Expectativas ante el nuevo traspaso de las escuelas públicas

Hace 40 años fueron traspasados los establecimientos educacionales desde el Ministerio de Educación a los municipios del país. Son pocos los docentes que aún permanecen en el sistema escolar y que vivieron dicha experiencia, pero la memoria histórica, la experiencia colectiva, ha traído al presente dichos días ante el eminente nuevo traspaso de las escuelas, jardines infantiles y liceos, pero ahora de manera inversa, a los creados Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que configuran unos nuevos territorios escolares que, para el caso de Chiloé, coincide con la provincia.

Paralelamente, por estos días, hemos presenciado en los medios de comunicación la situación caótica producida en Atacama en el marco de este traspaso y que mantiene por más de 60 días a los estudiantes sin clases.

Diversos actores locales en la provincia están preocupados por la implementación de este nuevo cambio, aunque coincidentes en necesidad de llevarlo a cabo, especialmente ante las dificultades administrativo financieras que han surgido estos últimos años en algunos municipios y que responden al modelo de financiamiento y gestión imperante. Chiloé necesita el cambio, pero espera que éste sea bien realizado, y para que aquello goce de altos estándares y baje los niveles de angustia que comienza a instalarse en algunas comunidades educativas, sugerimos algunas medidas simultáneas de mediano plazo, que se deben abordar antes, durante y los primeros años de este nuevo traspaso para generar adhesión y no desencanto, mejores compromisos y no nuevas frustraciones.

En primer lugar, creemos que hay que construir capacidades de gestión en gobernanza multinivel. La variedad de actores involucrados exige que los nuevos directivos tengan las habilidades para coordinar territorialmente las intervenciones, injerencias y potencialidades de apoyo de la institucionalidad pública, que comprende a los municipios de origen hasta las diversas dependencias de relevancia educativa provincial y regional. Liderazgo para la coordinación de atribuciones, articulación de expectativas y modalidades de trabajo en red que doten a la nueva institucionalidad pública de legitimidad y autoridad educativa.

En segundo lugar, se debe realizar un mapeo que dé cuenta de las condiciones de la infraestructura y del equipamiento en todos los establecimientos educacionales, de modo que se establezca un programa de mejoramiento y comprometa a los municipios y al gobierno regional en esta tarea. Los establecimientos educacionales del SLEP Chiloé deben cumplir con estándares mínimos de operación, que garanticen seguridad a docentes y estudiantes, pero también espacios adecuados para la buena enseñanza y la vida comunitaria.

Tercero, depurar con trasparencia las condiciones de traspasado de profesionales docentes y de apoyo de los establecimientos educacionales, asegurando tranquilidad y estabilidad laboral, dotándoles de autoridad educativa y pedagógica, generando oportunidades de perfeccionamiento e invitándoles a ejercer su profesionalismo con eficacia y responsabilidad frente a sus comunidades. Este desafío requiere de un pacto por una educación de calidad, culturalmente pertinente, vinculada a los desafíos territoriales y acogedora de los sueños de niñas, niños y jóvenes, pero también de las esperanzas de sus familias y de las necesidades socioproductivas del territorio insular.

No podemos repetir la experiencia pasada de traspaso inconsulta, de ambiguas atribuciones y precario financiamiento. Hoy, al conocimiento y la experiencia pasada y reciente, debemos agregar voluntad y determinación para no repetir errores; es en el sistema educacional donde mayores certezas se requieren para abordar los cambios sociales que se esperan construir.

