El fin del lucro

He tomado conocimiento del avance de un estudio en el cual se da cuenta de los resultados que obtienen los estudiantes de segundo medio, tanto en lenguaje como en matemática, según la medición del Simce. Una conclusión categórica: los establecimientos escolares que tienen dueños que han expresado su voluntad a través de sociedades comerciales anónimas; sociedades comerciales limitadas, preferentemente familiares; y personas naturales, es decir, personas jurídicas o naturales con fines de lucro, sus estudiantes tienen más bajos resultados de los sostenedores educacionales que carecen de la finalidad de lucrar con el servicio educativo, como son las fundaciones y corporaciones confesionales y no confesionales y los establecimientos administrados por las municipalidades.

Pareciera ser que el tipo de administración importa, que la finalidad de obtener utilidades económicas y los buenos resultados escolares no se llevan bien. En efecto, en los cuatro quintiles de más bajos ingresos, donde se encuentran la educación municipal con la particular subvencionada, al separar esta última en con fines de lucro y sin fines de lucro, los aprendizajes de los alumnos, según el Simce, en los establecimientos con fines de lucro, son los más bajos. Los padres debieran tener mayor cuidado al elegir el establecimiento escolar para sus hijos, aquellos con fines de lucro no tienen toda su atención centrada en mejorar el servicio educacional, sino en generar excedentes que permitan obtener ganancias por la inversión realizada y por lo tanto empobrecen el proceso de enseñanza. En cambio, los establecimientos escolares que dependen de los municipios y de fundaciones o corporaciones, que por definición no buscan lucrar con el servicio que prestan, tienen un foco, una preocupación: ofrecer un servicio educacional de calidad, y como consecuencia de ello, los aprendizajes de sus estudiantes son superiores.

Esto no sólo es privativo del sistema escolar chileno. El sistema universitario norteamericano, que acepta el lucro, no tiene ninguna institución de renombre internacional que destaque por su calidad; las más famosas de sus universidades o son estatales o son sin fines de lucro. En nuestro país, las universidades privadas que han desacreditado la ampliación de la cobertura y que han truncado los sueños de muchos de nuestros jóvenes, pertenecen a sociedades comerciales nacionales e internacionales. El lucro no se lleva bien con la educación de calidad.

Hay razones éticas y técnicas para oponerse al lucro en la educación. Hay razones políticas para hacerlo, por lo tanto, más allá de los intereses afectados, estos son intereses privados que no pueden estar por sobre el interés general de la nación. Con urgencia se requiere tomar medidas que tiendan a la eficacia educativa, que incrementen las capacidades de las personas para enfrentar un futuro cada vez más incierto y exigente, y una que reclamamos todos, es esta, que la educación sea un servicio administrado sin fines de lucro, que prime su condición de derecho al de bien de consumo, y si bien las familias tienen derecho a invertir en la educación de sus hijos, los administradores deben utilizar esos recursos en esa finalidad y no desviar los esfuerzos de las familias chilenas al enriquecimiento personal.

Respeto para los profesores

Siempre he señalado que uno de los factores asociados al mejoramiento de la valoración social de los docentes es el respeto que se les debe tener. Oportunidad que tengo le hago saber a los padres y a los estudiantes lo significativo que ello es para generar espacios apropiados para una enseñanza de calidad. Un profesor respetado por sus alumnos, por los padres de éstos y por toda la comunidad, es un profesor motivado, que se plantea con seguridad en sus conocimientos y estrategias de enseñanza y con confianza en la utilización de sus criterios de evaluación. Un docente respetado es en sí mismo un valor formativo para todos los miembros de la comunidad escolar.

