En el marco de la discusión previa del proyecto de reforma
que el gobierno se ha comprometido a enviar al Congreso Nacional, me preocupan
algunos elementos que debiera contener la nueva estructura de gestión que adquirirá
la educación pública, pues ellos constituirán parte de un nuevo diseño de
nuestro sistema educacional para a lo menos, los próximos 30 a 50 años, por lo
que debieran tomarse decisiones que a la vez de ser transformaciones profundas -pues
nuestro sistema así lo requiere-, también deben contener una buena dosis de
realismo y prudencia.
Creo firmemente que retrotraer la educación pública a un
escenario de centralización y estatización contradice toda evidencia respecto
de la eficiencia y de la calidad de la educación que generan los diversos
sistemas educacionales en el mundo. Permanentemente destacamos como ejemplos a seguir
países como Finlandia, Suecia, Gran Bretaña, Canadá, Australia y otros, sin
hacer notar que estos son de los más descentralizados. Parece una contradicción
que se pretenda centralizar la administración educacional de los
establecimientos municipales del país cuando hoy es más evidente que antes la
demanda por una mayor descentralización y de consideración por la diversidad de
las comunidades. ¿Cómo puede un sistema centralizado garantizar mayores niveles
de participación e inclusión social si las decisiones relevantes se tomarán en
esferas desconocidas a los ciudadanos? Es sabida la crítica a los sistemas
centralizados respecto del alejamiento de la sensibilidad que requiere la
incorporación ya no solo al currículo escolar de los temas sentidos en las
comunidades como también de las particularidades culturales que otorgan
pertinencia y sentido a la acción educativa en los establecimientos a profesores
y a estudiantes, sino también, de la oportunidad en que se toman las decisiones
más urgentes para superar las dificultades de gestión diaria en los mismos.
¿Por qué Chile necesita un servicio nacional si lo que queremos es mejorar los
aprendizajes en la escuela, lugar donde lo gravitante son la calidad de los
docentes y de los directivos?, ¿Cómo puede otra oficina en Santiago pretender
definir las actividades de extensión escolar o de apoyo a los estudiantes para
lograr los aprendizajes que se espera de ellos o de capacitación y
perfeccionamiento de los docentes de ciencias en una localidad del norte o sur
de Chile? No parece ser el tono de lo que el país necesita.
Tenemos un sistema imperfecto, pero el camino no parece ser
volver a esquemas conocidos y de dudosa eficacia en el pasado y en otras
latitudes. Además, crear nuevas dependencias a la ya saturada burocracia del
sector, en nada aportará a la definición y claridad de responsabilidades de los
actores sobre la calidad de los procesos ni sobre los resultados de nuestro
sistema educacional, una de las grandes debilidades del actual. En efecto, el
carácter difuso en casi todos los ámbitos relevantes, facilita la impronta que
cada municipio le otorga a sus escuelas y éste se encuentra fuertemente ligado
a la personalidad del alcalde respectivo. La solución no es uniformar, es
otorgar claridad a las responsabilidades; un camino efectivo –volviendo a la
experiencia internacional- es desalcaldizar sin centralizar. O lo
que es más claro aún: fortalecer la descentralización, corrigiendo los errores
de la experiencia actual, incorporando capacidades inexistentes en muchos
municipios o nuevas agrupaciones administrativas, pero fortaleciendo sus
competencias en materias de administración y pedagógicas de modo que tengan
verdadera tuición sobre los procesos relevantes de la gestión escolar. Solo de
ese modo podremos superar la disolución de responsabilidades actuales y saber a
quién exigir mejores resultados en el futuro.
El estado central bien puede fijar sus esfuerzos en asegurar
una formación docente de calidad tomando el control de ello en las
universidades; en ofrecer programas exigentes de pasantías profesionales al
exterior para docentes y directivos e invitar a extranjeros destacados a las
distintas localidades del país; en mejorar la disponibilidad de información
para la toma de decisiones a los profesionales del sistema; y, en generar
oportunidades para la innovación e investigación educacional en todos los
niveles del sistema educacional, favoreciendo la cooperación y no la
competencia.
Si debemos cambiar lo existente, que no sea para que todo
siga igual.
