Chiloé a 200 años: Memoria histórica, justicia territorial y horizontes de futuro

El bicentenario del Tratado de Tantauco constituye una oportunidad privilegiada para reexaminar críticamente la incorporación del archipiélago de Chiloé a la República de Chile, el cual, firmado el 19 de enero de 1826, selló su incorporación formal al Estado chileno, poniendo fin al dominio colonial español en el extremo sur del continente. Tradicionalmente, este hito ha sido narrado desde la historiografía nacional como la culminación exitosa del proceso independentista. Sin embargo, una lectura crítica contemporánea permite advertir que la integración jurídico-territorial no implicó, necesariamente, una integración política, social ni cultural plena.

Desde el punto de vista jurídico, el Tratado de Tantauco garantizaba derechos civiles, respeto a la propiedad y seguridad personal para los habitantes del archipiélago. No obstante, como ha señalado la historiografía crítica, la incorporación de Chiloé se produjo bajo un modelo de Estado fuertemente centralista, que subordinó las particularidades territoriales a una lógica administrativa homogénea. Esta forma de integración produjo una paradoja persistente, que significó que Chiloé haya sido plenamente incorporado al territorio nacional, pero que permaneció marginal en la distribución del poder político, de la inversión pública y de la toma de decisiones estratégicas. El tratado, así entendido, puede leerse como un pacto fundacional incompleto, cuya promesa de igualdad republicana quedó estructuralmente postergada.

Por otro lado, los denominados “dolores de Chiloé” no se reducen a indicadores de pobreza o carencias materiales, sino que se trata, más profundamente, de una experiencia histórica de invisibilización, donde la condición insular ha sido interpretada como un obstáculo y no como una riqueza. En esta línea, Monseñor Juan Luis Ysern sostuvo reiteradamente que la problemática chilota debía entenderse desde la categoría de dignidad vulnerada, más que desde la mera asistencia social, y que la postergación territorial, no es solo una injusticia económica, sino una herida ética que erosionaba el sentido de pertenencia y de ciudadanía plena. También, desde la antropología cultural y la literatura, Renato Cárdenas denunció el proceso de folclorización de la identidad chilota, la reducción simbólica que transforma una cultura viva en objeto decorativo, desvinculándola de los procesos educativos, productivos y políticos. Esta fractura entre identidad y poder constituye uno de los núcleos más persistentes del malestar territorial.

Durante las últimas décadas, Chiloé ha experimentado una inserción acelerada en la economía global, principalmente a través de la industria salmonera. Si bien este proceso ha generado crecimiento económico y empleo, múltiples estudios han evidenciado sus costos sociales, ambientales y territoriales, así como su carácter altamente dependiente, que, desde una perspectiva crítica, Eduardo Mondaca ha caracterizado como un modelo de extractivismo periférico, donde el territorio asume los impactos negativos mientras que las decisiones estratégicas y la acumulación de capital se concentran fuera del archipiélago, generando una desvinculación tanto del bienestar comunitario como del control democrático local. Entonces, replantear el sentido mismo del desarrollo, desplazándolo desde el crecimiento económico hacia un enfoque de desarrollo humano integral, con arraigo territorial y con sostenibilidad ecológica nos invita a ver que Chiloé es un territorio inseparable de su relación con el mar y donde el concepto de maritorio nos permite comprender la integralidad ecológica, cultural y económica del archipiélago, situación que las políticas públicas han tendido a ignorar e imponer la idea de un espacio fragmentado, privilegiando su explotación productiva por sobre su cuidado y que las reiteradas crisis socioambientales evidencian que el futuro de Chiloé está indisolublemente ligado a la justicia ambiental y a la protección de los bienes comunes naturales, lo que desde una ética de la responsabilidad intergeneracional, su defensa no constituye una opción ideológica, sino una condición de posibilidad para la vida futura en el territorio.

Últimamente el Puente Chacao se ha convertido en el principal emblema de la política de integración territorial del Estado hacia Chiloé. Sin embargo, como advierten diversas voces críticas, la infraestructura por sí sola no garantiza desarrollo ni equidad, y que el riesgo radica en confundir la conectividad física con justicia social si el puente se concibe únicamente como corredor logístico, lo que puede profundizar las dinámicas extractivas y la dependencia, pero si, en cambio, se integra en una estrategia de fortalecimiento de servicios públicos, economías locales y derechos sociales, podría contribuir a una integración territorial genuina.

A 200 años del Tratado de Tantauco, la cuestión de fondo es eminentemente política. Se trata de avanzar hacia un nuevo pacto territorial, basado en descentralización efectiva, participación vinculante y fortalecimiento del poder local. Como ha sostenido Dante Montiel, el mayor déficit histórico de Chiloé no ha sido la falta de diagnósticos, sino la ausencia de capacidad decisoria sobre su propio destino, por lo que el futuro del archipiélago exige una democracia territorial que supere la lógica tutelar del centralismo, y el bicentenario del Tratado de Tantauco interpela a Chile a revisar críticamente su proyecto republicano, donde honrar esta fecha no implica celebrar una anexión, sino cumplir una promesa histórica de dignidad, justicia y reconocimiento. Quizás, a dos siglos de Tantauco, la pregunta decisiva no sea cómo integrar mejor Chiloé a Chile, sino qué puede aprender Chile de Chiloé para imaginar su propio futuro.