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/educacion/expectativas-ante-el-nuevo-traspaso-de-las-escuelas-publicas/2023-11-08/162313.html 

Desafíos urbanos en Los Lagos: hacia una región sostenible y equitativa

En la Región de Los Lagos, la gestión urbana enfrenta una serie de desafíos que requieren atención y acción por parte de las autoridades locales y regionales. Entre ellos se encuentra el de la planificación y el ordenamiento territorial, ya que el crecimiento urbano desordenado puede resultar en la proliferación de asentamientos informales, la falta de infraestructura básica y la degradación del medio ambiente. Es fundamental desarrollar y aplicar planes de ordenamiento territorial que promuevan un crecimiento urbano sostenible, garantizando el acceso equitativo a servicios básicos, protegiendo áreas de valor ambiental y cultural, y promoviendo la integración social y económica de todos los sectores de la población en nuestras ciudades. El gobierno regional debe liderar estos procesos de planificación estratégica que incluyan la elaboración y actualización de planes de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, los cuales deben ser participativos e integrar las necesidades y aspiraciones de la comunidad, así como considerar aspectos como la conservación del medio ambiente, la equidad social y la eficiencia económica.

Otro desafío importante en la gestión urbana de nuestra región es la movilidad y el transporte urbano. El aumento de la población y la congestión vehicular están afectando la calidad de vida de los habitantes, así como la eficiencia económica y ambiental de nuestras ciudades. Es necesario desarrollar sistemas de transporte público eficientes, seguros y accesibles, así como promover el uso de modos sustentables, junto a políticas de gestión del tráfico y planificación de infraestructura vial que mejoren la movilidad y reduzcan la contaminación del aire y el ruido en las áreas urbanas. Es crucial que el gobierno regional coordine de manera efectiva con otras entidades gubernamentales, tanto a nivel regional como nacional, así como con el sector privado y la sociedad civil, ya que la coordinación intersectorial es necesaria para garantizar la implementación coherente de políticas y programas en áreas como transporte, vivienda, medio ambiente y desarrollo económico.

Y tal vez el desafío más acuciante, lo constituye la provisión de vivienda adecuada y asequible, pues el crecimiento urbano ha llevado a una mayor demanda de vivienda, lo que puede resultar en un aumento de los precios y la exclusión de sectores de bajos ingresos de la vivienda formal. Es necesario implementar políticas y programas regionales que promuevan el acceso equitativo a la vivienda, fomenten la construcción de vivienda social y promuevan el desarrollo urbano inclusivo que garantice que todos los habitantes tengan acceso a viviendas seguras, saludables y dignas.

El gobierno regional debe desarrollar un liderazgo activo promoviendo la inversión pública y privada en infraestructura urbana, transporte, vivienda y otros sectores de modo integrado. Esto puede incluir la identificación de oportunidades de inversión, la facilitación de trámites y permisos, y la promoción de asociaciones público-privadas (PPP) para el desarrollo de proyectos de interés público. Desarrollando políticas y regulaciones que promuevan un desarrollo urbano sostenible y equitativo. Esto puede incluir políticas de uso del suelo, incentivos para la construcción de vivienda social, regulaciones ambientales y normativas de transporte público. Es importante que estas políticas sean coherentes, transparentes y aplicables, y que cuenten con el respaldo de la comunidad, por lo que es fundamental fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de los servicios públicos y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con la gestión urbana. Esto puede incluir la capacitación en planificación urbana y ordenamiento territorial, así como la creación de espacios de diálogo y consulta con la comunidad.

Ante la falta de una visión estratégica, el deterioro de la coordinación intersectorial, la pérdida de foco en la inversión pública, nuestra región necesita una nueva gobernanza territorial, que asegure una acción coordinada y colaborativa entre los niveles de gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad en general para garantizar un desarrollo urbano sostenible y mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. En resumen, el gobierno regional de Los Lagos debe actuar de manera proactiva y coordinada para abordar los desafíos de la gestión urbana y promover un desarrollo sostenible que mejore la calidad de vida de todos sus habitantes. Esto requiere liderazgo, planificación estratégica, coordinación intersectorial, promoción de la inversión, desarrollo de políticas y fortalecimiento de capacidades y participación ciudadana, para construir juntos una mejor región para todos.