Si los padres y la comunidad descalifican por distintas razones el comportamiento, relativizan su autoridad o dudan de sus conocimientos, están transmitiendo a los niños y jóvenes una visión menospreciativa de su persona y de su labor. Esto obliga a reconocer que un docente lo es siempre: no sólo en la sala de clases y el centro educativo, sino que también y especialmente en los espacios públicos. Estoy obligado moral y profesionalmente a tener un estándar superior si quiero me respeten como docente, como profesor y maestro. Los jóvenes son duros cuando les llega el momento de juzgar a sus antiguos docentes y generalmente no coinciden aquellos que buscan el halago fácil y complaciente con el “buen profesor” que recordamos.

La mayoría de nuestros docentes son mujeres, madres. Muchas son directoras y merecen por esta condición respeto adicional, no sólo de sus alumnos, sino también de sus colegas. Escribo esto luego de conversar con la Directora de uno de nuestros liceos, quien me relata los acontecimientos del día de ayer en el frontis de su establecimiento: estudiantes de otros establecimientos groseros e irrespetuosos no sólo con su persona, sino con la institución escolar que acosaron y amenazaron con agredir, incluidos a sus integrantes que no compartían su estrategia de movilización. Pero lo que más me entristece, es cuando escucho que “colegas” eran parte de esta agresión.

Todos tenemos derecho a manifestar nuestras objeciones a la autoridad de turno, en ello encontraremos aliados, pero también detractores. Así como acojo y respeto a mis aliados, quienes no coinciden coyunturalmente conmigo también merecen el respeto a sus ideas y a su integridad física. Quienes leen esta opinión pueden estar de acuerdo conmigo, con que hay que ser tolerantes y respetar a quien opina distinto, no creo que algún miembro de esta comunidad avale el comportamiento basto, ordinario, carente de educación en suma de algunos de los profesores a los cuales les hemos entregado lo más preciado que tenemos: la educación y formación de nuestros hijos e hijas. Hay una cualidad que es más necesaria aún en quienes han optado, están llamados o por último eligieron éste como el trabajo para sustentar sus vidas, esa es la consecuencia. Las ideas, especialmente las buenas, no se gritan ni se imponen, para vencer hay que convencer.

La segregación educativa

La naturalidad con que se asumen las prácticas selectivas de los establecimientos escolares es uno de los síntomas más graves de nuestro desigual sistema educativo. Cuando ya todos los académicos y políticos, transversalmente, están de acuerdo con que la educación chilena es segregada, el siguiente paso es tomar conciencia de que es un problema.

La segregación educativa consiste en la distribución de los estudiantes en los establecimientos educacionales según su estatus socioeconómico, es decir, según el ingreso económico de la familia. En un país como el nuestro, que se sabe es uno de los más desiguales del mundo, se esperaría que la educación sirviese para impulsar la movilidad social. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que esto no ocurre, sino que al contrario, el sistema educativo produce más desigualdad al separar a los estudiantes por su origen social, de manera más pronunciada que lo que están separados por barrios, por ejemplo. Concretamente, la segregación se expresa en que los dos primeros quintiles de menos ingresos de la población chilena lleva en un 80% a sus hijos a escuelas municipales; los quintiles tercero y cuarto entre un 60% y un 80% a particular-subvencionados; mientras un 88% de los alumnos del quintil más rico van a colegios particular-pagados.

Los investigadores están de acuerdo que las principales causas de la segmentación de los estudiantes se origina sobre todo en las prácticas selectivas de los establecimientos. Estas prácticas son fundamentalmente dos: la selección y el Financiamiento Compartido. La primera permite a escuelas y liceos excluir a estudiantes por mal rendimiento académico, por mal historial de comportamiento o por credo religioso; en concreto, provoca un “coladero” en que aquellos niños, niñas y jóvenes que ninguna escuela quiere educar, terminan juntos en los colegios que no seleccionan. Por su parte, el Financiamiento Compartido discrimina por la capacidad de pago a las familias, excluyéndolas con el único motivo de no tener dinero. Ambas prácticas selectivas, para peor, están permitidas en las leyes chilenas y son permanentemente legitimadas por las autoridades políticas, medios de comunicación, y así, por las propias familias. Mientras no sea el Estado el que asuma que son negativas y, por lo tanto, las erradique de los establecimientos, será entonces el propio Estado el que siga promoviendo la segregación.

