La decisión del Servicio de Impuestos Internos de exigir el pago del IVA a las plataformas extranjeras de apuestas en línea ha generado un fuerte debate entre el Gobierno, la oposición, los casinos presenciales y las empresas digitales. Algunos lo ven como una medida tributaria, mientras que otros denuncian una regularización encubierta de una actividad que aún está en discusión legislativa. Sin embargo, tras esta controversia administrativa se esconde una cuestión mucho más profunda que rara vez se discute: ¿qué juicio ético corresponde a una industria cuyo éxito económico depende de que millones de personas pierdan dinero al apostar? La pregunta puede parecer incómoda, especialmente en una época en la que la política tiende a abordar los problemas desde una lógica de gestión en lugar de reflexionar sobre los fines de la vida colectiva. Sin embargo, esa es precisamente la responsabilidad de la deliberación democrática. Antes de preguntarnos cómo regular una actividad, deberíamos plantearnos si esta realmente contribuye al desarrollo humano y al bien común.
Lo notable es que gran parte del debate parlamentario se ha visto atrapada entre dos posiciones igualmente insuficientes. Por un lado, los que creen que la regulación es necesaria para gestionar una realidad ya presente, recaudar impuestos y prevenir delitos relacionados, como el lavado de dinero; por otro, los que rechazan las medidas administrativas del gobierno por considerarlas una forma indirecta de legalización. Ambos argumentos tienen puntos válidos, pero ninguno aborda la cuestión principal, porque la verdadera pregunta no es si las apuestas existen (lo cual es evidente) ni si generan ingresos fiscales (seguramente sí); la cuestión clave es si el Estado debe actuar como garante de una actividad que obtiene beneficios a partir de la pérdida económica de sus propios usuarios.
Esta cuestión cobra especial relevancia al observar la naturaleza de las plataformas digitales contemporáneas, pues no estamos ante el antiguo juego ocasional asociado a espacios físicos delimitados, sino que las apuestas en línea operan mediante sistemas algorítmicos diseñados para maximizar la permanencia del usuario, incentivar nuevas apuestas y reducir las pausas de reflexión; operan las veinticuatro horas del día, desde cualquier teléfono móvil, utilizando mecanismos conductuales muy similares a los empleados por redes sociales y otras plataformas digitales que compiten por la atención humana. En consecuencia, el debate sobre las apuestas ya no puede entenderse únicamente como una discusión sobre la libertad económica, sino también como una discusión sobre la salud mental, la protección de los consumidores, el endeudamiento de los hogares y la creciente mercantilización de las vulnerabilidades humanas.
Resulta paradójico que una sociedad preocupada por la ansiedad, la depresión juvenil, el sobreendeudamiento y las conductas adictivas vea en la expansión regulada de una industria que precisamente se nutre de esas vulnerabilidades un avance. Además, la actual controversia revela una tensión que la política chilena no logra resolver: durante años, varias autoridades argumentaron que estas plataformas operaban en un vacío legal o en situación ilícita, pero ahora, la discusión se desplaza rápidamente hacia la tributación en lugar de la ilegalidad, olvidando que pagar impuestos no hace que una actividad sea socialmente aceptable automáticamente, y la historia muestra que existen actividades legales, reguladas y gravadas que aún generan costos sociales importantes.
En realidad, la controversia actual trasciende el ámbito tributario. La resolución del Servicio de Impuestos Internos evidencia una tensión institucional más profunda, pues mientras diversos fallos judiciales y organismos públicos cuestionan la legalidad de las plataformas de apuestas en línea, el Estado, a través de su administración tributaria, crea mecanismos para gravar dichas operaciones. El debate reciente se ha centrado en esta aparente contradicción, en la que algunos sostienen que cobrar impuestos no legaliza una actividad, mientras que otros señalan que todo reconocimiento tributario implica, en cierta medida, reconocimiento público. Independientemente de qué interpretación predomine, la discusión pone de manifiesto una interrogante sin resolver en el sistema político: ¿puede el Estado recaudar de una actividad cuya legitimidad jurídica y social aún genera controversia?
La pregunta cobra especial importancia porque las decisiones regulatorias nunca son completamente neutrales. Toda legislación y toda política pública reflejan una visión particular de la sociedad, la libertad y los límites que una comunidad acepta para proteger los bienes colectivos. Por eso, el debate sobre las apuestas en línea no debe limitarse a discutir licencias, impuestos o competencias administrativas, porque lo que realmente está en juego es la concepción de desarrollo humano que guía nuestras decisiones públicas. Una democracia madura no solo debe preguntar qué actividades pueden ser reguladas, sino también cuáles aportan realmente al bienestar común y cuáles, en cambio, aumentan la vulnerabilidad o la dependencia, o crean falsas expectativas de enriquecimiento fácil.
Quizá esta polémica sea una oportunidad para recuperar una dimensión de la política democrática que a menudo se pasa por alto: reflexionar sobre sus objetivos, no solo sobre los medios. Las sociedades no se definen únicamente por la eficiencia de sus mecanismos regulatorios o por la recaudación de impuestos, sino también por las actividades que consideran dignas de reconocimiento público y por los valores que promueven entre sus miembros. En este contexto, el debate sobre las apuestas en línea va mucho más allá de cuestiones fiscales o administrativas, ya que entre una sociedad que fomenta el trabajo, la educación, el esfuerzo, la innovación y la construcción paulatina de proyectos de vida y otra que normaliza crecientemente la expectativa de obtener beneficios rápidos mediante el azar, existe una profunda diferencia cultural. No se trata de negar la libertad individual ni de desconocer que los juegos de azar han formado parte de la historia de las comunidades humanas; se trata, más bien, de cuestionarse qué ideas de éxito, movilidad social y realización personal se legitiman cuando ciertas actividades reciben reconocimiento institucional y aprobación pública.
Como señaló Michael Sandel, una de las preguntas clave en toda democracia es qué bienes pueden dejarse a la lógica del mercado y cuáles requieren una evaluación ética que considere su impacto en la vida en común. Asimismo, Hannah Arendt advertía que la política pierde su densidad democrática cuando deja de deliberar sobre el mundo compartido y se limita a gestionar procesos e intereses de manera eficiente. Desde esta perspectiva, el debate sobre las apuestas en línea no puede reducirse únicamente a la legalidad de una plataforma ni a la cantidad de impuestos que pueda aportar al Estado. La cuestión principal es si una democracia debe mantenerse neutral frente a actividades que generan ganancias precisamente a partir de la expectativa de pérdida de la mayoría de sus usuarios. Porque, en definitiva, toda regulación expresa una concepción determinada de la persona y de la sociedad. Y es en esa elección —a menudo implícita, pero siempre trascendente— donde se juega no solo la calidad de nuestras instituciones, sino también la calidad moral de nuestra convivencia democrática y la responsabilidad intergeneracional respecto del país que estamos construyendo.
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