sábado, 28 de mayo de 2011

La desconfianza instalada

Nos ha sorprendido la ciudadanía al salir a la calle a protestar por la aprobación de la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en Aysén. No creo que se deba sólo a la conciencia ambientalista la participación masiva de los ciudadanos, aquí hay algo más de fondo y que se ha venido incubando los últimos años, me atrevo a señalar que esto tiene que ver con la confianza que tenemos en las instituciones públicas y en nuestras autoridades; o mejor dicho, en la desconfianza que se tiene en ellas. Así es, recuerdo que hace años le dije al ministro de educación de ese entonces, que no me parecía correcto asociar una campaña en la cual un perrito llamaba a los niños especialmente, a desconfiar de los vecinos en el barrio, de la gente en la calle, en la escuela y en la casa, con lo que debía hacer la escuela, que en mi concepto, debe fortalecer los lazos comunitarios, la solidaridad y la cooperación entre sus miembros, que lo que debíamos promover entre los estudiantes era fortalecer los valores deseables para construir una sociedad más amistosa y no una en la cual desconfiáramos unos de otros. El ministro le encontró sentido, pero la avalancha política y periodística de ese entonces -y hoy no es tan diferente-, aprovecha la delincuencia para fortalecer una estrategia de inseguridad ciudadana que nos tiene a todos medios paranoicos.

Estas manifestaciones son de las primeras consecuencias de largos años de promover la desconfianza entre nosotros: no se cree en la justicia, no se cree en la transparencia de las actuales instituciones, no se cree en la consecuencia de las autoridades, no se cree en que la responsabilidad social de los empresarios es genuina, sino una de las estrategias más para engañar a los ciudadanos como muchas veces lo hacen cuando nos tratan como consumidores, así lo hacen los bancos, las grandes tiendas, las instituciones de la seguridad social y todas las empresas de servicios que nos venden y nos hacen firmar contratos por adhesión con letra chica. Si hasta el gobierno promueve iniciativas legales en las cuales se otorga un beneficio y de contrabando pretende cercenar otros o limitar los derechos adquiridos, así ha ocurrido últimamente con la prolongación del post natal para las mujeres, el premio a las bodas de oro, etcétera. HidroAysén se ha constituido en la gota que rebalsó el vaso ya saturado: una comisión regional que no es autónoma, un ministro-jefe que “sugiere” como deben votar sus integrantes, empresarios de un sector de tan altas tarifas que el gobierno anterior tuvo que subsidiar el consumo de las cuentas de luz de las familias más modestas, políticos que han sido elegidos para representarnos pero que comienzan a encontrar justificaciones muy parecidas a las de los anteriores, así suma y sigue…entonces, a quién le creemos?

Los ciudadanos tenemos la fuerza de nuestros votos, pero también la de la movilización. Votamos periódicamente para elegir o renovar el mandato de nuestros representantes y ello debemos hacerlo con firmeza evaluando su actuación pasada, contrastándola con sus promesas, pero también, no podemos renunciar a manifestar nuestro descontento con la actuación de las instituciones, autoridades, grupos de poder y representantes que no actúan en consecuencia con su mandato, con la celeridad que se requiere, con la eficacia que se espera. La democracia y la movilización se potencian cuando se escuchan debida y oportunamente, la democracia no consiste solamente en votar periódicamente, sino que principalmente, en escuchar los sueños, las aspiraciones y las ideas de los ciudadanos. Cuando la política y especialmente los partidos políticos, pretenden secuestrar la soberanía popular, lo que está en peligro es la democracia misma y ésta se perfecciona y profundiza cuando los líderes y las instituciones tienen la capacidad de escuchar y transformar esos sueños, aspiraciones e ideas en acciones de bien común. Aún estamos a tiempo para reflexionar y cambiar, no tenemos que esperar escuchar “que se vayan todos”, como ha ocurrido en países vecinos en el pasado o recientemente en otros más lejanos, para enmendar rumbos y realizar los cambios que hemos venido postergando: educación pública de calidad para todos, salud con trato digno y oportuna, el término de la discriminación y la violencia contra las mujeres, adecuada atención y protección para nuestra tercera edad, puestos de trabajo en condiciones de seguridad y justamente remunerados. Más justicia social, menos discriminación; menos incertidumbre, más seguridad social.

miércoles, 18 de mayo de 2011

Las urgencias de hoy

Cada cierto tiempo el debate educativo recobra fuerza, este parece ser uno de aquellos. Sin embargo, llama la atención la permanente carencia de voluntad para abordar los temas fundamentales que aquejan al sector y son en su mayoría de las veces, las causantes de los males principales y que a su vez, impiden mejorar la calidad de la educación de la gran mayoría de estudiantes del país.

El primero, es la inexplicable postergación de la educación pública: aunque el fracaso de la municipalización en general y su crisis son ya evidentes, a pesar de ciertas experiencias exitosas, existe un rechazo generalizado a la gestión educativa en manos de los municipios del país, a lo menos en la forma como se ha llevado hasta el momento. Se han realizado propuestas de modificación del sistema de administración hasta de reemplazo del mismo, sin embargo, una y otra vez no se aborda con la debida profundidad ni determinación para realizar cambios de fondo y no medidas superficiales como ha venido ocurriendo.

El segundo caso, es el de los profesores: es sabido que el estatus de la docencia en Chile es bajo para competir con las demás profesiones, pero no ha habido un abordaje integral para hacer atractiva la carrera docente; más aún, la desregulada explosión de la matrícula de las carreras de pedagogía en la última década se ha hecho sin respetar criterios mínimos de calidad, lo que no augura un buen futuro. Esta realidad empantana todo esfuerzo por mejorar la enseñanza con los actuales docentes que perdurarán por décadas en el sistema educacional con una formación carente de la solidez disciplinaria y pedagógica que han recibido en programas de formación deficitarios. La muestra más evidente no son solo los resultados en los aprendizajes de sus alumnos, sino que está en los resultados de la evaluación de desempeño a la que anualmente son sometidos.

Y el tercero, es el de las escuelas privadas subvencionadas: el desarrollo de este sector no ha seguido ningún criterio estratégico para el mejoramiento del sistema, sino que ha respondido a los intereses de los sostenedores privados, derivando en situaciones de sobreoferta, aumentando la segregación de los alumnos y afectando negativamente a los establecimientos municipales. En efecto, ellos operan en un cuasi mercado con mínimas reglas que les otorgan una posición ventajosa frente a los establecimientos municipales, desde la selección de las familias y sus hijos, la flexibilidad laboral, el acceso a recursos financieros y la escaza fiscalización pública sobre los recursos que reciben, constituyen para ellos una situación de privilegio que ha devenido en desmedro para la educación pública, para los docentes y para la calidad de la educación de nuestros estudiantes.

Los países desarrollados, aquellos exitosos, con los cuales nos gusta compararnos, tienen normas exigentes, estándares elevados, para la gestión de las escuelas, para la formación docente y para la instalación de nuevos establecimientos, sean estos públicos o privados. Ya es tiempo de tomar decisiones sobre estos temas relevantes para el futuro de nuestra educación y del país, mantener su discusión en la prensa y en los discursos de campaña para luego no hacer nada, no le hace bien a nuestro porvenir.

Las oportunidades de esta crisis