La segregación escolar dificulta que todos accedan a una educación de calidad y no permite que todos los niños y las niñas tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. Al no encontrarse estudiantes de distintos estratos sociales, la experiencia formativa es muy pobre y se pierde la posibilidad de estimularse en la diferencia. A su vez, es fundamental entender que este fenómeno no es un problema exclusivo de las escuelas más pobres, sino de la totalidad de un sistema educativo que se empobrece sin excepciones. Superar la segregación socioeducativa, por lo tanto, es un desafío del que debemos hacernos cargo como país. No caben dudas respecto de las graves consecuencias democráticas que la segregación trae a nuestro sistema educativo y, así también, al conjunto de nuestra sociedad. Para avanzar hacia una sociedad justa e igualitaria, es necesario superar la segregación y alcanzar una educación de calidad para todos.

No se puede negar un avance en la nueva Ley General de Educación (2009) que establece, por ejemplo: que “es deber del Estado velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras” que “en los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado, que posean oferta educativa entre el primer nivel de transición y sexto año de la educación general básica, en ningún caso se podrá considerar en cada uno de estos cursos el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante”; que “no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante.

¿No sería interesante que en un país tan preocupado por la calidad de su educación nos preguntáramos si realmente estamos dispuestos a que, con dinero del Estado, se sigan financiando injusticias?

La desconfianza instalada

Nos ha sorprendido la ciudadanía al salir a la calle a protestar por la aprobación de la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en Aysén. No creo que se deba sólo a la conciencia ambientalista la participación masiva de los ciudadanos, aquí hay algo más de fondo y que se ha venido incubando los últimos años, me atrevo a señalar que esto tiene que ver con la confianza que tenemos en las instituciones públicas y en nuestras autoridades; o mejor dicho, en la desconfianza que se tiene en ellas. Así es, recuerdo que hace años le dije al ministro de educación de ese entonces, que no me parecía correcto asociar una campaña en la cual un perrito llamaba a los niños especialmente, a desconfiar de los vecinos en el barrio, de la gente en la calle, en la escuela y en la casa, con lo que debía hacer la escuela, que en mi concepto, debe fortalecer los lazos comunitarios, la solidaridad y la cooperación entre sus miembros, que lo que debíamos promover entre los estudiantes era fortalecer los valores deseables para construir una sociedad más amistosa y no una en la cual desconfiáramos unos de otros. El ministro le encontró sentido, pero la avalancha política y periodística de ese entonces -y hoy no es tan diferente-, aprovecha la delincuencia para fortalecer una estrategia de inseguridad ciudadana que nos tiene a todos medios paranoicos.

Estas manifestaciones son de las primeras consecuencias de largos años de promover la desconfianza entre nosotros: no se cree en la justicia, no se cree en la transparencia de las actuales instituciones, no se cree en la consecuencia de las autoridades, no se cree en que la responsabilidad social de los empresarios es genuina, sino una de las estrategias más para engañar a los ciudadanos como muchas veces lo hacen cuando nos tratan como consumidores, así lo hacen los bancos, las grandes tiendas, las instituciones de la seguridad social y todas las empresas de servicios que nos venden y nos hacen firmar contratos por adhesión con letra chica. Si hasta el gobierno promueve iniciativas legales en las cuales se otorga un beneficio y de contrabando pretende cercenar otros o limitar los derechos adquiridos, así ha ocurrido últimamente con la prolongación del post natal para las mujeres, el premio a las bodas de oro, etcétera. HidroAysén se ha constituido en la gota que rebalsó el vaso ya saturado: una comisión regional que no es autónoma, un ministro-jefe que “sugiere” como deben votar sus integrantes, empresarios de un sector de tan altas tarifas que el gobierno anterior tuvo que subsidiar el consumo de las cuentas de luz de las familias más modestas, políticos que han sido elegidos para representarnos pero que comienzan a encontrar justificaciones muy parecidas a las de los anteriores, así suma y sigue…entonces, a quién le creemos?

