La escuela tiene una función pública mucho más vasta que la que le asignan quienes la reducen a una mera función trasmisora de conocimientos o aseguradora de ciertos niveles de escolaridad. Sin minimizar éstas, es menester recalcar que, por su función pública, la escuela es un órgano de “justicia distributiva” y, como tal, opera la justicia social al regular equitativamente las oportunidades sociales y las responsabilidades respecto al bien común de todos los ciudadanos.
En sociedades con cierto grado de tolerancia social y sentido de comunidad, el rechazo a la diferencia toma razones específicas y encubiertas, donde el clasismo ha sido y sigue siendo el modo sobre el cual se afirma un tipo de integración que sustenta, a su vez, una particular atmósfera de cohesión social engañosa, propia de las sociedades tradicionales y premodernas; su opuesto, es una sociedad igualitaria o la presencia de una alta disposición a convivir con personas de distinta condición social. Sin embargo, ese valor puede quedar refugiado y encapsulado en el espacio del anhelo, en el discurso, sin traducirse necesariamente en actitudes y acciones coherentes.
Digo lo anterior a propósito del anuncio de la apertura del nivel de educación media en tres escuelas básicas de la ciudad de Osorno, con el objetivo de ofrecer continuidad a quienes egresan del octavo grado. Se desconocen los fundamentos educativos, los cuales debieran primar, la supuesta contribución a la descongestión vehicular es insuficiente. En efecto, debiéramos revisar la solidez del proyecto educacional de estos establecimientos a la luz de los resultados de las mediciones externas, con lo cual se podría proyectar una garantía de calidad en aprendizajes más complejos en los niveles superiores; si el proyecto educativo del nivel básico será complementado solo con la extensión curricular del nivel medio o será acompañado con la ampliación de un nuevo proyecto educativo que supera las debilidades existentes y lo enriquece ante el nuevo desafío; si las expectativas de la comunidad educativa se respaldan con las capacidades institucionales, profesionales y económicas que sustentarán y otorgarán viabilidad en el largo plazo a esta iniciativa administrativa. ¿Es efectiva la capacidad de estas escuelas ya con dos niveles educativos, agregar un tercero que complejiza la gestión directiva, el desarrollo curricular, la convivencia interna y la capacidad de trabajo profesional colaborativo?
Por otro lado, la segregación social -en este caso de los estudiantes- puede tener varios rostros, uno es trasladar y agrupar en establecimientos específicos a quienes comparten ciertas características comunes, pero otra vía es mantenerlos en los mismos en los cuales han cursado a lo menos ocho años, limitando su acceso a bienes públicos de calidad (como establecimientos educacionales de reconocida trayectoria, buen equipamiento e infraestructura adecuada, equipos profesionales de excelencia y que tienen altas expectativas para sus estudiantes), reduciendo sus espacios de formación y convivencia a condiciones precarias para este desafío, sin convivir o compartir con otros sino que con los mismos, reproduciendo las desigualdades y una cultura de bajas expectativas, limitando los espacios cívicos ya bastante segregados por la constitución residencial de la ciudad.
La educación puede romper el círculo de la reproducción social denunciado por teóricos como Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron y Basil Bernstein, por lo que medidas como estas parecieran ir en contra de una política pública de calidad y de justicia social. Las autoridades que tomarán esta decisión debieran ofrecer todos los argumentos que tuvieron a la vista para ello y explicar a la ciudadanía algo que nos compete a todos, porque en ello se juega la calidad de la convivencia democrática, la cohesión social y el bienestar de las próximas generaciones. No basta hacer gratuita la escuela o ampliar su cobertura para que todos los niños sean iguales, pues la pobreza o riqueza de sus familias los acompañará hasta dentro de las aulas y sigue determinando, todavía en forma inexorable, la duración de su escolaridad y, con ello, su futura capacidad de ingresos y bienestar. Para que la escuela (o el liceo) rompa ese círculo vicioso debe estar lo suficientemente dotada de capacidades que transformen la vida de todos sus estudiantes y quiebre junto a ellos, la resignación y la desesperanza.
La anterior es una medida benevolente, paternalista, que dice buscar “proteger”, pero lo que en realidad logrará es discriminar y segregar, fortaleciendo la etiqueta que se le ha asignado al sector en el cual viven. Una crueldad que los decisores en política educativa no debieran avalar, ni las autoridades aprobar. La labor de los educadores es comprometer su liderazgo en hacer evidentes estas sutilezas discriminatorias que muchos padres no alcanzan a visualizar, pero que marcarán el futuro de sus hijos. Quienes tienen menos educación debido a su desventaja social sufren un sutil, pero profundo sesgo.
La educación también sirve para dividir a la sociedad de muchas maneras. Los niveles educativos más altos están vinculados a mejores ingresos, salud, bienestar y empleo. Crecer en un vecindario pobre reduce significativamente las posibilidades de que un niño se gradúe de la Escuela Secundaria, según un estudio publicado en la revista American Sociological Review por Geoffrey Wodtke y David Harding de la Universidad de Michigan y Félix Elwert de la Universidad de Wisconsin (2016/121, N°4, 1168-1222). Asimismo, entre más tiempo vive el niño en ese barrio, el impacto será más dañino.
No da lo mismo donde estudias y con quién estudias; si lo haces en un barrio catalogado de socialmente complejo, sutilmente discriminado y convencido que lo hacen por tu bien, se fortalecen los obstáculos para la movilidad social. Un sesgo oculto, que a menudo ignoramos.