https://elquintopoder.cl/bicentenario/chiloe-a-200-anos-memoria-historica-justicia-territorial-y-horizontes-de-futuro/

https://elinsular.cl/2026/01/19/chiloe-a-200-anos-memoria-historica-justicia-territorial-y-horizontes-de-futuro/

PAES y justicia educativa: cuando la desigualdad se normaliza como mérito

Los recientes resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) en la Región de Los Lagos vuelven a poner en evidencia una tensión estructural del sistema educativo, como es la persistente brecha entre los estudiantes de los establecimientos con financiamiento público y aquellos provenientes de los colegios particulares pagados. Mientras el 90,2% de quienes rindieron la prueba -7.176 egresados distribuidos en 176 establecimientos públicos- obtuvieron un promedio de 580 puntos; mientras que 783 estudiantes del sector pagado -el 9,8% concentrados en 17 establecimientos- alcanzó un promedio cercano a los 735 puntos. La diferencia, superior a 150 puntos, no es un accidente estadístico; es un fenómeno social.

La pregunta central no es nueva, pero sigue siendo incómoda: ¿qué estamos midiendo realmente cuando evaluamos el “mérito” académico en un sistema profundamente desigual? Desde la sociología de la educación, estos resultados pueden interpretarse como una expresión concreta de la reproducción social. Hace bastante Bourdieu y Passeron, en Los herederos (1964) y luego en La reproducción (1970) señalaron que el sistema escolar tiende a legitimar como capacidades individuales aquello que es, en gran medida, herencia social. En este sentido, la PAES no solo evalúa aprendizajes, sino que traduce en puntajes las desigualdades previas de capital económico, cultural y simbólico acumuladas a lo largo de la trayectoria educativa.

Los estudiantes de colegios particulares pagados suelen disponer de un capital cultural alineado con los códigos dominantes del sistema escolar y universitario, como el dominio del lenguaje académico, la familiaridad con las evaluaciones estandarizadas, el acceso a preparación externa y desarrollo en entornos familiares con alta escolaridad. Bourdieu denomina a esta coherencia entre origen social y expectativas institucionales un habitus compatible con el éxito escolar. En contraste, los estudiantes del sistema público -mayoritario en la Región de Los Lagos- enfrentan un desajuste estructural entre sus condiciones de origen y las exigencias implícitas del sistema de selección universitaria.

Entonces, atribuir esta brecha a una supuesta “mala calidad” de la educación pública resulta conceptualmente erróneo y políticamente funcional. La calidad educativa no puede analizarse al margen de las condiciones de educabilidad, es decir, del conjunto de factores sociales, económicos y culturales que hacen posible el aprendizaje, lo cual, en territorios marcados por la ruralidad, la dispersión geográfica y el desigual acceso a los bienes culturales -como ocurre en amplias zonas de la Región de Los Lagos- estas condiciones son estructuralmente más adversas, y sino decisivas, condicionantes.

A ello se suma un rasgo distintivo del sistema chileno, como es la segregación escolar. En efecto, la OCDE ha señalado de manera reiterada que Chile presenta uno de los sistemas educativos más segregados de los países miembros, con efectos directos sobre los aprendizajes y las trayectorias educativas (OECD, 2019). En regiones, esta segregación se entrelaza con desigualdades territoriales, lo que permite afirmar que no solo se aprende distinto según el origen social, sino también según el lugar que se habita.

En este contexto, la PAES opera como un dispositivo de selección que presupone igualdad de oportunidades de partida. Sin embargo, desde una perspectiva de justicia educativa, dicha presunción resulta insostenible, ya que como plantea John Rawls en Teoría de la Justica (1971), las desigualdades solo son moralmente aceptables si benefician a los menos aventajados, entonces, cuando las reglas del juego amplifican las ventajas iniciales, el mérito pierde legitimidad como criterio distributivo.

Este debate no es ajeno a la discusión sobre calidad y aseguramiento que promueve la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Si la calidad de la educación superior -y de sus procesos de acceso- se define en relación con la equidad, la pertinencia territorial y la contribución al desarrollo regional, entonces resulta problemático sostener un sistema de admisión que reproduce sistemáticamente brechas de origen. La pregunta que debiera interpelar a las políticas educativas regionales no es solo cómo mejorar puntajes (aprendizajes), sino cómo construir trayectorias educativas justas y contextualizadas, que reconozcan la diversidad territorial y social del estudiantado.

Los resultados PAES en la Región de Los Lagos no hablan de falta de talento ni de escaso esfuerzo, sino de un país que sigue confundiendo igualdad formal con justicia real, y que continúa evaluando a sus estudiantes como si todos hubieran recorrido el mismo camino. Mientras esta ficción persista, la educación pública seguirá cargando con la exigencia de la igualdad de resultados, pero desde una desigualdad de partida estructural, y sin las condiciones estructurales para cumplir la promesa de una posterior igualdad de oportunidades.

https://elquintopoder.cl/educacion/paes-y-justicia-educativa-cuando-la-desigualdad-se-normaliza-como-merito/

https://elinsular.cl/2026/01/13/resultados-paes-en-la-region-de-los-lagos-cuando-la-desigualdad-se-normaliza-como-merito/

https://www.ellanquihue.cl/impresa/2026/01/20/papel/

Educación escolar: logros de Boric, problemas para Kast

El gobierno del presidente Gabriel Boric asumió en marzo de 2022 en un contexto excepcionalmente complejo para el sistema escolar chileno. A la herencia estructural persistente de desigualdad y segmentación, se sumaron los efectos disruptivos de la pandemia del COVID-19, que provocaron una crisis profunda en las trayectorias educativas, el bienestar socioemocional y los aprendizajes. En este escenario, la política educacional del período 2022–2025 ha estado marcada menos por reformas estructurales expansivas y más por una lógica de reconstrucción, reparación y estabilización del sistema.

