Sabemos cómo el gobierno y la oposición pretenden resolver los problemas de nuestro sistema educacional. Esto nos dicen tanto con el proyecto de LGE, cuya idea de legislar se ha aprobado con el rechazo de la oposición, y con la propuesta presentada por la derecha recientemente, la que pretendían imponer como alternativa al proyecto del gobierno.Más allá de lo anterior, que no quedará sino en lo anecdótico de esta discusión, a lo que debemos abocarnos es a mejorar la propuesta que ha iniciado su trámite legislativo de tal manera que permita al país tener un sistema educacional moderno, eficiente y que logre resultados socialmente satisfactorios, tanto para los aspectos formativos como académicos de nuestros estudiantes. La trascendencia de estas decisiones importa seriedad en las argumentaciones y no caricaturizar las del adversario pretendiendo con ello una legitimidad o autoridad que no contribuye ni está a la altura de los desafíos que tenemos. Lo anterior no implica que sólo el debate experto sea el relevante; más aún, una reforma educacional es ante todo una reforma política de implicancias insospechadas para la formación ciudadana, técnica, profesional y científica cuando se carece de claridad en los sustentos. Por lo tanto, este no es el espacio para fabricarse satisfacciones personales o pretender imponer o consolidar una visión no mayoritaria del modelo educativo que queremos para nuestras escuelas, especialmente para las escuelas públicas.
Patricia Matte, “la ideóloga de la propuesta de la oposición” ha desmentido a la Ministra de Educación al señalar que “En la pura forma, a lo mejor es un 50% similar; pero el fondo es absolutamente diferente” (19/07), respecto de los grados de coincidencia que la segunda señalaba tendrían las propuestas del gobierno y de la oposición sobre las reformas que se pretenden a la LOCE. Esto es efectivo, existe un fondo de discrepancia mayor entre lo que pretende la derecha hacer en educación y lo que ha señalado el gobierno en su proyecto de ley. Si bien esta última puede y debe mejorarse en los aspectos instrumentales, como la integración en un cuerpo legal de los temas relevantes del marco regulador como la superintendencia, el valor diferenciado y modalidad de cálculo de la subvención escolar y la institucionalidad de un sistema de aseguramiento de la calidad, existen aspectos que dan cuenta de la profundidad de estas discrepancias.
En primer lugar nos resulta llamativo que la derecha no se pronuncie sobre los profesores y el Estatuto Docente, a los cuales ha demonizado los últimos años al señalarlos como los causantes de todos los males de la educación municipal; el gobierno tampoco lo hace, pero los primeros tenían la oportunidad de ofrecer algo mejor a nuestros docentes. La derecha no tiene alternativa para los profesores o hace cálculos que desconocemos y que debieran explicitarse en el debate. Hemos dicho que el Estatuto Docente es injusto, contiene restricciones y mayores obligaciones para los municipios, quienes además deben tomar decisiones incluyendo criterios sociales y políticos que incrementan los costos y disminuyen los beneficios; lo contrario hacen los privados. Alienta la permanencia y desincentiva la renovación docente en los municipios; lo contrario provoca en los privados.
Pretender mejorar la educación que se imparte en las escuelas municipales sin introducir modificaciones estructurales, es no conocer las limitaciones objetivas a la gestión que en estas se tienen. La propuesta de la derecha al minimizar el rol del Estado descuida todas las escuelas rurales y de aquellos sectores en los cuales no es conveniente la instalación de la oferta privada. En estos sectores no rentables los padres por más información que tengan difícilmente podrán “comprar” otro servicio educativo que el de la escuela de siempre, lo mismo ocurre para las familias de los sectores marginales para los cuales el costo de traslado a la escuela que le gustaría para sus hijos, hace imposible la movilidad. Esperamos que nuestros congresistas puedan incorporar correcciones que renueven la ambición de nuestros docentes para enseñar con pasión, colocando incentivos más que castigos, relevando el deber profesional por sobre un falso derecho de acceder a un mal llamado perfeccionamiento que difícilmente podrá superar las falencias de la formación inicial o responder a las necesidades generadas en la comunidad escolar en la cual se desempeñan.
En segundo lugar, creo que hay que abordar con decisión el término de las prácticas discriminatorias y de selección en el conjunto del sistema subvencionado, especialmente privado, es un complemento ineludible, especialmente la de carácter socioeconómico, que es la que profundiza la segmentación social de las escuelas y de sus resultados escolares. Si no se mantiene la determinación de eliminar la selección abierta y encubierta, a lo menos en toda la enseñanza básica, las “buenas escuelas” generarán practicas sofisticadas de selección de buenos alumnos y excluirán a aquellos de más bajo desempeño real o potencial y podríamos terminar premiando a las escuelas que han sido hábiles en excluir a los niños con mayores desventajas y castigando a las que han trabajado en los contextos social y educativamente más difíciles. Aquí quiero reiterar la pregunta que hiciera nuestra Presidenta el 21 de mayo en el Congreso Nacional: "¿es propio de una ética integradora que con recursos públicos se excluya a parte de nuestros niños, especialmente a los más vulnerables?”.
Tenemos que colocar incentivos poderosos para construir una sociedad más integrada y de ambas propuestas, la del gobierno se acerca más a estos planteamientos. Expertos como la OCDE han señalado esta falencia en nuestro sistema y pareciera que estamos comportándonos como en el dicho de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los municipios sufren un acoso permanente por efectos de la libertad de localización de la cual gozan los operadores privados en las zonas en las cuales no existe déficit de cobertura. La derecha ha ofrecido a los sostenedores privados la posibilidad de otorgar legitimidad democrática a un ámbito de negocios socialmente discutido y con la perspectiva de ampliarlo a costa de que los establecimientos municipales que no tengan resultados satisfactorios deban ser licitados, ¿a quienes?, a los privados, que seguirán gozando de la posibilidad de seleccionar socioculturalmente a las familias de sus alumnos, consagrando la segmentación social de nuestras escuelas y ciudades.
Se está sobre dimensionando la necesidad de tener escuelas más eficientes, por sobre el imperativo ético de tener un sistema educacional más equitativo. Hay que tomar medidas más audaces que modifiquen sustancialmente el modelo de reproducción social que se está creando a partir de la calidad de las escuelas que tenemos, porque lo que se avizora es la misma estratificación en la educación superior, como una cadena natural, como un pasadizo predeterminado que impide la integración y la cohesión social. http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2007_08_13_1/home/home.html
