Los silencios del acuerdo

Los acuerdos recién alcanzados para seguir reformado nuestro sistema educacional no son ni tan insignificantes como para calificarlos de cambios cosméticos, ni tan significativos como para emocionarse y cantar la Canción Nacional tomados de la mano. Pero sí ha tendido un manto de dudas sobre el impacto que tendrá en el corto plazo. Los escépticos de siempre, dicen que ninguna; los demasiado entusiastas, que será una verdadera revolución la que veremos en los próximos años. Me encuentro entre los que creen que los cambios propuestos son insuficientes para resolver los problemas que tenemos en educación.

Si bien constituye un hecho político significativo que se hayan concordado modificaciones al sistema educativo con el propósito de mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes, estos carecen de la profundidad suficiente como para ser calificados como una nueva reforma educacional. Si de verdad se hubiese pretendido aquello, que nuestro sistema educacional afecte las posibilidades de que lo que hoy aprenden nuestros estudiantes, mañana sea significativamente mejor, se habrían encarado algunos de los temas más sentidos por los chilenos y chilenas y no se hubiese escabullido nuevamente su enfrentamiento con innumerables argucias verbales y mediáticas.

Primero, nada se propone para modificar y establecer mejores estándares en la formación de profesores por parte nuestras instituciones de educación superior. Se sigue diciendo que las instituciones formadoras ahora tienen la palabra, pero la verdad, es que éstas siguen colándose por las rendijas de la autonomía para hacer lo que sólo les conviene y no lo que necesita el país. Sin seriedad en lo anterior, difícilmente mejoraremos la calidad de nuestras escuelas y los aprendizajes de nuestros estudiantes en el corto plazo. En todos los países exitosos la formación docente es cuidadosa y exigente tanto en la selección como en el egreso, los docentes gozan de prestigio, de respeto y autonomía profesional, porque la calidad de su trabajo está fuera de dudas, lo suficiente como para hacer innecesaria la evaluación de sus desempeños, en algunos casos, y en el mejor de los otros, establecen programas de compromisos de logro con sus alumnos en el marco del trabajo colectivo, que constituye la esencia del esfuerzo pedagógico. Se sigue manteniendo un sistema de perfeccionamiento centralizado ajeno a las necesidades de las escuelas, dirigido a satisfacer las demandas de los académicos universitarios, lo cuales son los mismos que hacen clases a los estudiantes de pedagogías en el país. Se mantiene un círculo vicioso que se fortalece a sí mismo y mantiene la distancia con las escuelas y los docentes.

Mientras sigamos diciendo que los profesores son lo más importante y no hagamos nada en consecuencia, todo lo que acordemos será letra muerta antes de llegar a las puertas de la escuela, porque no confiamos en ellos y legislamos, implementamos medidas administrativas, estrategias pedagógicas, desde el supuesto de que nuestras escuelas ni son capaces ni nuestros docentes saben lo que tienen que hacer. En este mismo ámbito, la existencia de una legislación laboral docente injusta, que perjudica a los docentes privados, que perjudica a los buenos docentes municipales, que no permite la elección de los más capaces para dirigir las escuelas, que no premia los esfuerzos ni avances que se obtienen, sino que pretende seguir reconociendo las acreditaciones encubiertas como méritos de capacidad confirmadas en los papeles que fácilmente se pueden obtener y mostrar, nada habremos avanzado en este tema.

Segundo, seguimos en la ambigüedad de la administración del sistema escolar. Existen municipios que directamente –a través de una dirección o departamento-, pagan remuneraciones de los docentes y otros profesionales y técnicos, hacen mejoras y mantención de la infraestructura escolar a medias, pagan las cuentas de luz, teléfono y ahora internet, cuando pueden. Otros han entregado sus establecimientos a Corporaciones de derecho privado, que las administran en su nombre y que gozan de mayor autonomía y flexibilidad administrativa, pero lo que es general, es que son muy pocos los municipios del país que tienen capacidad de gestión en los términos de las exigencias actuales de una institución escolar. Nada o casi nada puede hacer en materia de gestión pedagógica porque el ministerio se sigue reservando dicha autoridad. Ninguna persona o institución puede dar lo mejor de sí, si tiene dos jefes, los sistemas exitosos tienen un solo mando. Esto que es evidente en la experiencia internacional pareciera no ser leído por los técnicos ni visto en las innumerables giras de expertos que se han realizado. Es impostergable una restructuración del sistema de administración municipal, en el marco de una administración pública eficiente, transparente, responsable y descentralizada. Lo mismo se exige para el Ministerio de Educación, sin embargo éste sigue empeñado en contratar más y en otorgar más inamovilidad a sus funcionarios. Pero, nada se acuerda sobre estos temas.

Un tercer ámbito no abordado es el mecanismo de financiamiento del sistema escolar. Aquí tenemos que intervenir las fuentes expresadas tanto en el mecanismo de “voucher”, que nadie parece querer cambiar, como la modalidad de financiamiento compartido. Los montos por alumno son claramente insuficientes como para pretender mejorar las remuneraciones docentes, aplicar incentivos al buen desempeño y programas de capacitación a quienes necesitan apoyos; tener una infraestructura adecuada y mejorar el equipamiento didáctico; otorgar los apoyos técnicos que requieren nuestros estudiantes y docentes o pretender realizar innovaciones que involucren más tiempo escolar. Otra cosa es la modalidad de pago variable y el valor diferenciado por modalidad y nivel de lo que nadie da razones. Aun considerando los aumentos en trámite legislativo, ésta seguirá estando cinco veces y más debajo de lo que reciben los colegios privados. Respecto del aporte financiero de los padres a las escuelas en que estudian sus hijos, sistema conocido como de financiamiento compartido, constituye esto un torpedo a la equidad y a la esencia de una sociedad democrática al promover el egoísmo social de la manera como está implementado hoy. Si los padres pueden y quieren hacer aportes adicionales a las escuelas, estos debieran realizarse a un fondo de carácter territorial con claros mecanismos redistributivos que fortalezcan la solidaridad y la cooperación entre las escuelas de dicho territorio. Mantener el sistema tal cual está es continuar con la profundización de la segmentación del sistema escolar, la segregación socioterritorial y la consecuente exclusión social de los no favorecidos.

La cohesión social es un bien necesario por múltiples razones, la principal, porque mayores niveles dan cuenta de que vivimos mejor. En esta materia, creo que nada se avanzará si no hay cambios en el sistema de financiamiento de la educación. Generalmente las familias en este tema sufren los acosos de los cobros, del dicom, de las cancelaciones de matrículas, de las deudas que se acumulan, pero no alcanzan a percibir el impacto enorme que éste tiene en la configuración de la sociedad excluyente que estamos construyendo. Constituye un engaño pretender que nuestros hijos vivirán en un país mejor porque somos capaces de pagarles un colegio distinto; no es sólo su futuro el que debiera importarnos, sino la sociedad en la que vivirán; y si seguimos como ahora, las ciudades de nuestros hijos y nietos serán más estratificadas, con barrios homogéneos y excluyentes, una comunidad de sospechosos y egoístas. Las discriminaciones de hoy engendran los conflictos sociales de mañana. Mucha de la delincuencia y de la inseguridad en nuestros barrios se origina principalmente en la exclusión social que profundiza la escuela de mala calidad.

La equidad social se construye con una “parrilla” de medidas que se fortalecen mutuamente, y educación no está aportando como debiera y menos como quisiéramos.

(Publicado Diario La Nación, lunes 03 de diciembre, pág. 13)