Con la anterior consideración y sin pretender ser exhaustivo, creo que los principales logros del período deben analizarse no como transformaciones paradigmáticas, sino como avances incrementales significativos en áreas críticas para la sostenibilidad del sistema educativo y que permiten comprender el aporte real y los límites del ciclo gubernamental.

Uno de los logros más relevantes del período ha sido la reactivación progresiva del sistema educativo escolar tras la interrupción prolongada de la presencialidad entre 2020 y 2021. Desde un punto de vista de política pública, esta reactivación implicó no solo el retorno físico a las aulas, sino que la reconstrucción de condiciones mínimas de normalidad institucional, pedagógica y comunitaria. El gobierno impulsó una estrategia de reactivación educativa integral, articulada en torno a los ejes de asistencia y permanencia, fortalecimiento de aprendizajes y, bienestar socioemocional. Este enfoque reconoce que la crisis educativa no era exclusivamente cognitiva, sino también relacional y psicosocial, alineándose con las tendencias contemporáneas de educación integral. En términos cuantitativos, se observa una reducción sostenida de la inasistencia grave, lo que constituye un indicador clave de normalización del vínculo escuela-estudiante y desde el punto de vista cualitativo, la política logró reinstalar a la escuela como el espacio de socialización, protección y sentido, especialmente relevante en los contextos de alta vulnerabilidad. Este logro puede interpretarse como una política de contención sistémica, indispensable para evitar el colapso de las trayectorias educativas y condición previa para cualquier reforma de mayor alcance.

Otro logro significativo se observa en los resultados de aprendizaje en educación básica, particularmente en cuarto año básico, donde las mediciones estandarizadas muestran mejoras sustantivas, alcanzando niveles históricos en lenguaje y matemáticas. Este resultado debe interpretarse con cautela, pero también con reconocimiento, ya que la evidencia sugiere que las mejoras no fueron homogéneas, sino que se concentraron especialmente en establecimientos públicos y en contextos de mayor vulnerabilidad, lo que constituye un avance relevante en equidad de resultados, fenómeno que puede explicarse por una combinación de factores, como la priorización curricular, la focalización pedagógica en aprendizajes fundamentales, el fortalecimiento del acompañamiento docente y la reducción de presiones evaluativas excesivas en niveles iniciales. En términos de política educativa comparada, resulta destacable que estas mejoras se produzcan tras una crisis sistémica, lo que refuerza la tesis de que las políticas de recuperación, cuando son bien focalizadas, pueden generar efectos positivos incluso en contextos adversos.

Uno de los hitos más relevantes al cual otorgo gran valor desde el punto de vista político-institucional es la resolución de la denominada “deuda histórica” con el profesorado, una demanda arrastrada por más de cuatro décadas. Este esfuerzo trasciende su dimensión financiera, porque la deuda histórica constituye un símbolo de fractura ética entre el Estado y el profesorado, derivada de procesos de descentralización y reformas estructurales implementadas sin protección laboral adecuada. La aprobación de un mecanismo de reparación, aunque parcial y tardío, representa un acto de reconocimiento institucional, con efectos relevantes sobre la legitimidad del Estado como garante de derechos laborales y educativos. Además, en términos de gobernanza del sistema, este avance contribuye a recomponer la relación entre política pública y profesión docente, condición necesaria para cualquier estrategia de mejora sostenida de la calidad educativa.

Desde mi perspectiva, los logros educacionales del gobierno de Gabriel Boric deben entenderse como avances de estabilización, reparación y reconstrucción, más que como transformaciones radicales. En un contexto de crisis sistémica, estos logros no son menores, ya que permitieron evitar un deterioro mayor del sistema, lo cual posibilitará explorar futuras reformas o énfasis, especialmente en la calidad de la formación docente, de los aprendizajes de los estudiantes y de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los establecimientos escolares. En efecto, todo ciclo gubernamental, incluso cuando logra avances significativos, deja problemas no resueltos, tensiones acumuladas y contradicciones estructurales. En el caso del gobierno de Gabriel Boric, dichas tensiones no pueden interpretarse exclusivamente como fallas de gestión, sino como expresión de límites institucionales, restricciones fiscales y herencias históricas que exceden un solo período presidencial. Estos problemas constituyen desafíos sistémicos que el gobierno de Kast deberá enfrentar ya sea profundizando, revirtiendo o reconfigurando las políticas existentes, lo cual tendrá efectos de largo plazo sobre la equidad, calidad y legitimidad del sistema educativo chileno.