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/regiones/desafios-urbanos-en-los-lagos,-hacia-una-region-sostenible-y-equitativa/2024-05-13/205956.html

Las oportunidades de esta crisis

Las transferencias de dineros públicos para que fundaciones privadas realicen funciones públicas por parte de gobiernos regionales han desatado una ola de críticas a la naturaleza de las mismas, a los procedimientos de asignación, a los procesos de ejecución de los temas encargados y a la calidad de los servicios que finalmente llegan a los usuarios. En efecto, esta crítica integral viene a sumarse a las muchas que hay sobre la política, sobre los partidos y los dirigentes políticos.

Sin pretender ser catastrofista, significan un daño a la función, a las instituciones públicas y a la convivencia democrática. Un Estado democrático requiere de la suficiente legitimidad que le otorgan sus actos para gozar de la confianza de los ciudadanos para responder con las cargas públicas necesarias para garantizar un orden determinado que a su vez posibilite enfrentar los problemas que se espera resuelva. Si bien la sociedad civil puede y debe tener un espacio para canalizar la filantropía, la solidaridad y hasta la cooperación, ello no puede constituirse en una política permanente de actuación en nombre del sector público con dineros públicos. Siempre serán tiempos excepcionales, de debilidad institucional, cuando sean los privados quienes contribuyan a resolver los problemas públicos.

Un gobierno regional puede sacar lecciones de este momento crítico apostando por el fortalecimiento tanto de la institucionalidad como de la descentralización pública. De la institucionalidad, impulsando a los propios servicios públicos hacerse cargo de los problemas sectoriales que les corresponda a través de agendas pactadas, compromisos de gestión u otros mecanismos de aseguramiento y control de gestión. Pero también, es una oportunidad para fortalecer la descentralización de los mismos, las competencias de los municipios y de las propias organizaciones de la sociedad civil no intermediarias, sino beneficiarias de los recursos finales.

Otra oportunidad que se abre es la de fortalecer la equidad territorial focalizando en las zonas tanto urbanas como rurales rezagadas del crecimiento económico o del desarrollo social, otorgando prioridad en la planificación concertada con los servicios públicos, municipales o de organizaciones de usuarios (como pueden ser los comités de agua potable, pavimentación de calles y mantención de caminos, reparaciones de infraestructura menor, atención de personas de calle. Hay mucha organización social con trayectoria y experiencia que puede autogestionar sus soluciones). Acotar la intermediación, la tercerización o como quiera llamársele, contribuye a la transparencia, al fortalecimiento del sector público, a la formalización e incorporación al trabajo decente y a la descentralización territorial.

El gobierno regional también debiera reevaluar su relación con las universidades contribuyendo al fortalecimiento de sus funciones específicas como la de investigación sobre asuntos que problematizan la convivencia regional, que contribuyan a la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas más acuciantes de la comunidad regional, como son aquellos fenómenos asociados a la degradación de los recursos naturales, el impacto de los nuevos fenómenos naturales, la complejidad cultural de las comunidades receptoras de inmigración reciente; que contribuyan a generar conocimiento que permita anticiparse a situaciones catastróficas, como enfrentar los crecientes problemas de desplazamiento y congestión urbana, el evidente agotamiento de los recursos energéticos convencionales o la emergencia de nuevos problemas asociados al sobreconsumo tecnológico e industrial y sus consecuencias contaminantes.

Existe un amplio espacio para trabajar por la justicia social y territorial que es necesario abordar para crear condiciones de partida igualitarias que permitirán enfrentar posteriormente las etapas escolares, laborales y la vejez de manera digna.

Diseñar e implementar iniciativas que bien pueden hacerse a través de los servicios públicos especializados contribuye a la generación de conocimiento pertinente para la toma de decisiones en el territorio. Invertir en formación específica para profesionales asentados en el mundo regional, que contribuyen a generar valor territorial, debiera ser una urgencia para la generación del capital humano avanzado hoy casi inexistente en muchos lugares del territorio. Constituye un desafío de nueva época para la gestión regional realizar mayores esfuerzos de liderazgo y coordinación territorial, crear condiciones de gobernanza con modalidades de trabajo intersectorial impulsando a los servicios públicos a mirar los vértices de la geografía regional y no el punto a mil kilómetros de referencia actual.

