Las transferencias de dineros públicos para que fundaciones privadas realicen funciones públicas por parte de gobiernos regionales han desatado una ola de críticas a la naturaleza de las mismas, a los procedimientos de asignación, a los procesos de ejecución de los temas encargados y a la calidad de los servicios que finalmente llegan a los usuarios. En efecto, esta crítica integral viene a sumarse a las muchas que hay sobre la política, sobre los partidos y los dirigentes políticos.
Sin pretender ser catastrofista, significan un daño a la función, a las instituciones públicas y a la convivencia democrática. Un Estado democrático requiere de la suficiente legitimidad que le otorgan sus actos para gozar de la confianza de los ciudadanos para responder con las cargas públicas necesarias para garantizar un orden determinado que a su vez posibilite enfrentar los problemas que se espera resuelva. Si bien la sociedad civil puede y debe tener un espacio para canalizar la filantropía, la solidaridad y hasta la cooperación, ello no puede constituirse en una política permanente de actuación en nombre del sector público con dineros públicos. Siempre serán tiempos excepcionales, de debilidad institucional, cuando sean los privados quienes contribuyan a resolver los problemas públicos.
Un gobierno regional puede sacar lecciones de este momento crítico apostando por el fortalecimiento tanto de la institucionalidad como de la descentralización pública. De la institucionalidad, impulsando a los propios servicios públicos hacerse cargo de los problemas sectoriales que les corresponda a través de agendas pactadas, compromisos de gestión u otros mecanismos de aseguramiento y control de gestión. Pero también, es una oportunidad para fortalecer la descentralización de los mismos, las competencias de los municipios y de las propias organizaciones de la sociedad civil no intermediarias, sino beneficiarias de los recursos finales.
Otra oportunidad que se abre es la de fortalecer la equidad territorial focalizando en las zonas tanto urbanas como rurales rezagadas del crecimiento económico o del desarrollo social, otorgando prioridad en la planificación concertada con los servicios públicos, municipales o de organizaciones de usuarios (como pueden ser los comités de agua potable, pavimentación de calles y mantención de caminos, reparaciones de infraestructura menor, atención de personas de calle. Hay mucha organización social con trayectoria y experiencia que puede autogestionar sus soluciones). Acotar la intermediación, la tercerización o como quiera llamársele, contribuye a la transparencia, al fortalecimiento del sector público, a la formalización e incorporación al trabajo decente y a la descentralización territorial.
El gobierno regional también debiera reevaluar su relación con las universidades contribuyendo al fortalecimiento de sus funciones específicas como la de investigación sobre asuntos que problematizan la convivencia regional, que contribuyan a la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas más acuciantes de la comunidad regional, como son aquellos fenómenos asociados a la degradación de los recursos naturales, el impacto de los nuevos fenómenos naturales, la complejidad cultural de las comunidades receptoras de inmigración reciente; que contribuyan a generar conocimiento que permita anticiparse a situaciones catastróficas, como enfrentar los crecientes problemas de desplazamiento y congestión urbana, el evidente agotamiento de los recursos energéticos convencionales o la emergencia de nuevos problemas asociados al sobreconsumo tecnológico e industrial y sus consecuencias contaminantes.
Existe un amplio espacio para trabajar por la justicia social y territorial que es necesario abordar para crear condiciones de partida igualitarias que permitirán enfrentar posteriormente las etapas escolares, laborales y la vejez de manera digna.
Diseñar e implementar iniciativas que bien pueden hacerse a través de los servicios públicos especializados contribuye a la generación de conocimiento pertinente para la toma de decisiones en el territorio. Invertir en formación específica para profesionales asentados en el mundo regional, que contribuyen a generar valor territorial, debiera ser una urgencia para la generación del capital humano avanzado hoy casi inexistente en muchos lugares del territorio. Constituye un desafío de nueva época para la gestión regional realizar mayores esfuerzos de liderazgo y coordinación territorial, crear condiciones de gobernanza con modalidades de trabajo intersectorial impulsando a los servicios públicos a mirar los vértices de la geografía regional y no el punto a mil kilómetros de referencia actual.
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/politica/las-oportunidades-de-esta-crisis/2023-07-31/090703.html