El primer problema central que hereda el próximo gobierno es la persistencia de profundas brechas de aprendizaje entre distintos grupos sociales, territoriales y tipos de establecimiento, pese a las mejoras observadas en los niveles iniciales. Este fenómeno puede explicarse por la naturaleza acumulativa del aprendizaje, como son los déficits tempranos no completamente resueltos que reaparecen con mayor intensidad en los niveles superiores, especialmente en un sistema altamente segmentado; pero también por la coexistencia de subsistemas con capacidades desiguales que siguen reproduciendo desigualdades estructurales. Este problema heredado no es solo de resultados, sino que, de arquitectura sistémica, lo cual limita la capacidad de políticas compensatorias de corto plazo.

El segundo problema estructural corresponde a las debilidades persistentes en la gobernanza de la educación pública, particularmente en el proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Si bien el gobierno de Boric optó por dar continuidad al proceso de desmunicipalización, lo hizo en un contexto de capacidad estatal limitada, problemas de instalación, déficits de gestión financiera y observaciones reiteradas por parte de los órganos de control. Este problema no radica exclusivamente en la existencia de los SLEP como tales, sino en la tensión no abordada con decisión -ni menos podrá esperarse resuelta-, entre centralización normativa y autonomía territorial, así como en la insuficiente profesionalización de cuadros directivos en algunos territorios, por lo que el próximo gobierno hereda una institucionalidad ni plenamente consolidada ni fácilmente reversible, lo que configura un dilema clásico de políticas públicas de costos crecientes de salida versus costos persistentes de permanencia.

Finalmente, un problema transversal que deja el gobierno de Boric es la ausencia de un horizonte estratégico consensuado de transformación educativa de largo plazo, más allá de las políticas específicas. Si bien existieron diagnósticos parciales y líneas de acción relevantes, no se logró articular un relato estructurante que integrara calidad, equidad, gobernanza, financiamiento y sentido cultural de la educación en un proyecto país compartido. Esta ausencia de consenso estratégico genera una alta disponibilidad a la discontinuidad, especialmente en un contexto de alternancia ideológica marcada, ya que el sistema educativo queda expuesto a ciclos de reforma y contrarreforma, con elevados costos institucionales. El gobierno de Kast heredará, así, no solo problemas técnicos, sino un campo educativo políticamente polarizado, con baja densidad de acuerdos estructurales.

Los problemas heredados para el próximo gobierno no constituyen simples déficits de gestión, sino expresiones de tensiones estructurales no resueltas del sistema educativo chileno, que combinan desigualdad histórica, límites fiscales, fragilidad institucional y transformaciones culturales profundas. El modo en que el gobierno de José Antonio Kast aborde estos problemas -ya sea profundizando políticas de recuperación, reorientando la gobernanza o redefiniendo el rol del Estado- tendrá efectos decisivos sobre el futuro del sistema educativo y su capacidad de cumplir una función democrática, integradora y de desarrollo en las próximas décadas.

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/educacion/educacion-escolar-logros-de-boric-problemas-para-kast/2026-01-07/014039.html

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La política y la campaña presidencial crispada

Hoy, cuando los algoritmos nos encierran en burbujas, la política busca disciplinar hasta la asfixia y los debates públicos se reducen a opciones binarias, altisonantes y agresivas. La campaña presidencial que culmina este domingo, se desarrolla marcada por la tensión, el miedo y la simplificación extrema, lo que parece confirmar que la derecha ha decidido abrazar una estrategia basada en la polarización emocional y la promesa de un orden disciplinario. En esta carrera, la sofisticación comunicacional de los algoritmos juega a su favor, porque como señala Sunstein C.R. (2018. # República: Democracia dividida en la era de las redes sociales), las plataformas digitales amplifican mensajes que despiertan miedo, agravio o sensación de amenaza, premiando así narrativas de restauración y castigo que la derecha ha sabido capitalizar con eficacia.

La retórica del “enemigo interno”, la insistencia en que Chile “se cae a pedazos”, que está al borde del colapso moral o del caos social, y la rehabilitación de imaginarios autoritarios que creíamos superados, forman parte de un arsenal discursivo que busca emocionar antes que argumentar. Mouffe, C. (2018. Por un populismo de izquierda) advierte que la política basada en antagonismos irreductibles inhibe el pluralismo y empobrece la deliberación; en el caso chileno, esta lógica se manifiesta en discursos que reducen la realidad a una lucha entre “los que quieren orden” y “los que promueven el desorden”, estableciendo dicotomías que ignoran la complejidad de los problemas públicos.

No es casual que, en la presente campaña, la derecha haya impulsado una narrativa donde la seguridad se presenta como valor absoluto, desprovisto de contexto social o político. La solución que ofrece es siempre punitiva, reactiva, casi mecánica: más control, más fuerza, más disciplina. Laclau, E. (2005. Sobre la razón populista) describió esta fijación con identidades cerradas y discursos homogéneos como característica de proyectos populistas que prometen un retorno imaginario a un pasado ordenado y coherente. En Chile, este imaginario se traduce en una exaltación de la autoridad y en una permanente sospecha hacia cualquier agenda transformadora.

