcance de los derechos sociales. Ninguna política tributaria es ideológicamente neutral; toda estructura fiscal refleja una visión determinada de justicia social, ciudadanía y solidaridad intergeneracional. Cuando el crecimiento económico se presenta como el criterio principal de éxito gubernamental, existe el riesgo de relegar la cohesión social a la lógica del mercado, lo que debilita las capacidades públicas que históricamente han ampliado las oportunidades: educación, capacitación laboral, protección social e integración territorial. La cuestión fundamental no es solo cuánto debe gastar el Estado, sino qué tipo de comunidad política aspiramos a construir, ya que una sociedad cohesionada no depende únicamente de indicadores macroeconómicos; requiere mecanismos efectivos de integración y metas compartidas de dignidad.
Por otra parte, el debate sobre derechos digitales e inteligencia artificial ilustra esta tensión que busca flexibilizar el uso de obras intelectuales para alimentar sistemas de inteligencia artificial y revela una contradicción significativa: la defensa absoluta de la propiedad privada parece disminuir cuando los beneficiarios potenciales son grandes plataformas tecnológicas o mercados altamente concentrados. Esto genera una controversia que no es únicamente jurídica, sino también ética y política, ya que plantea interrogantes sobre quién se apropia del conocimiento, quién captura su valor económico y qué límites deben establecerse en las nuevas formas de concentración. Algo similar ocurre con la crisis habitacional, donde el incremento sostenido de campamentos no puede interpretarse únicamente como un problema de informalidad urbana o de seguridad territorial, pues constituye, en un sentido más profundo, el síntoma de un pacto social tenso que visibiliza la creciente distancia entre las expectativas de integración y las condiciones materiales de existencia. Cuando el acceso a la vivienda, la estabilidad y las oportunidades se vuelven inciertos, la cohesión democrática comienza a deteriorarse; y cuando la pobreza se aborda prioritariamente desde la seguridad, en lugar de políticas de integración, el conflicto se administra, pero difícilmente se resuelve.
La principal paradoja del lema “Hagamos a Chile grande de nuevo” sigue vigente. Si lo que se busca es un país con estabilidad institucional, reducción sostenida de la pobreza, expansión educativa, fortalecimiento de una amplia clase media y legitimidad internacional, la referencia histórica más clara no remite a un pasado distante o mítico, sino al ciclo democrático iniciado en 1990. Aunque tuvo sus limitaciones, desigualdades y frustraciones, las décadas de la transición y la postransición fueron las que lograron el mayor progreso material y la mayor estabilidad política en la historia reciente de Chile. La contradicción es reveladora cuando el ciclo político criticado por el kastismo se presenta como un horizonte nostálgico de aquello que se quiere recuperar.
El verdadero problema de la nostalgia política no es su apelación al pasado, sino la simplificación histórica que produce, ya que convierte procesos complejos en relatos binarios, identifica culpables evidentes y promete soluciones rápidas a problemas estructurales; sin embargo, la democracia rara vez avanza mediante restauraciones, sino que progresa cuando es capaz de reformarse sin renunciar a sus fundamentos. Entonces, quizás el desafío de Chile no consista en ser grande de nuevo, sino en preguntarse qué significa hoy construir un país mejor: más seguro sin sacrificar libertades, más próspero sin profundizar desigualdades y más estable sin renunciar al pluralismo democrático. Porque las sociedades que transforman el pasado en refugio suelen terminar renunciando, precisamente, a la imaginación del futuro.
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