Los ciudadanos tenemos la fuerza de nuestros votos, pero también la de la movilización. Votamos periódicamente para elegir o renovar el mandato de nuestros representantes y ello debemos hacerlo con firmeza evaluando su actuación pasada, contrastándola con sus promesas, pero también, no podemos renunciar a manifestar nuestro descontento con la actuación de las instituciones, autoridades, grupos de poder y representantes que no actúan en consecuencia con su mandato, con la celeridad que se requiere, con la eficacia que se espera. La democracia y la movilización se potencian cuando se escuchan debida y oportunamente, la democracia no consiste solamente en votar periódicamente, sino que principalmente, en escuchar los sueños, las aspiraciones y las ideas de los ciudadanos. Cuando la política y especialmente los partidos políticos, pretenden secuestrar la soberanía popular, lo que está en peligro es la democracia misma y ésta se perfecciona y profundiza cuando los líderes y las instituciones tienen la capacidad de escuchar y transformar esos sueños, aspiraciones e ideas en acciones de bien común. Aún estamos a tiempo para reflexionar y cambiar, no tenemos que esperar escuchar “que se vayan todos”, como ha ocurrido en países vecinos en el pasado o recientemente en otros más lejanos, para enmendar rumbos y realizar los cambios que hemos venido postergando: educación pública de calidad para todos, salud con trato digno y oportuna, el término de la discriminación y la violencia contra las mujeres, adecuada atención y protección para nuestra tercera edad, puestos de trabajo en condiciones de seguridad y justamente remunerados. Más justicia social, menos discriminación; menos incertidumbre, más seguridad social.

Las urgencias de hoy

Cada cierto tiempo el debate educativo recobra fuerza, este parece ser uno de aquellos. Sin embargo, llama la atención la permanente carencia de voluntad para abordar los temas fundamentales que aquejan al sector y son en su mayoría de las veces, las causantes de los males principales y que a su vez, impiden mejorar la calidad de la educación de la gran mayoría de estudiantes del país.

El primero, es la inexplicable postergación de la educación pública: aunque el fracaso de la municipalización en general y su crisis son ya evidentes, a pesar de ciertas experiencias exitosas, existe un rechazo generalizado a la gestión educativa en manos de los municipios del país, a lo menos en la forma como se ha llevado hasta el momento. Se han realizado propuestas de modificación del sistema de administración hasta de reemplazo del mismo, sin embargo, una y otra vez no se aborda con la debida profundidad ni determinación para realizar cambios de fondo y no medidas superficiales como ha venido ocurriendo.

El segundo caso, es el de los profesores: es sabido que el estatus de la docencia en Chile es bajo para competir con las demás profesiones, pero no ha habido un abordaje integral para hacer atractiva la carrera docente; más aún, la desregulada explosión de la matrícula de las carreras de pedagogía en la última década se ha hecho sin respetar criterios mínimos de calidad, lo que no augura un buen futuro. Esta realidad empantana todo esfuerzo por mejorar la enseñanza con los actuales docentes que perdurarán por décadas en el sistema educacional con una formación carente de la solidez disciplinaria y pedagógica que han recibido en programas de formación deficitarios. La muestra más evidente no son solo los resultados en los aprendizajes de sus alumnos, sino que está en los resultados de la evaluación de desempeño a la que anualmente son sometidos.

Y el tercero, es el de las escuelas privadas subvencionadas: el desarrollo de este sector no ha seguido ningún criterio estratégico para el mejoramiento del sistema, sino que ha respondido a los intereses de los sostenedores privados, derivando en situaciones de sobreoferta, aumentando la segregación de los alumnos y afectando negativamente a los establecimientos municipales. En efecto, ellos operan en un cuasi mercado con mínimas reglas que les otorgan una posición ventajosa frente a los establecimientos municipales, desde la selección de las familias y sus hijos, la flexibilidad laboral, el acceso a recursos financieros y la escaza fiscalización pública sobre los recursos que reciben, constituyen para ellos una situación de privilegio que ha devenido en desmedro para la educación pública, para los docentes y para la calidad de la educación de nuestros estudiantes.