El problema es que esta estrategia electoral no solo polariza, sino que reduce la política a un campo de batalla moral donde la ciudadanía se limita a elegir entre obediencia o caos. En este clima, el disenso razonado se vuelve sospechoso y la complejidad es interpretada como debilidad. El resultado es una campaña presidencial donde el debate de ideas queda subordinado a la emocionalidad intensificada por algoritmos que confirman prejuicios y alimentan miedos (Sunstein, 2018).

Sin embargo, lo más preocupante no es la eficacia electoral de esta lógica, sino su impacto en la convivencia democrática. Una política que se piensa a sí misma como confrontación permanente erosiona la posibilidad de imaginar proyectos compartidos. Arendt, H. (1958. La condición humana) recordaba que la verdadera política nace cuando las personas ejercen su capacidad de iniciar algo nuevo. Esto implica creatividad, pluralidad y apertura, justamente lo que hoy se ve asfixiado por una estrategia comunicacional que convierte a la ciudadanía en audiencia y no en protagonista.

Chile necesita una política que no renuncie al conflicto, pero que sea capaz de transformarlo en energía creativa para la construcción de un horizonte común. Habermas, J. (1992. Más reflexiones sobre la esfera pública) planteaba que el “uso público de la razón” es condición para la legitimidad democrática, ya que no hay futuro sostenible si la discusión pública queda reducida a slogans polarizantes diseñados para viralizarse en redes sociales. La campaña presidencial actual -particularmente desde la derecha- parece renunciar deliberadamente a esa idea de razón pública, apostando por un discurso eficaz para ganar elecciones, pero corrosivo para sostener una democracia madura.

La reconstrucción de un pacto social requiere, como señala Ricoeur, P. (1990. Uno mismo como otro), una narrativa común que integre conflicto y esperanza, memoria y porvenir. Pero esa narrativa no emergerá de la estrategia de agitación permanente que hoy impulsa la derecha, sino de una política capaz de articular convivencia, cooperación y creatividad democrática.

En un país cansado, fragmentado y expuesto a la manipulación algorítmica, demandar una política más racional no es ingenuidad, sino que es un acto de defensa cívica. La campaña presidencial pasará, pero las consecuencias de la retórica del miedo pueden perdurar, por ello, es urgente reivindicar una política que no se rinda ante la estridencia ni se incline ante la agresividad, una política capaz de imaginar un país menos disciplinado por el temor y más movilizado por la esperanza.

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/politica/la-politica-y-la-campana-presidencial-crispada/2025-12-18/000845.html

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Docencia con Sello de Vinculación con el Medio: tensiones estructurales y potencial transformador

La incorporación de la Vinculación con el Medio (VcM) como sello formativo en la docencia universitaria ha emergido como una respuesta estratégica a las demandas contemporáneas de pertinencia, responsabilidad social y democratización del conocimiento en América Latina. A partir de la literatura reciente y de los debates sobre la misión pública universitaria, se argumenta que la VcM no constituye únicamente un conjunto de metodologías, sino una reorganización del vínculo entre la universidad, el territorio y la ciudadanía. Sin embargo, su consolidación se enfrenta a estructuras curriculares rígidas, sistemas de aseguramiento de la calidad centrados en indicadores tradicionales e incentivos académicos que privilegian la productividad científica sobre la colaboración territorial.

También, la educación superior se encuentra atravesada por crecientes demandas de pertinencia social, calidad académica, innovación pedagógica y ampliación del acceso. En este escenario, la VcM ha dejado de ser una función periférica para adquirir un rol estratégico en la articulación entre conocimiento, territorio y desarrollo. Este desplazamiento ha derivado en la emergencia de la docencia con sello de VcM, una propuesta que busca integrar experiencias territoriales como parte constitutiva de los procesos formativos. Este fenómeno merece atención porque involucra debates centrales sobre la misión universitaria, la política pública, la evaluación y la formación profesional. No se trata solo de innovar en el aula, sino de redefinir la función social de la universidad (Boyer, E. (1996) The scholarship of engagement. Boletín de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, Vol. 49, No. 7, págs. 18-33); Bernasconi, A. (2020) La educación superior en América Latina en la encrucijada. Fondo de Cultura Económica).

La docencia con sello de VcM ha sido interpretada como un modo de democratizar el conocimiento, permitiendo que estudiantes, académicos y comunidades participen de manera conjunta en la construcción de saberes socialmente situados. Esta aproximación dialoga con la tradición latinoamericana de pedagogías críticas, donde Freire, P. (1970. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI) sostiene que el aprendizaje debe vincularse a la transformación de la realidad y al ejercicio de la conciencia social. Además, la literatura sobre aprendizaje situado refuerza esta premisa al demostrar que los conocimientos adquieren mayor relevancia cuando se articulan con experiencias contextualizadas (Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press). En este marco, la VcM posibilita que los estudiantes no solo “apliquen” teorías, sino que participen en los procesos de co-construcción epistémica con los actores territoriales.

Asimismo, la docencia con sello de VcM amplía la misión pública de la universidad. Boyer (1996) planteó la necesidad de un “scholarship of engagement”, donde el compromiso público forma parte de la actividad académica legítima. Desde esta perspectiva, la docencia deja de ser un proceso restringido al aula para convertirse en un espacio de interacción social y de responsabilidad cívica. Esta reconfiguración del conocimiento universitario introduce tensiones con las prácticas tradicionales, ya que cuestiona las jerarquías epistémicas, redefine los roles docentes y abre a la universidad a formas no académicas de conocimiento.

