Sin duda ella es una de las más importantes conclusiones que se desprenden del informe del equipo de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que reúne a los países más desarrollados del mundo, sobre la educación chilena. El informe entrega un cuadro completo del significativo progreso de la reforma educacional durante la última década, y que reconoce a Chile como líder en América Latina en el mejoramiento de la calidad y acceso a la educación en todos los niveles del sistema. En la última década de los 90, los gobiernos democráticos incrementaron el papel del Estado, definiendo prioridades y demostrando liderazgo para el desarrollo de la educación, el gasto en educación ha pasado de un 3.8% a un 7.4% del PIB, la matrícula escolar aumentó en un 20.4% y en la educación superior, en un 93%.
Pero en la escuela falta capacidad de liderazgo instruccional y administrativo de los directores, lo que se une a la falta de autoridad de supervisión (aún en las escuelas privadas), para entregar la mayor parte del poder en las manos de los profesores para que puedan implementar las reformas y mejorar el aprendizaje. Los profesores más capaces pueden realizar esto, pero no los de baja capacidad y para que lo hagan esos últimos, se requieren directivos distintos a los actuales. Por ello estamos proponiendo la concursabilidad de los directores, la evaluación del desempeño y un programa de formación para directivos, junto con la implementación de los consejos escolares.
El débil nexo entre las reformas y la formación inicial de profesores ayuda a crear una “brecha de capacidad” mayor en la fuerza laboral, dice el informe. Esto pone a la mayoría de los estudiantes del país en clases con profesores que, no por culpa propia, han sido preparados inadecuadamente para enseñar matemáticas, lenguaje y otras materias, al nivel requerido por el nuevo currículo chileno. La mejora de las remuneraciones han empezado a atraer alumnos de rendimiento mucho más alto a las facultades de educación, pero el currículo de formación de profesores en las universidades no parece estar avanzando al mismo ritmo para proveer una preparación más fuerte en materias específica o vincular los cursos de pedagogía al nuevo currículo. Este débil nexo de las reformas con la practica en las escuelas también dificulta los esfuerzos ministeriales, porque a pesar de la focalización de sus políticas, la escasez de capacidad docente y supervisión afecta mayoritariamente a los estudiantes de bajos ingresos, que tienen mínimos recursos familiares para paliar estas deficiencias de un sistema que no ofrece igualdad de oportunidades.
Estamos conscientes de esta debilidad, por eso hemos enviado al congreso el proyecto de ley del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, lo cual permitirá terminar con esos programas dudosos en la calidad de sus procesos de selección, formación y egreso de los futuros docentes. Si queremos tener buenos resultados escolares debemos apoyar estas medidas en la escuela y en el congreso. Así tendremos una enseñanza que provocará mejores aprendizajes en nuestros escolares.
El gran desafío pedagógico de nuestro tiempo no es solo curricular, metodológico o tecnológico. Es, sobre todo, espiritual y político. Necesitamos docentes capaces de sostener la incertidumbre sin ceder al cinismo, directivos que lideren con visión ética y comunidades educativas que encarnen el cuidado mutuo como forma de esperanza colectiva.
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