El bicentenario del Tratado de Tantauco constituye una oportunidad privilegiada para reexaminar críticamente la incorporación del archipiélago de Chiloé a la República de Chile, el cual, firmado el 19 de enero de 1826, selló su incorporación formal al Estado chileno, poniendo fin al dominio colonial español en el extremo sur del continente. Tradicionalmente, este hito ha sido narrado desde la historiografía nacional como la culminación exitosa del proceso independentista. Sin embargo, una lectura crítica contemporánea permite advertir que la integración jurídico-territorial no implicó, necesariamente, una integración política, social ni cultural plena.
Desde el punto de vista jurídico, el Tratado de Tantauco garantizaba derechos civiles, respeto a la propiedad y seguridad personal para los habitantes del archipiélago. No obstante, como ha señalado la historiografía crítica, la incorporación de Chiloé se produjo bajo un modelo de Estado fuertemente centralista, que subordinó las particularidades territoriales a una lógica administrativa homogénea. Esta forma de integración produjo una paradoja persistente, que significó que Chiloé haya sido plenamente incorporado al territorio nacional, pero que permaneció marginal en la distribución del poder político, de la inversión pública y de la toma de decisiones estratégicas. El tratado, así entendido, puede leerse como un pacto fundacional incompleto, cuya promesa de igualdad republicana quedó estructuralmente postergada.
Por otro lado, los denominados “dolores de Chiloé” no se reducen a indicadores de pobreza o carencias materiales, sino que se trata, más profundamente, de una experiencia histórica de invisibilización, donde la condición insular ha sido interpretada como un obstáculo y no como una riqueza. En esta línea, Monseñor Juan Luis Ysern sostuvo reiteradamente que la problemática chilota debía entenderse desde la categoría de dignidad vulnerada, más que desde la mera asistencia social, y que la postergación territorial, no es solo una injusticia económica, sino una herida ética que erosionaba el sentido de pertenencia y de ciudadanía plena. También, desde la antropología cultural y la literatura, Renato Cárdenas denunció el proceso de folclorización de la identidad chilota, la reducción simbólica que transforma una cultura viva en objeto decorativo, desvinculándola de los procesos educativos, productivos y políticos. Esta fractura entre identidad y poder constituye uno de los núcleos más persistentes del malestar territorial.
Durante las últimas décadas, Chiloé ha experimentado una inserción acelerada en la economía global, principalmente a través de la industria salmonera. Si bien este proceso ha generado crecimiento económico y empleo, múltiples estudios han evidenciado sus costos sociales, ambientales y territoriales, así como su carácter altamente dependiente, que, desde una perspectiva crítica, Eduardo Mondaca ha caracterizado como un modelo de extractivismo periférico, donde el territorio asume los impactos negativos mientras que las decisiones estratégicas y la acumulación de capital se concentran fuera del archipiélago, generando una desvinculación tanto del bienestar comunitario como del control democrático local. Entonces, replantear el sentido mismo del desarrollo, desplazándolo desde el crecimiento económico hacia un enfoque de desarrollo humano integral, con arraigo territorial y con sostenibilidad ecológica nos invita a ver que Chiloé es un territorio inseparable de su relación con el mar y donde el concepto de maritorio nos permite comprender la integralidad ecológica, cultural y económica del archipiélago, situación que las políticas públicas han tendido a ignorar e imponer la idea de un espacio fragmentado, privilegiando su explotación productiva por sobre su cuidado y que las reiteradas crisis socioambientales evidencian que el futuro de Chiloé está indisolublemente ligado a la justicia ambiental y a la protección de los bienes comunes naturales, lo que desde una ética de la responsabilidad intergeneracional, su defensa no constituye una opción ideológica, sino una condición de posibilidad para la vida futura en el territorio.
Últimamente el Puente Chacao se ha convertido en el principal emblema de la política de integración territorial del Estado hacia Chiloé. Sin embargo, como advierten diversas voces críticas, la infraestructura por sí sola no garantiza desarrollo ni equidad, y que el riesgo radica en confundir la conectividad física con justicia social si el puente se concibe únicamente como corredor logístico, lo que puede profundizar las dinámicas extractivas y la dependencia, pero si, en cambio, se integra en una estrategia de fortalecimiento de servicios públicos, economías locales y derechos sociales, podría contribuir a una integración territorial genuina.
A 200 años del Tratado de Tantauco, la cuestión de fondo es eminentemente política. Se trata de avanzar hacia un nuevo pacto territorial, basado en descentralización efectiva, participación vinculante y fortalecimiento del poder local. Como ha sostenido Dante Montiel, el mayor déficit histórico de Chiloé no ha sido la falta de diagnósticos, sino la ausencia de capacidad decisoria sobre su propio destino, por lo que el futuro del archipiélago exige una democracia territorial que supere la lógica tutelar del centralismo, y el bicentenario del Tratado de Tantauco interpela a Chile a revisar críticamente su proyecto republicano, donde honrar esta fecha no implica celebrar una anexión, sino cumplir una promesa histórica de dignidad, justicia y reconocimiento. Quizás, a dos siglos de Tantauco, la pregunta decisiva no sea cómo integrar mejor Chiloé a Chile, sino qué puede aprender Chile de Chiloé para imaginar su propio futuro.
https://elquintopoder.cl/bicentenario/chiloe-a-200-anos-memoria-historica-justicia-territorial-y-horizontes-de-futuro/
https://elinsular.cl/2026/01/19/chiloe-a-200-anos-memoria-historica-justicia-territorial-y-horizontes-de-futuro/
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