La implementación de la docencia con sello VcM revela tensiones estructurales que operan a nivel curricular, organizacional y normativo. En el plano curricular, los programas rígidos dificultan la flexibilidad temporal y metodológica necesaria para trabajar con actores territoriales, cuyas dinámicas suelen ser más variables. En el plano organizacional, la literatura destaca la persistencia de modelos universitarios burocráticos que priorizan la eficiencia administrativa por sobre la innovación pedagógica (Bernasconi, 2020). La VcM, al requerir coordinación inter e intra institucionales, gestión de alianzas y trabajo colaborativo, pone en evidencia los límites de estas estructuras.

El aseguramiento de la calidad es otro ámbito de tensión. Aunque las políticas nacionales han reconocido a la VcM como función sustantiva -como ocurre en los criterios de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile, 2023. Criterios y estándares para la acreditación institucional. Comisión Nacional de Acreditación)-, los indicadores siguen centrados en resultados cuantificables y de corto plazo. Los impactos de la VcM, en cambio, suelen ser cualitativos, procesuales y de largo plazo. A esto se suma el diseño de incentivos académicos, donde la carrera docente continúa privilegiando la productividad científica tradicional (Furco & Holland, 2004. Institutionalizing service-learning in higher education. Jossey-Bass), lo que desincentiva el involucramiento en proyectos territoriales que demandan tiempo, trabajo relacional y seguimiento comunitario.

Desde el punto de vista pedagógico, la docencia con sello de VcM abre un horizonte de potencial transformador. Diversos estudios han mostrado que la interacción con el territorio promueve el pensamiento crítico, la motivación estudiantil, el sentido de pertenencia y la adquisición de capacidades profesionales contextualizadas (Astin, A., Vogelgesang, L., Ikeda, E., & Yee, J. (2000). How service learning affects students. UCLA Higher Education Research Institute). Para estudiantes de primera generación, estas experiencias pueden reforzar el sentido de propósito universitario y la comprensión del rol público de su futuro ejercicio profesional. No obstante, también emergen límites importantes. La coordinación con organizaciones del entorno requiere competencias docentes que no siempre están presentes, como la facilitación del diálogo intersectorial, la mediación de conflictos, el diseño de experiencias territoriales seguras y éticamente responsables, entre otras; se trata de un perfil docente ampliado, que la formación universitaria aún no ha incorporado plenamente. Por otro lado, el estudiantado, por su parte, enfrenta desafíos de heterogeneidad sociocultural que para algunos grupos las experiencias territoriales pueden resultar exigentes o incluso amenazantes, especialmente si no se acompañan con dispositivos de reflexión crítica y contención (Creswell, J. W., & Guetterman, T. (2019). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Pearson).

Más que un recurso metodológico, la docencia con sello VcM puede comprenderse como parte de una ecología universitaria que articula tres planos de manera simultánea: a) el pedagógico, donde se integran experiencias formativas situadas; b) el institucional, donde se reorganizan estructuras, incentivos y sistemas de evaluación; y c) el público, donde la universidad se reconoce como actor implicado en la producción de bienes comunes. Esta ecología requiere coherencia institucional que se refleje en políticas de VcM robustas, financiamiento estable, dispositivos de acompañamiento y marcos éticos que regulen la interacción con los territorios vulnerables. En ausencia de estas condiciones, la VcM corre el riesgo de quedar reducida a actividades puntuales dependientes de voluntades personales.

En resumen, la docencia con sello de VcM constituye un aporte significativo para la renovación de la educación superior, pues articula conocimiento, territorio y formación ciudadana. Su potencial transformador reside en su capacidad para democratizar la producción de saberes y reforzar la misión pública universitaria. Sin embargo, su consolidación enfrenta tensiones institucionales aún no resueltas, a saber: estructuras curriculares rígidas, marcos de aseguramiento de la calidad centrados en indicadores tradicionales, incentivos académicos limitados y desafíos pedagógicos complejos. Para avanzar hacia una docencia con sello VcM sostenible, se requiere comprender estos desafíos no como barreras metodológicas, sino como expresiones de un debate más amplio sobre el sentido de la universidad en la sociedad contemporánea.

https://www.ulagos.cl/opinionulagos/docencia-con-sello-de-vinculacion-con-el-medio-tensiones-estructurales-y-potencial-transformador/

https://thepuertovaras.cl/contenidos/docencia-con-sello-de-vinculacion-con-el-medio-tensiones-estructurales-y-potencial-transformador-por-carlos-delgado-alvarez-doctor-en-ciencias-de-la-educacion-profesional-de-la-dgvcm/

Chile ante el dilema electoral entre los extremos

Vivimos una coyuntura electoral particularmente elocuente sobre el estado de salud de nuestra democracia. La polarización entre las candidaturas ubicadas en los polos ideológicos -una extrema derecha que reivindica orden y soberanía como ejes civilizatorios, y una extrema izquierda desdibujada que levanta (aun cuando sea poco creíble) un tímido programa de transformación estructural del modelo económico y político- ha instalado la sensación de que estamos frente a algo más que una elección presidencial ordinaria. Lo que se disputa es, al menos simbólicamente, la continuidad o reemplazo del paradigma democrático-liberal-socialdemócrata que, con todas sus imperfecciones, ha ordenado la vida política nacional desde 1990.