Los países desarrollados, aquellos exitosos, con los cuales nos gusta compararnos, tienen normas exigentes, estándares elevados, para la gestión de las escuelas, para la formación docente y para la instalación de nuevos establecimientos, sean estos públicos o privados. Ya es tiempo de tomar decisiones sobre estos temas relevantes para el futuro de nuestra educación y del país, mantener su discusión en la prensa y en los discursos de campaña para luego no hacer nada, no le hace bien a nuestro porvenir.

La excelencia educativa en el debate

Todo tiempo pasado fue mejor. Esa parece ser la consigna del gobierno en materia educativa: volver al pasado en busca de recetas para enfrentar los desafíos del presente y especialmente los del futuro. Así parece ser en lo relativo a enfrentar el mejoramiento de la calidad de la educación media con la idea de los liceos de excelencia, debate que lleva un año, donde los detractores han insistido en que es una medida discriminatoria con la mayoría al preocuparse de una minoría de no más del 5% de la matrícula, al profundizar aún más la inequidad y la segregación, siendo ya uno de los sistemas más inequitativos del mundo. Por otro lado, el gobierno insiste en que es una oportunidad para que los estudiantes talentosos puedan acceder a buena educación en un ambiente de mayor rigurosidad académica fuera del poco estimulante que tendrían en los liceos tradicionales.

El gobierno tiene un concepto anquilosado de la educación que nada tiene que ver con la excelencia, sino más bien con una noción acientífica de la inteligencia humana. Bien estaba hace cincuenta o setenta años considerar que un niño era más excelente que otro en función de sus notas, y digo que estaba bien porque se creía, erróneamente, que la inteligencia solo se expresaba de una manera, o sea, mediante la acumulación de conocimientos que proporcionaba el estudio, medidos en un examen. Esto trajo como consecuencia que se confundiera la exigencia con los exámenes, y éstos con la excelencia.

No podremos crear una educación de calidad sin enmendar las inequidades que por tanto tiempo han estado incrustadas en nuestras escuelas y ello implica que tenemos que dar más a quienes más necesitan, colocar los mejores recursos humanos donde se requiere un mayor despliegue de capacidades. La palabra clave es incluir. Incluir a los que por generaciones han estado postergados de los beneficios del progreso, de la estabilidad socio económica, de los adelantos científicos, tecnológicos y del conocimiento. Si el objetivo de los liceos de excelencia fuese que el 5% de la matrícula de más bajo rendimiento sea la beneficiada, entonces sí sería una iniciativa moderna, a favor de la equidad educativa y la inclusión social.

A la excelencia no se llega, sino que es el punto de partida. No cabe esperar un alumnado excelente cuando el entorno está caracterizado por la suciedad, el descuido; cuando los profesores están desmotivados o a punto de estarlo por el escaso reconocimiento profesional y social que reciben en sus escuelas; cuando no hay medios didácticos, falla la comunicación con las familias y los planes de estudio son inflexibles y, por tanto, imposibles de adaptar a las necesidades de los alumnos. La excelencia debería ser contagiosa y caer en cascada desde los equipos directivos a los profesores, y de éstos a los estudiantes. Si tuviésemos un sistema educativo adaptado a la realidad de la persona de la que nos informan las distintas ciencias; si además dispusiéramos de libertad para adaptar los planes de estudio a las necesidades reales de nuestros alumnos; si las escuelas y liceos se vieran libres de las exageradas rigurosidades ministeriales y las universidades formaran maestros exigentes con ellos mismos en cuanto a conocimientos, talento y creatividad; si todo esto se diera, no habría necesidad de proponer ideas novedosas para alcanzar la excelencia para unos pocos y olvidarse de la mayoría.