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/politica/las-oportunidades-de-esta-crisis/2023-07-31/090703.html

Universidad: reflexión, generación de capacidades y conocimientos

Estamos dejando atrás el periodo virtual al que nos obligó la pandemia que aún no culmina. Ha sido un tiempo desafiante, que nos obligó a redefinir en la Universidad de Los Lagos nuestras formas de convivir, estudiar, trabajar, recrearnos y las prioridades que teníamos para tiempos presenciales.

La adaptación a las nuevas condiciones no fue impedimento para cumplir nuestros compromisos de preparar adecuadamente nuestra universidad en las mejores condiciones para cuando se restablezca la presencialidad segura. Durante dicho periodo no solo mantuvimos el servicio académico de manera virtual, sino que además instalamos nuevas capacidades institucionales para fortalecer los procesos de aprendizajes de nuestros estudiantes, destacando la plataforma de trabajo académico y los apoyos tecnológicos y formativos.

Hoy tenemos una mayor oferta académica que se ha traducido no solo en nuevas carreras, sino también en más estudiantes matriculados, mejor equipamiento didáctico y con el respaldo de una mayor diversidad y calidad académicas, más una creciente complejidad universitaria. En efecto, nuestra universidad ha recibido una acreditación de nivel avanzado por cinco años, proceso y logro al cual nuestra sede ha contribuido de manera significativa, pero si bien ello constituye un reconocimiento, es principalmente una responsabilidad para con nuestra región en general, y con nuestro territorio insular en particular.

Considerando aquello es que hemos profundizado nuestras orientaciones estratégicas en dos áreas: la primera, en consolidar y fortalecer nuestra vinculación con el medio socio productivo y cultural desarrollando acciones estratégicas de colaboración; la segunda, tiene como finalidad avanzar en mayores niveles de complejidad institucional abordando las áreas de investigación y postgrado. En este sentido, nuestro territorio insular requiere de formación de capital humano avanzado que pueda construir respuestas a los desafíos de la implementación de las políticas públicas en nuevos escenarios de gestión, profesionalmente desafiantes y de exigencias social y culturalmente pertinentes, pero que también comience a dar respuesta a las necesidades y expectativas de formación de los profesionales que hoy ejercen en el mundo laboral público y privado.

Para abordar lo anterior, estamos en fases de diseño de dos iniciativas relevantes: el Magister en Gobernanza Territorial y en la creación e instalación de un Centro de Estudios Insulares. Con el magister queremos contribuir a dar respuesta a la necesidad de dotar de capacidades para la gestión de autonomías en el marco de las complejidades crecientes de nuestro territorio insular y a través del centro, además de desarrollar investigación, innovación y divulgación científica insular de excelencia, levantar los insumos que permitan tomar decisiones coherentes con los desafíos que enfrentarán las nuevas generaciones en materias medioambientales y ecosistémicas, patrimoniales y socioculturales, en el marco de un desarrollo productivo insular con impactos territoriales y en el bienestar de las personas y comunidades.

Hemos dado respuesta a los compromisos que se establecieron en el Plan Chiloé Superior, que permitió la concreción de una infraestructura digna para la educación superior en su propósito de formación de técnicos y profesionales, pero una universidad es más que aquello, especialmente la universidad pública como la nuestra, su misión es contribuir a la reflexión y a la elaboración de conocimiento que busque y encuentre verdad, que contribuya con respuestas a los desafíos existenciales de las personas de nuestro tiempo, pero también, sea capaz de albergar en su seno las esperanzas de que un mundo mejor es posible para las próximas generaciones.

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/educacion/universidad-reflexion-generacion-de-capacidades-y-conocimientos/2022-05-11/170157.html