Diversos autores han advertido que las democracias contemporáneas atraviesan un proceso de desgaste en su legitimidad representativa como consecuencia de la desconexión entre las expectativas ciudadanas y las capacidades reales de sus sistemas políticos (Mounk, 2018. El pueblo contra la democracia: Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla); Levitsky & Ziblatt, 2018. Cómo mueren las democracias). Este fenómeno no sería ajeno en nuestro país.  La transición pactada, el crecimiento económico sostenido y la ampliación de derechos sociales generaron durante dos décadas, una narrativa de progreso que sostuvo la legitimidad del orden institucional. Sin embargo, el ciclo de protestas que culmina con el estallido social de 2019 reveló una fractura acumulada en torno a desigualdades persistentes, percepciones de abuso y un sentimiento transversal de exclusión política.

Ante esta erosión de confianza, algunos sectores ciudadanos parecen mostrar una revalorización de formas de autoridad más verticales. Mounk (2018) documenta cómo, en distintos países, aumenta la proporción de ciudadanos que aceptan “gobiernos fuertes” que no se someten a controles institucionales. Algo similar ocurre con la noción de democracia liberal, donde si bien las personas siguen valorando una idea abstracta de democracia, muestran menor adhesión a los principios que la sostienen -separación de poderes, respeto de minorías, interdependencia entre libertad y pluralismo (Norris & Inglehart, 2019. Reacción cultural: Trump, Brexit y populismo autoritario). Nuestro país no parece ser inmune a este patrón global.
 
El actual escenario electoral no se explica únicamente por dinámicas ideológicas. Diversos factores estructurales han configurado un ecosistema emocional y político propicio para discursos maximalistas. En primer lugar, la inseguridad delictual se ha convertido en el principal problema público, la violencia del crimen organizado, la percepción de descontrol territorial y la sensación de que las instituciones no son capaces de proteger a la ciudadanía han generado un clima de miedo que, como sostienen Waisbord y Amado, ((2017). Comunicación populista por medios digitales: el Twitter presidencial en América Latina), favorece narrativas políticas que prometen respuestas rápidas, decididas y, en ocasiones, ajenas al debido proceso democrático.
 
En segundo lugar, la inmigración masiva -particularmente en el norte del país- ha sido leída por sectores sociales como un desborde institucional y cultural. Aunque la evidencia muestra que los flujos migratorios no determinan por sí solos el apoyo al extremismo, sí lo hacen cuando interactúan con percepciones de crisis económica y de amenaza identitaria (Eatwell & Goodwin, 2018. Nacionalpopulismo: La rebelión contra la democracia liberal). El bajo crecimiento y las presiones inflacionarias completan el cuadro. Como han demostrado Stiglitz (2019, La desigualdad es el problema, en la obra colectiva El síntoma Trump), y Piketty (2020. Capital e Ideología), en contextos donde el bienestar material se estanca y la desigualdad persiste, aumenta la desconfianza en la capacidad del modelo vigente para generar prosperidad compartida. Esta frustración abre espacio a liderazgos que prometen rupturas radicales con el consenso económico y político previo.
 
A lo anterior se suma la progresiva degradación del lenguaje político, fenómeno ampliamente estudiado en sociedades polarizadas (Moffitt, 2016, El ascenso global del populismo. Performance, estilo político y representación). En nuestro país, los liderazgos -con escasas excepciones- han contribuido a una atmósfera de sospecha permanente, descalificación personal y construcción del adversario como “enemigo” de la patria o del pueblo. Este clima discursivo ha erosionado la capacidad para construir acuerdos y ha reforzado la narrativa de que la política tradicional está agotada o capturada por los intereses corporativos. A ello han contribuido los medios de comunicación tradicionales y sus rostros en aras de figuración y relevancia pública, lo cual se ha amplificado en las redes sociales.
 
Cuando la conversación pública deja de estructurarse en torno a argumentos y se desplaza hacia afectos negativos -ira, indignación, resentimiento- la deliberación democrática se vuelve inviable y las instituciones pasan a percibirse como obstáculos para resolver problemas urgentes, más que como garantías para preservar la convivencia en medio de la diversidad. Así, el dilema que enfrenta nuestro país no es simplemente programático, lo que implica preguntarse si estamos dispuestos a redefinir los parámetros básicos del orden democrático. ¿Es viable una democracia más plebiscitaria, con liderazgos fuertes y capacidad de acción rápida? ¿Puede sostenerse un proyecto de transformación económico social en un contexto de polarización y desconfianza?
 
La literatura comparada advierte que, cuando la democracia pierde su capacidad de producir resultados y proteger a las personas en su vida cotidiana, los ciudadanos suelen preferir opciones que prometen eficacia por sobre deliberación (Foa & Mounk, 2016. El peligro de la desconsolidación: la desconexión democrática). Sin embargo, la experiencia histórica sugiere que los atajos autoritarios rara vez conducen a sociedades más justas o estables. Entonces, lo que está en juego en esta elección no es solo qué proyecto político gobernará los próximos años, sino qué tipo de democracia desea conservar o transformar nuestro país. Entre el descontento social, la inseguridad, la migración, el estancamiento económico y la crispación del lenguaje político, el país se encuentra en un punto de inflexión, y la pregunta es si esta tensión derivará en una actualización creativa de la democracia liberal -más inclusiva, eficaz y protectora- o si abrirá la puerta a fórmulas que, en nombre de la urgencia, debiliten los cimientos institucionales que han sostenido tres décadas de estabilidad.

