El Estado nunca pretendió descentralizar el sistema educacional chileno, conservó para si las principales tareas normativas, de financiamiento y evaluación, manteniendo así intactas las decisiones fundamentales de la política educativa, e incluso, en algunos casos, estas fueron reforzadas con nuevos instrumentos de gestión y programas educativos, a favor del nivel central. Esto ha planteado los últimos años la enorme dificultad de terminar la inconclusa descentralización educativa, a propósito de la búsqueda de soluciones que cada municipio ha incursionado con mayor o menor determinación para fortalecer su propia autonomía de gobierno local.La desconcentración desintegró el sistema de administración nacional, lo cual puede estar en concordancia con los principios de gestión modernos y efectivos, pero de paso también desarticuló un sistema que si bien funcionaba mal, otorgaba un ingrediente fundamental a todo sistema educativo eficiente, cual es, la integración. Esta no es propiedad de los sistemas únicos, es característica de los sistemas eficientes, de los que logran los resultados que se proponen, especialmente en materia de aprendizaje de sus estudiantes. Nuestra descentralización no tuvo como objetivo la construcción de un modelo de gestión educativa distinto, más bien el nivel central –llámese Ministerio de Educación-, continuó y ha reforzado sus prerrogativas para mantener el control de lo que se enseña y cómo se enseña en las escuelas de todo el país. Posee un sistema basado en la desconfianza, en la vigilancia que se inicia con la autorización y aprobación de escuelas y programas, de personal que no le pertenece y de textos únicos, hasta el control diario de quienes asisten a trabajar y estudiar, saltándose todas las instituciones intermedias de la comunidad en su derecho de configurar y procesar sus propias demandas. Pero el gran error no está en aquello -el afán de saber todo lo que ocurre en las aulas-, sino en que en nuestro país dos niños del mismo grado escolar, que viven en un mismo barrio al ir a escuelas que indistintamente pueden pagar sus padres, se desconocen y se desconocerán siempre. Habrán pasado una vida juntos sin convivir.
La enorme dificultad para terminar por completo la inconclusa descentralización del modelo chileno, no radica tanto en la incapacidad de las comunas para gestionar la educación de sus escuelas, sino en la inexistencia de un verdadero gobierno local que articule el sistema escolar de su territorio y le otorgue sentido más allá de la escuela como unidad de gestión escolar. En otras palabras, a la comuna chilena le está vedado incursionar en la política educativa. El gobierno comunal carece de las atribuciones para generar competencias profesionales, para elaborar estrategias educativas que promuevan la integración, la articulación y la colaboración entre las escuelas y entre los actores locales. Es necesario dar este paso para otorgar el sentido que nuestra educación reclama más allá de los requerimientos del mercado laboral, el buen gobierno local exige plantearse el propósito de la calidad y de la equidad educativa más allá de la satisfacción de la cobertura, único propósito logrado.
Tenemos que construir un nuevo andamiaje institucional que otorgue sustento a una estructura educativa distinta, centrada en la comuna o agrupaciones de éstas, que propicie no sólo una administración distinta de los recursos, sino que vacié de contenido la visión centralista de la administración pública y devuelva a la comunidad, cuando menos no como instancias autónomas, depositarias originarias de diversas facultades, entre ellas la educativa.Los problemas de hoy derivan de la homologación de las condiciones laborales para unos y de la libertad de contratación para otros, de los obstáculos para la integración de los niveles de administración (locales y provinciales, municipales y privados), de la falta de recursos financieros, y de intereses políticos y económicos que permean el no sistema existente. La descentralización efectiva provocaría mejores condiciones para la innovación educativa y la descentralización pedagógica hoy inexistente. A los temores de la fragmentación, se enfrenta la atomización socialmente discriminadora y segregadora en nuestro país. De lo que se trata, es de aprovechar la diversidad y riqueza de experiencias que la descentralización trae consigo para mejorar el desempeño de la gestión educativa, no sólo de asegurar un lugar en la escuela para nuestros niños y jóvenes, sino que terminar sus estudios habiendo aprendido lo que la sociedad requiere de sus ciudadanos.
La precariedad institucional de la inmensa mayoría de nuestros municipios para gestionar adecuadamente la educación, tiene a su principal aliado en la administración central, que niega atribuciones reales, que ahoga las iniciativas e impide la integración local. Una nueva época para la educación chilena se está abriendo paso a fuerza de determinación de hacer gobiernos locales efectivos, pero también nos está señalando, que algo del nivel central está sobrando, que no tiene cabida en esta nueva fase de la tan mencionada y largamente esperada modernización del sector público, en este caso, del Ministerio de Educación.