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/politica/chile-ante-el-dilema-electoral-entre-los-extremos/2025-12-03/065714.html

https://elquintopoder.cl/politica/chile-ante-el-dilema-electoral-entre-los-extremos/

La implementación de la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad como desafío para la VcM en la Universidad de Los Lagos

Recientemente, la Universidad de Los Lagos y Gendarmería de Chile han firmado un convenio de colaboración como un marco de cooperación mutua para la generación de condiciones que permitan la implementación y posterior ejecución de la pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. En este convenio, la universidad se compromete a ofrecer plazas de servicios voluntarios y no remunerados a Gendarmería de Chile, quien las destinará a las personas que deben cumplir la sanción penal impuesta, realizando actividades que beneficien a la comunidad o a personas en situación de precariedad.

El potencial del cumplimiento de penas remitidas en trabajo comunitario en el ámbito universitario representa una alternativa prometedora a las sanciones tradicionales, como la privación de libertad, especialmente para delitos menores o infracciones cometidas por jóvenes. Esta aproximación combina objetivos de reinserción social, educación y servicio a la comunidad, aprovechando el entorno académico como un espacio de transformación y aprendizaje. Más allá de las formalidades, este convenio conlleva una gran capacidad para lograr mayores niveles de vinculación de la universidad con un actor no tradicional y de baja visibilidad en el territorio, pero cargado de un sesgo de discriminación social.

Una relación de esta naturaleza tendrá, sin duda, un impacto positivo en la comunidad universitaria, ya que no solo se acogerá a infractores que podrán mantener sus vínculos sociales y eventualmente académicos mientras cumplen sus penas, lo que podría reducir la reincidencia y, a la vez, fomentar la adquisición de habilidades blandas como la empatía, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Además, se podrán desarrollar habilidades de carácter técnico, por ejemplo, al participar en proyectos de impacto social.

Otros impactos positivos que se pueden esperar se originarán en iniciativas de acogida que puedan desarrollarse, por ejemplo, en el marco de la creación de proyectos de servicio comunitario, logrados a través de la implementación de tutorías a grupos vulnerables, mantenimiento de espacios verdes y apoyo en bibliotecas. Esto, indudablemente, enriquecerá la misión de la universidad, fortaleciendo su responsabilidad social y su relación con el entorno. También se podrían esperar efectos sobre el sistema carcelario, como la reducción de la sobrepoblación y los costos asociados, desviando casos de baja peligrosidad hacia sanciones que se alinean con modelos de justicia restaurativa, donde la reparación del daño a la comunidad es central. Adicionalmente, es una oportunidad para que la universidad pueda crear programas interdisciplinarios (derecho, psicología, trabajo social) para supervisar y evaluar el cumplimiento de estas penas, convirtiéndose en un laboratorio de innovación social.

Entre las consideraciones que es necesario contemplar está la previsión de estigmatizaciones y exclusiones dentro de la comunidad universitaria, lo que implica evaluar el perfil de elegibilidad de los infractores (por ejemplo, faltas y delitos leves) para garantizar recepciones acogedoras y claras, así como la asignación de personal previamente preparado. Además, se pueden implementar programas específicos como alfabetización digital y apoyo tecnológico a comunidades; integrar componentes educativos como talleres de derechos humanos y resolución de conflictos como parte de la sanción; y establecer métricas de éxito, como tasas de reincidencia, impacto comunitario y satisfacción de los participantes. En definitiva, constituye una oportunidad para diseñar un modelo pertinente, considerando la evidencia de ejemplos inspiradores, como las experiencias de la Universidad de Barcelona, que involucra a jóvenes infractores en tareas de apoyo en proyectos sociales, o el programa "University-Based Community Service", donde universidades norteamericanas vinculan a jóvenes con penas judiciales en labores de mentoría o ambientalismo, bajo supervisión académica.

El potencial de este convenio para que la ejecución de la pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, remitida en trabajo comunitario en la universidad, puede ser el germen de la construcción de un programa de VcM que aborde los desafíos legales, logísticos y sociales, y que se constituya en una alternativa que no solo humaniza el sistema de justicia, sino que fortalece el rol de la universidad como agente de cambio social. Una implementación cuidadosa, con evaluación continua, puede convertir esta medida en un pilar para la justicia restaurativa en el ámbito educativo y en el fortalecimiento de la vinculación de la universidad con un sector estigmatizado y ansioso de oportunidades para la reinserción de ciudadanos que han incurrido en faltas o infracciones a la convivencia social.

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/educacion/pena-de-prestacion-de-servicios-a-la-comunidad-desafio-en-la/2025-11-17/000641.html

https://www.ulagos.cl/opinionulagos/la-implementacion-de-la-pena-de-prestacion-de-servicios-en-beneficio-de-la-comunidad-como-desafio-para-la-vcm-en-la-ulagos/